¿Se puede hacer algo antes del instante en que un terrorista comete un atentado? Muchos creemos que sí, o que al menos se puede intentar.
El Gobierno responde con silencio informativo, que en esta época equivale a actividad cero. En consecuencia: policía como instrumento casi único contra el terrorismo yihadista, armas largas a la puerta de El Corte Inglés y nota de prensa.
Dos premisas: enorme volumen de información, a menudo ilocalizable, y derecho del ciudadano a conocer lo que hace su Gobierno.
Las Administraciones se han lanzado a poner en marcha portales de transparencia y ofrecer nuevos canales donde ofrecer información. Tras un farragoso y lento proceso de identificación, en el que se tiene que facilitar incluso una cuenta corriente, la Administración central se da a sí misma un mes de plazo para contestar a la solicitud de información de cualquier ciudadano una vez localice al departamento responsable de contestar o torear la solicitud.
En el mejor de los casos, la respuesta remite a una página web ya existente. En el peor, la Administración defrauda en sus propias expectativas.
Este columnista, en su condición de ciudadano interesado, ha preguntado utilizando el Portal de la Transparencia del Gobierno de España sobre las actuaciones desarrolladas por el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la Radicalización Violenta que el consejo de ministros aprobó el 30 de enero de 2015. Solicitud dirigida al Ministerio del Interior y al de Justicia.
El Plan partía de un planteamiento sólido: trabajo previo a la actuación policial, prevención de comportamientos violentos, trabajo a nivel local y con colectivos vulnerables.
La terminología sin embargo no auguraba nada bueno, empezando por el propio nombre rimbombante.
En lo avanzado sobre su contenido se hablaba de «tratamiento integral del fenómeno radical islámico», integral porque afectaba a una docena de ministerios, más CNI, más Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-, más sociedad civil.
«Se trata de un instrumento eficaz», se autodefinía el Plan en su nacimiento, lo que debería ser una valoración de su desarrollo, no una marca escrita de fábrica por quien lo elabora.
En una larga nota de prensa Moncloa explicaba hace 12 meses que el organismo directamente implicado sería una denominada Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, la que paga las subvenciones a las comunidades religiosas.
El punto final del proceso ha sido la vuelta al punto de partida: la política contra el terrorismo yihadista del Gobierno de Mariano Rajoy parece ser exclusivamente policial, en algún momento de enero de 2015 -al calor de los atentados contra Charlie Hebdo- elaboró un papel sobre prevención de la radicalización violenta cuyo único resultado ha sido una página web -publicitada este diciembre en plena campaña electoral- donde plantear denuncias anónimas: «Stop radicalismo», se llama, «anónimo y seguro», se apellida.
Y todo con 10 años de retraso sobre la Unión Europea o Naciones Unidas, que arrancaron en 2005 un proceso bastante más serio que el Power Point de Moncloa.
El objetivo era cómo detectar e incluso prevenir la radicalización de individuos antes de que se conviertan en terroristas. Y pedagogía hacia colectivos afectados y hacia la sociedad.
Se trataría de un trabajo muy relacionado con los servicios sociales, de lucha contra la exclusión y la discriminación, la educación, el diálogo intercultural, de apoyar recursos municipales, un trabajo en cualquier caso de largo plazo, sin venta directa en prensa como la enésima fotografía de cualquier peligroso detenido por yihadismo que en el 90% de los casos no es finalmente condenado (datos de 2014).
Decía el papel aprobado por el consejo de ministros de enero de 2015 que el Gobierno iba a hacer lo siguiente:
– Diseño inmediato del primer estudio de campo a nivel nacional para conocer la situación del fenómeno de la radicalización y el extremismo violento en España y a qué colectivos afecta.
– Constitución de grupos multisectoriales de lucha contra la radicalización violenta a nivel nacional, local y provincial (el desorden geográfico procede de Moncloa).
– Protocolo de colaboración entre el Ministerio del Interior y la FEMP.
– Programas de formación integral sobre el fenómeno de la radicalización dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Administraciones públicas, colectivos vulnerables afectados y colectivos sociales, ONG y entidades de asistencia.
El Gobierno no informa ni de estudio de campo ni trabajo municipal, ni colaboración con colectivos ni formación.
Representantes acreditados de la comunidad musulmana en España han denunciado su exclusión de cualquier asunto relacionado con este Plan, en el caso de que algo se haya hecho; así como del pacto antiyihadista también sacado a pasear este mes de diciembre.
Desde el Ministerio del Interior únicamente se remite al interesado a una página web donde figura el mencionado espacio digital para denuncias anónimas.
La respuesta del Ministerio de Justicia a este columnista ha sido que «la situación de alerta que se vive en estos momentos» justifica «limitar el acceso a dicha solicitud de información», por lo que el Gobierno únicamente facilita la dirección de la página web de Moncloa que contaba el 30 de enero que se había aprobado un Plan.
«Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid».
Descanse en paz la transparencia. Descanse en paz la esperanza de que la seguridad salga de las prioridades publicitarias del Gobierno.
Carlos Penedo