Dos sombras han sobrevolado el desarrollo del juicio del caso Noos (pieza separada número 26 del caso Palma Arena), que se está llevando a cabo en la Audiencia de Palma, en vísperas de la declaración de la infanta doña Cristina, hermana pequeña del Rey, Felipe VI. Una era la vigencia del principio de igualdad ante la ley. Y otra, el grado de consentimiento de la Casa Real por el uso interesado de su marca.
La primera de esas incógnitas se despejó en los preliminares de la vista pública. Al rechazarse la llamada doctrina Botín para la infanta Cristina, acusada en el juicio por colaboración necesaria en dos delitos fiscales, el tribunal también hizo pedagogía. Vino a recordarnos que la hermana del Rey es una española más, en estricta aplicación de uno de los dogmas civiles reconocidos en el Estado de Derecho: el principio de igualdad ante la ley. Lo contrario tampoco hubiera desbordado la legalidad, interpretada de otro modo, pero habría parecido trato de favor.
Sin embargo no puede decirse que la segunda de las incógnitas haya quedado despejada. Me refiero al grado de complicidad o consentimiento pasivo que pudo haber en la Casa Real en relación a los hechos sometidos al proceso (desvío de dinero público hacia los bolsillos de Iñaki Urdangarin y su socio por trabajos de dudosa utilidad o directamente inexistentes).
La duda ya estaba bastante viva en el sentir de la opinión pública desde que el escándalo saltó a los medios de comunicación en el año 2011. Pero, a mayor abundamiento, tenemos las declaraciones ante el tribunal de uno de los principales procesados, Jaume Matas, presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares entre los años 2003 y 2007. En ese periodo de tiempo, según propia confesión, ordenó otorgar a dedo tres contratos públicos por valor de 2,6 millones de euros a las empresas de Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta Cristina.
El meollo del asunto está en la parte de la declaración donde el entonces presidente balear admite que si se contrató a Urdangarin, si se le pagaron «peajes», si se aceptaba todo lo que proponía sin reparar en gastos, fue porque al Gobierno balear le interesaba «estar a bien con él y con la familia real».
Es decir, que el carisma de la Corona se había convertido en una credencial de toma y daca. Tanto para quien lo utilizaba como clave de acceso privado a dineros públicos (caso del marido de la infanta, Iñaki Urdangarín, y su socio en el instituto Noos, Diego Torres) como quien lo utilizaba, por estar a bien con la Corona, retribuyendo generosamente y sin miramientos legales a un «conseguidor» vinculado a la Familia Real.
Así le han dejado las cosas a la infanta Cristina, que será llamada a declarar por el tribunal el viernes que viene. Al quedar exenta de la doctrina Botín, la infanta evasiva («no sé», «no me consta», «no me acuerdo»), tendrá ocasión de defender su pregonada inocencia, en nombre de la ejemplaridad y la transparencia prometidas un día por su padre, el entonces Rey Juan Carlos.
Antonio Casado