El Consejo de Seguridad Nacional acaba de aprobar el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente al año 2015. Lo anterior se puede expresar de otra manera: el Gobierno ha difundido un informe que recopila su actuación en materia de seguridad durante el año pasado.
La primera modalidad anima a encontrar un análisis objetivo y actualizado sobre riesgos y amenazas a los que se enfrenta nuestro país, con su respuesta; el resultado se acerca más a un informe de gestión, es decir, que el analizador y el analizado coinciden, son los mismos, con domicilio postal en Moncloa. «2015 ha resultado un año muy prolijo en iniciativas cumplidas», afirma, «respuesta eficaz de los poderes públicos a los retos de seguridad», se puede leer con generosidad de adjetivos.
En el informe se encuentra información sobre terrorismo yihadista, crisis de refugiados, casi toda la actuación de las Fuerzas Armadas, aparece un sorprendente incremento de la actividad de otros servicios secretos en España escondidos bajo actividad empresarial, y luego mucho tema polizón.
De acuerdo con la Estrategia y la posterior Ley de Seguridad Nacional de septiembre de 2015, el referido informe debiera ser presentado y debatido en el Parlamento, que por los tiempos electorales que vivimos pasará para mejor ocasión, al igual que la obligada comparecencia que normalmente en el mes de diciembre el ministro de Defensa debe realizar para informar y debatir sobre operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior; ni una ni otra.
En la mini-legislatura de cuatro meses finalizada sin acuerdo de investidura el Parlamento creó una comisión mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, presidida por María Dolores de Cospedal, que no se llegó a reunir pero que será el probable escenario para presentar futuras ediciones del mencionado balance de gestión.
Sobre contenidos, el Gobierno tiene interés en destacar que la legislatura 2012-2015 ha sido la primera en democracia sin atentados terroristas en territorio nacional, sin mayor explicación ni mención al fin efectivo de ETA en octubre de 2011 -era pre-Rajoy-, que alguna relación puede tener. Con todo la ausencia de atentados no se compadece con el nivel de alerta antiterrorista casi máximo y la excitación permanente de sus responsables.
En el marco de las amenazas, se informa de que el número de detenidos acusados de vinculación con el terrorismo yihadista se ha multiplicado, 75 en 2015, el doble que un año antes.
Para calibrar el asunto habrá que esperar a la Memoria de la Fiscalía correspondiente al mismo año, ya que la de 2014 mostró que el 90% de los detenidos no acaban condenados y que en términos de condena final por los jueces, hace dos años el terrorismo independentista gallego era un problema mayor en nuestro país que el terrorismo radical de ropaje islámico.
«Una evaluación general de lo acontecido en el año 2015 nos indica cierta asimetría entre los distintos ámbitos de la Seguridad Nacional», se nos cuenta. La traducción es que el informe habla de seguridad, del «recrudecimiento del fenómeno de la radicalización y el terrorismo internacional y la crisis humanitaria y de refugiados que está azotando a toda Europa» y luego marcha alegremente por otros ámbitos de la gestión política que los redactores reconocen que no pesan lo mismo.
Sobre refugiados, se menciona «la elaboración del Protocolo integral de acogida e integración
de los solicitantes de protección nacional», y otro «Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para 2015», sin resultados conocidos.
«Los datos de recuperación económica, resultantes del esfuerzo colectivo efectuado por las Administraciones Públicas, el sector privado, y la sociedad civil en su conjunto, resultan muy positivos. En el terreno del optimismo se sitúa asimismo la seguridad energética. Las iniciativas de interconexión ya comenzadas son un primer paso muy importante en la consecución de una aspiración de suma relevancia estratégica para España: la unión energética europea».
Si se incluye la coyuntura económica en un concepto amplio de seguridad -se presume de crecimiento del PIB, reducción del déficit, lucha contra la corrupción y el blanqueo, del rescate a la banca- no estaría mal introducir en futuras ediciones información sobre seguridad laboral, precariedad del mercado de trabajo, dependencia, servicios sociales y gasto en I+D, cooperación al desarrollo, violencia machista y muchos otros.
Al margen de yihadismo y refugiados, otros contenidos al menos sorprendentes en un informe sobre seguridad es el avance de los trámites electrónicos con la Administración («España es un país moderno») y los cambios legislativos son todos excelentes (reforma del Código Penal y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
Un acierto del informe es incluir la corrupción en el capítulo sobre el crimen organizado, 2.400 detenidos en un año, donde aparece como principal versión el fraude a la Seguridad Social con el 16% de esa actividad delictiva; la respuesta es menos ambiciosa, aquella Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que se montó para la foto en prensa de la que nada se dice sobre su funcionamiento.
Aparte de la oportunidad electoral y la integración de contenidos muy discutibles, el informe puede recibir dos enmiendas de cierta importancia: una de ellas, lo realizado en prevención; la segunda, que la seguridad nacional sólo parece existir sobre el papel, que hoy es un agregado de lo que hace Interior, luego Defensa y se invita al resto a aportar lo que quiera.
En enero de 2015 el Gobierno aprobó un llamado Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, «un instrumento que previene y evita el surgimiento y desarrollo de procesos de radicalización violenta y extrema y su posible evolución hacia el terrorismo». Tan pomposo nombre y explicación se ha traducido en una página web para denuncias anónimas y algún tuit en árabe traído de EEUU; algo se hace en las cárceles que no se cuenta.
Sobre localización de los riesgos y amenazas, «los principales focos actuales de inestabilidad en las zonas vitales para la Seguridad Nacional, el Sahel, el norte de África, el Cuerno de África (sin ningún caso de piratería en todo el año) y el Golfo de Guinea, son motivo de especial seguimiento», se nos dice, y se recuerda el protagonismo español en actuaciones OTAN, que tenemos 300 militares en Irak y no se menciona la voluntad de ampliar ese contingente.
El interés nacional por el Golfo de Guinea y el accidente del pesquero ruso Oleg Naydenov en aguas de Canarias, con un considerable vertido de combustible, son dos temas de interés para un periodista en activo, para investigar lo que no se encuentra en este informe.
Hay que reconocerle al Gobierno Rajoy que ha aprovechado estos meses en funciones para cerrar diferentes balances de gestión (acaba de difundir otro sobre Marca España), con una utilidad electoral bastante directa. Y también que innova en cuanto a este tipo de informes, que superan la tradicional Memoria de ministerios, salta por encima de la moda de hacer un Informe de Responsabilidad Corporativa, tendencia que acabó con la crisis, y presenta un informe propio con la apariencia de que te lo hace alguien externo.
El telediario del mediodía de La 1 de TVE del domingo 29 de mayo destinó sus primeros 20 minutos a glosar la victoria del Real Madrid en la final de la Champions League. La siguiente noticia de ese día para el editor del informativo público fue el 25 aniversario del atentado de ETA contra la casa-cuartel de Vic. Y después ya llegó lo que había ocurrido en España y en el mundo.
Marca España y Seguridad Nacional arrancaron el telediario, dirán en Moncloa forzando algo el argumento.
Siempre innovando.
Carlos Penedo