El flamante conseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales se ha quedado sin cometido los próximos cinco meses. Un auto del Tribunal Constitucional deja en suspenso la función de este cargo novedoso de la Generalitat, que ocupa Raül Romeva, el que fuera numero uno de la candidatura de Junts pel Si.
Tras estar en varias ocasiones nominado a ocupar el puesto -al que se aferraba con uñas y dientes Artur Mas- de president de la Generalitat, se vio desplazado por Carles Puigdemont; por lo que hubo de resignarse a formar parte del triunvirato que ocupa el poder en Cataluña. Y ahora, mientras Puigdemont y Oriol Junqueras se reparten la estrategia de desconexión con España, amagando un día y reculando al siguiente, el pobre Romeva, que se veía cual Varufakis vendiendo su independencia por las cancillerías europeas, se ha quedado en la cuneta.
El flamante conseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales se ha quedado sin cometido los próximos cinco meses
Ya advirtió hace unos días, ante la presentación del recurso por parte del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que pensaba seguir adelante con su cometido. Pero deberá andarse con cuidado porque de incumplir el auto del Constitucional podría ser objeto de un apercibimiento y después de medidas coercitivas.
Después de todo, la suspensión solo es por cinco meses en los que, sin duda, sus «gestiones diplomáticas» sufrirán un retraso. En este tiempo el alto Tribunal deberá emitir una sentencia o prorrogar la suspensión.
Mientras los representantes de los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados exigen a los candidatos a optar al Gobierno de España la convocatoria de un referéndum, en una confusa acción política que pasa por iniciar la independencia y pedir un referéndum al mismo tiempo, los juristas del Parlament de Cataluña cuestionan el trámite de las leyes de ruptura. En un informe, advierten que podría ser ilegal crear una ponencia para desarrollar las leyes de desconexión con el único apoyo de solo dos de los seis grupos representados en la cámara autonómica. Fue la oposición la que pidió un informe al servicio jurídico ante la pretensión de los independentistas de formar tres ponencias conjuntas para empezar a elaborar las leyes de Régimen Jurídico, Administración Tributaria y Seguridad Social.
Ahora estos juristas que, conviene insistir, forman parte del Parlament de Cataluña, dan la razón en todo a los reclamantes. No solo porque las ponencias se crean bajo el paraguas de una reforma del Estatuto que no es tal, sino porque ningunean a la oposición en su conjunto.
Una voz, la del parlamentario de «Cataluña sí que es pot», Joan Coscubiela, describió la «impotencia» del actual gobierno para llevar a cabo las leyes de desconexión que prometieron a sus votantes.
Y mientras la coalición por la independencia vive los avatares propios de querer y no poder, el cincuenta y dos por ciento de los catalanes que no votaron la secesión siguen esperando del Estado español una propuesta que les devuelva la esperan en que la convivencia juntos es posible y beneficiosa para todos.
Victoria Lafora