Pablo Iglesias ha apoyado la ofensiva que Podemos ha impulsado contra los presidentes socialistas, a los que amenazó abiertamente con retirarles el apoyo en Valencia, Baleares y Aragón. Iglesias ha afirmado que “tomarán nota” si la posición socialista se orienta en dirección contraria a sus intereses.
Suena a amenaza, naturalmente. Pero, naturalmente, así es la política de la ira y la venganza. Pablo Iglesias y los suyos, acompañados por responsables en Zaragoza o Valencia, solo contemplan los gobiernos territoriales o locales como una pieza de su estrategia más que como gobiernos orientados a necesidades sociales.
Iglesias, los suyos y los acompañantes en Zaragoza o Valencia no dudaron, en Marzo, en negarle a Pedro Sánchez el gobierno del cambio. Ahora, cinismo sobre traición a la izquierda, claman a favor de aquel a quien en Marzo hundieron.
De paso, convierten a las ciudadanías de las ciudades más relevantes y las Comunidades Autónomas gobernadas por socialistas en rehenes de su estrategia política. Un “sorpasiño” bien vale acabar con dos o tres gobiernos, como han intentado en Asturias, que no se pliega a presiones.
“Tomarán nota”, dice Iglesias, mientras algunos alcaldes y alcaldesas se desmarcan de una maniobra que, además de no responder a norma democrática alguna, cosa a la que ya nos vamos acostumbrando, supone una ignorancia supina de las necesidades de la gente, de políticas de proximidad y de respeto a la autonomía de las instituciones.
No se conocen en la historia de la democracia española mociones de censura territoriales o locales con origen en alianzas de gobierno estatales; hasta se cuentan con los dedos de una mano los cambios de gobierno local derivados de pequeñas venganzas municipales.
La política española había mantenido cierto respeto a los espacios institucionales, a que las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos respondieran a las relaciones políticas decididas por las urnas.
Sin embargo, el mercadeo institucional se incorpora a la política española de la mano de la muy transparente y popular nueva política. Así, según la doctrina de Pablo Iglesias o Echenique, aragoneses o aragonesas no votan por su gobierno sino por que Iglesias saque rédito a su maniobrerismo electoralero.
Tampoco es que Iglesias sea muy respetuoso con los votantes propios en Barcelona o Madrid, por ejemplo: no le importaría poner en riesgo esos gobiernos a cambio de la esperanza de pisar moqueta, aprovechando cual buitre, las heridas del Partido Socialista.
Que los Ayuntamientos gobernados por candidaturas participadas de Podemos aunque cada vez más lejanos a su forma de hacer política, como los de Madrid o Barcelona, emitan un mensaje distinto y se nieguen a la estrategia de Iglesias nos habla de ese distanciamiento pero también de cierto respeto al voto de ciudadanos y ciudadanas.
No podrán evitar, eso si, ser dañados por la imagen de peones o por las fracturas que inevitablemente se derivan de esas amenazas.
Seguro que Iglesias y los suyos “toman nota” y que no cesarán las amenazas a las direcciones territoriales socialistas. Naturalmente lo que eran presiones del IBEX o de los medios será progresista presión hoy.
La mera sugerencia de mociones de censura, a las que se quiere arrastrar a otras fuerzas políticas, devalúa la forma de hacer política, la transparencia y el valor de alianzas y los acuerdos políticos, además de abrir fosos en las posibilidades de entendimiento que pudieran ser necesarias en el futuro.
En el contexto en el que vive España, con evidentes síntomas de agotamiento económico y político, promover crisis institucionales en todo el mapa es una irresponsabilidad; ya sabemos como se las gasta Iglesias y lo que importa la gobernabilidad local, autonómica o los problemas de la gente: importa como pasarela a su entronamiento.
Libertad Martínez