La semana pasada Diego Torres, socio y mano derecha de Urdangarín en el Instituto Nóos y compañero suyo en el banquillo, dijo que ellos informaban a los asesores de la Casa del Rey de todas sus actividades, lo que les daba, según afirmó textualmente, «una tranquilidad adicional». Hoy Iñaki Urdangarín ha declarado también ante el juez que «no daba un paso en su vida sin consultar a García Revenga», secretario entonces de la infanta. Y que las declaraciones de la renta de su mujer siempre las hacía Federico Rubio, a quien ha identificado como «asesor que venía por parte de la Casa del Rey».
Son declaraciones de presuntos delincuentes, es verdad. Pero son testimonios de los que se desprende, también presuntamente, que personas que trabajaban para La Zarzuela conocieron y aprobaron las actividades y las cuentas por las que la infanta Cristina y su marido están sentados en el banquillo. Puede que todo lo que han contado sea mentira, desde luego los personajes no parecen de fiar. Es posible también que García Revenga y Rubio hicieran esas cosas por su cuenta, sin informar al anterior rey, que no habría tenido conocimiento directo de nada. Incluso puede que asesoraran limpiamente a la pareja pero fueran engañados en los datos que les proporcionaban, de los que no se desprendiese nada ilícito. Pero también puede ser que lo que declaran sea verdad.
Convendría que ante dudas tan relevantes que afectan ni más ni menos a la Jefatura del Estado alguien despejase dudas desde La Zarzuela
Y por eso convendría que ante dudas tan relevantes que afectan ni más ni menos a la Jefatura del Estado alguien despejase dudas desde La Zarzuela. Porque la institución no puede permitirse que se extienda sobre ella una sombra de duda sobre el posible conocimiento y ocultación de actividades ilícitas. Ni estos presuntos delincuentes merecen que el silencio pueda considerarse aval o atenuante de sus presuntos desmanes.
Isaías Lafuente