El pasado domingo, el Comité Federal del Partido Socialista, su máximo órgano entre congresos de acuerdo a las normas que rigen nuestro partido y que nos hemos dado a nosotros mismos, tomó la decisión de evitar la convocatoria de unas terceras elecciones y de desbloquear una situación que ha tenido a España con un gobierno en funciones durante más de 300 días.
Debo decir que el debate del Comité Federal, intenso, apasionado, respetuoso, brilló por la altura de las intervenciones realizadas, por la densidad de los análisis allí compartidos. El momento lo exigía, porque España no vive cualquier momento.
Tras las elecciones del 26 de junio, el Partido Socialista sumó una nueva derrota que le supuso empeorar el hasta entonces peor resultado cosechado en democracia, el obtenido seis meses antes. Pero a diferencia del 20 de diciembre, el Partido Popular no le acompañó en tal deriva, sino que se vio reforzado como primera fuerza, siendo el único partido que logró mejorar sus resultados.
Tal desenlace se produjo además en un contexto muy concreto: tras haber fracasado en el intento de impulsar un gobierno alternativo debido al veto de Pablo Iglesias y Podemos, que prefirieron actuar como salvadores de Rajoy y forzar nuevas elecciones para intentar sobrepasar al PSOE, antes que facilitar un Gobierno de cambio capaz de dar un nuevo rumbo al país.
En ese contexto, el Comité Federal del PSOE no afrontó un debate sobre el resultado electoral y sobre las causas de la pérdida continuada de apoyo electoral, ni tan siquiera sobre un proceso de investidura en que el Partido Socialista venía de haber tenido el protagonismo absoluto durante un período de dos meses y que no sirvió para detener la caída y recuperar la confianza de los ciudadanos tras haber cerrado un acuerdo de gobierno con una fuerza de centroderecha como Ciudadanos.
No, la reflexión del Comité Federal se orientó hacia cómo afrontar el proceso de investidura del ganador de las elecciones. Reflexión en la que se partía de dos premisas: por un lado, la opinión unánime de que había que evitar que un nuevo bloqueo derivase en unas terceras elecciones dado que los ciudadanos ya habían hablado dos veces y nadie tenía derecho a consultarles por tercera vez; por otro, el sentir inmensamente mayoritario de que el Partido Socialista debía ejercer como líder de la oposición, que era donde nos había colocado la ciudadanía.
Desde luego, tras los resultados del 26-J era una creencia compartida que la primera fuerza sería capaz de articular una mayoría parlamentaria para sacar adelante la investidura. Es más, algunos compañeros como Guillermo Fernández Vara o Miquel Iceta, expresamente el primero, insinuándolo el segundo, manifestaron que si Mariano Rajoy reunía un alto número de apoyos (170 síes) el Partido Socialista debería reflexionar sobre su posición ante tal coyuntura.
Y así fue, el Partido Popular alcanzó un acuerdo de investidura con Ciudadanos. Un acuerdo que tenía dos virtualidades: en primer lugar, otorgaba a Rajoy 170 apoyos para su investidura, a seis de la mayoría absoluta; en segundo lugar, desbarataba cualquier posibilidad de construir una mayoría alternativa, no solo por el antagonismo que habían mostrado en el anterior proceso de investidura Podemos y Ciudadanos, sino porque excluía, por ilógica, cualquier posibilidad de que Ciudadanos pudiera firmar un nuevo acuerdo de investidura con otro partido distinto tras haberlo cerrado con el Partido Popular.
«El Partido Socialista debe constituirse en alternativa, no para ser los primeros en la izquierda, sino en el país»
Sí, el escenario descrito por Guillermo Fernández Vara e insinuado por Miquel Iceta se había materializado. Lo que no llegó a materializarse, sin embargo, fue la reflexión sobre la actitud que debía adoptar el PSOE ante el mismo. La discusión se orilló una vez más ante la celebración de las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, elecciones que vinieron a agravar la situación vivida por el PSOE, que volvió a retroceder, singularmente en Galicia, donde además el PP vio reforzados sus apoyos en algunos casos con votantes procedentes del propio PSOE que no querían que se replicara en Galicia una situación de inestabilidad política como la atravesada por España, tal y como empieza a desprenderse de algunos estudios postelectorales.
Lo sorprendente en esa situación fue que en vez de proponerse un debate de fondo en el Comité Federal, se optara por lanzar una discusión orgánica sobre la convocatoria de primarias y de un congreso, algo que ni convenía al país ni convenía al Partido Socialista y que el propio partido había descartado tras las elecciones del 20-D. El resultado es conocido: el Comité Federal no aceptó tal propuesta y el secretario general presentó su dimisión, por lo que el Partido Socialista procedió a abordar en tres semanas el debate que no había tenido en los tres meses anteriores.
Este domingo, el Comité Federal ha refrendado mayoritariamente la decisión de abstenerse en la segunda votación de investidura. Como he dicho, lo comparto.
En primer lugar, creo que el Partido Socialista debe abstenerse por convicción democrática: no se puede transferir a la ciudadanía continuamente la responsabilidad que atañe a sus representantes, especialmente cuando la ciudadanía ha votado no una sino dos veces y en ambas ha colocado al Partido Socialista en la oposición, cada una de ellas con menos escaños.
En segundo lugar, creo que debe abstenerse porque España necesita afrontar de una vez y en serio problemas urgentes, que no admiten dilación, como el agotamiento de la hucha de las pensiones, el desafío independentista en Cataluña, el riesgo de pérdida de fondos europeos, el crecimiento de la pobreza, la precarización del empleo o los desafíos de los sistemas públicos de sanidad y educación.
En tercer lugar, creo que debe abstenerse porque con el actual reparto de fuerzas, con un gobierno en minoría, con un Congreso constituido en auténtico gobierno parlamentario, el Partido Socialista será determinante en la oposición, algo que no está garantizado en unas nuevas elecciones cuando todas las encuestas dicen que el PP aumentaría su poder y podría gobernar libre de ataduras parlamentarias. No, no se puede jugar a la ruleta rusa con el bienestar de los ciudadanos.
Es desde ahí, desde el liderazgo de la oposición, de una oposición firme y constructiva, desde donde el Partido Socialista debe constituirse en alternativa, no para ser los primeros en la izquierda, sino en el país.
Y siendo esta la realidad que enfrentamos no hay lugar desde luego para el conflicto ético cuando ha habido un diálogo franco y una votación democrática y cuando en la decisión adoptada se ha primado el interés ciudadano sobre cualquier interés de parte.
José Blanco