Hubo un tiempo en que se habló de refundar el capitalismo. A la vista de los desmanes con los productos tóxicos colocados por entidades financieras ávidas de dinero rápido y bonus para sus directivos aún más rápidos y sustanciosos, parecía que había llegado el momento de actuar para frenar prácticas financieras -legales, ilegales y alegales- que estaban poniendo en peligro a nuestras sociedades. Parecía que había una voluntad de tomar cartas en el asunto y poner coto a los paraísos fiscales a cuyas costas afluían cientos de miles de millones de euros, de procedencia legal e ilegal, a la búsqueda de refugio y solaz. Parecía que por fin se iban a cegar las cañerías de la evasión y la elusión fiscales.
Sí, todo esto parecía posible en un momento de gravísimas tensiones en las haciendas públicas de medio mundo, singularmente en Europa y concretamente en su sur, que amenazaban con hacer saltar por los aires el acuerdo alcanzado en la segunda mitad del pasado siglo que dio lugar a la creación de los estados del bienestar. Incluso hubo quien por estos pagos se atrevió a proponer un paréntesis en la economía de libre mercado…
Y, sin embargo, la realidad se ha encargado de desmentir tan buenas intenciones.
En lo que atañe al territorio patrio, el Gobierno de Mariano Rajoy se decantaba por erosionar la conciencia fiscal de los españoles decretando una amnistía fiscal para todo defraudador que quisiera repatriar patrimonio a precio de saldo, al tiempo que se dedicaba a subir todos los impuestos habidos y por haber asfixiando fiscalmente al conjunto de la ciudadanía.
A nivel europeo, saltaba hace unos meses el escándalo por los acuerdos practicados por Luxemburgo con cientos de multinacionales que operan en Europa para hacerles trajes fiscales a medida, erosionando así las bases tributarias de los socios comunitarios. Prácticas, por otro lado, no circunscritas únicamente a Luxemburgo y que permiten a estas multinacionales eludir sus obligaciones tributarias por sus pingües beneficios.
Y en los últimos días nos hemos desayunado con las revelaciones de los millones de documentos de Mossack Fonseca y el consiguiente escándalo planetario al comprobar el grado de extensión de estas prácticas infames, sobre las que el Parlamento Europeo ha decidido iniciar una comisión de investigación que, junto con las conclusiones de la comisión especial sobre los acuerdos fiscales conocidos tras el caso Luxeleaks, esperemos conduzca a la persecución y erradicación de estas prácticas.
Prácticas especialmente infames cuando son dirigentes de países democráticos los que incurren en ellas, como hemos visto estos días. Está claro que a estos el patriotismo fiscal les dura lo que se tarda en ordenar una transferencia. O crear una sociedad para tributar por esta vía lo que son ingresos personales. Vaya con el patriotismo del tercero de las Azores. Patriotismo de boquilla, que no de bolsillo.
A los dirigentes de países democráticos el patriotismo fiscal les dura lo que se tarda en ordenar una transferencia.
Pero, aun con toda la gravedad de las mismas, mientras centramos nuestra atención en las revelaciones sobre José Manuel Soria, el Gobierno en funciones ha perpetrado un recorte de 2.000 millones de euros para intentar cuadrar su propio desaguisado tras haber incumplido por cuarto año el objetivo de déficit público. Una cifra no muy lejana, por cierto, al coste para las arcas públicas de la electoralista rebaja del IRPF con que Mariano Rajoy abrió su campaña para la reelección.
Visto lo visto, alguien debiera explicar por qué se empeña en prorrogar la presencia de Rajoy y sus ministros al frente del Gobierno de España. Eso sí que es elusión de responsabilidades en contra de los intereses de los ciudadanos.
José Blanco