Sé que la doctrina anda dividida sobre el procesamiento de la infanta de España. Una u otra corriente de pensamiento penal se llevará el gato al agua. Pero hay algo que no tiene arreglo: la sensación de que la justicia no es igual para todos y todas.
A los comunes mortales se nos hace difícil entender la sutil diferencia entre delito y aprovechamiento ilícito. Hacienda reconoce que la Infanta se lucró de la empresa fantasma de su marido de forma continuada; sin embargo, no considera falta administrativa el asunto y, por tanto, no susceptible de persecución penal.
El Estado ha puesto sus armas, fiscal y abogada del Estado, a disposición de la exoneración de la responsabilidad de la Infanta. Ambos se han producido con más radicalidad que su propio abogado defensor. Todo indica el tránsito de la doctrina Botín a la doctrina Rajoy: esto es, la defensa radical de los poderosos, tipo Cristina se fuerte.
No parece muy ejemplar la primera sesión del juicio del caso Noos que se ha iniciado en Palma. No me cabe duda de que ilustres juristas claman desde su tumba por la aplicación de la doctrina Botín, aunque dudo de que el bueno de Azaña tenga que ver con el asunto, a pesar de ser citado en defensa de la monarquía, en alguno de los excesos verbales de los desusados defensores. Tampoco debemos ignorar que juristas igual de ilustres opinan lo contrario.
La falta de ejemplaridad nace, en primer lugar, de la forma en que la idea de “Hacienda somos todos” ha sida maltratada por la abogada del Estado. Por supuesto que la fuerza jurídica no nace de lemas publicitarios; pero es de relevancia recordarle a la abogada el cambio que representó esa frase en la cultura fiscal española: una cultura fiscal basada, precisamente, en la evasión fiscal de los poderosos.
Una falta de ejemplaridad que se redobla ante la convicción profunda de que cualquier otro ciudadano o ciudadana no hubiera tenido la menor oportunidad de disponer de la defensa de la abogacía o fiscales del Estado.
Por el contrario, la representación del Estado ha ejercido una sobreactuación propia de mejores causas que la exoneración de la antaño princesa, hoy expulsada de la línea sucesoria, sin posibilidad siquiera de que sean analizadas las pruebas con las que el juez instructor la incluyo en sumario.
Rajoy no declaró su Cristina se fuerte pero si afirmó que “es inocente y le irá bien”. El Ministerio de Justicia ha puesto todo de su parte para que así sea. Ignoro, aunque no me sorprendería, si la doctrina Botín, amparada por ilustres juristas, saldrá triunfante. Pero de algo no me cabe duda: desde ayer, la justicia es menos igual de lo que fue nunca.
Que esta desigualdad vaya vinculada a la fiscalidad la hace especialmente dolorosa. La falta de equidad del sistema fiscal ha alcanzado históricamente niveles de escándalo. Que las maniobras para evadir impuestos procedan de alguien de la casa real y lucren a una heredera es un auténtico hachazo a la cultura fiscal española.
Así pues, ni se persigue con igualdad al presunto delincuente y menos aun al presunto defraudador. Doble discriminación que formará parte, durante mucho tiempo, de la cultura social y política española. De cosas como estas se han nutrido históricamente las pulsiones republicanas de quienes no habían llegado a la conclusión de vivir un sistema de privilegios.
La princesa ya había sido castigada por la Casa Real, probablemente le corresponde una cuota de la abdicación al trono de su padre. Pero, naturalmente, no puede ser tratada como el común de los mortales, juzgada y ser declarada culpable o inocente tras la consideración de pruebas por un juez.
Ella solo se ha lucrado del delito de otro. Podría preguntarse porque a Usted no le pasaría lo mismo. La respuesta es sencilla: La Infanta no somos todos (naturalmente, esta es una afirmación publicitaria).
Libertad Martínez