El Alcalde de Coslada ha privado de sus derechos políticos a los concejales de IUCM-Los Verdes. Que el origen sea una denuncia por una mala práctica local, que se haya amparado en un informe no vinculante y opinable de la secretaría municipal y que se pretenda impedir que la Corporación promueva una Moción de Censura solo demuestra la torticera intención del alcalde socialista de la localidad.
Un proceso que data desde el pasado Septiembre y que el PSOE de Madrid no solo ha sido incapaz de detener sino ha permitido, poniendo en riesgo la estabilidad de numerosos gobiernos municipales.
Porque esta es la cuestión: o prevarica el alcalde de Coslada, retorciendo en su favor la legislación, o prevarican el resto de Alcaldes socialistas que mantienen en sus cargos a concejales de IUCM y se apoyan en ellos, entre otros la propia responsable socialista Sara Hernández.
Sea cual sea el argumentario del alcalde de Coslada es evidente que los concejales de IUCM-Los verdes están cumpliendo con sus compromisos electorales: se mantienen en la coalición que se presentó a las elecciones y sostienen gobiernos de izquierda. Principios que parecen preocupar menos a los responsables socialistas que han tardado un año y tres meses en opinar sobre el asunto.
La ejecutiva de los socialistas madrileños dice ahora que que los concejales de IUCM-Los Verdes «formaron un grupo político que se presentó a las elecciones municipales con sus propias siglas» y en consecuencia, sostiene que «no se incumple la legalidad». Se trata de una acusación implícita de prevaricación al Alcalde.
Si uno acusa a su propio Alcalde de prevaricación, lo suyo sería adoptar iniciativas que resolvieron el problema. So pena de arriesgarse a ser acusado al tiempo de prevaricación.
La dirección socialista ha asumido un notable riesgo: siete ciudades que suman más de un millón de ciudadanos y ciudadanas perderían su gobierno si se privara de derechos políticos a los concejales y concejalas de IUCM. Esto no depende de la voluntad de los compromisos de IUCM sino que cualquier formación política, ciudadano o ciudadana puede hacer valer el acuerdo adoptado en Coslada para alterar los gobiernos locales socialistas en minoría.
La dirección socialista, con Sara Hernández a la cabeza, debe aclarar quien prevarica, y tomar medidas en consecuencia, establecer los mecanismos jurídicos y políticos que blinden los derechos de los concejales de IUCM-Los Verdes, necesarios para mantener la estabilidad de los gobiernos locales con los que la gente de IUCM ha estado comprometida.
Estos gobiernos están funcionando razonablemente, han supuesto un cambio real respecto a las políticas de la derecha, se han alejado del ruido y el folclore populista y se han vinculado a las necesidades de la gente, como corresponde a la tradición de la izquierda.
Resulta lamentable que en Coslada perviva la peor tradición de la manipulación política y que, más aún, nadie en el PSOE de Madrid haya sido capaz de frenar una deriva enloquecida que solo irá en perjuicio de los ciudadanos y ciudadanas de Coslada.
Espero que esa deriva no se extienda al conjunto de los gobiernos de la izquierda de la Comunidad, cosa que alegraría a Alberto Garzón pero solo haría daño a la gente. El PSOE tiene la obligación de aclarar quién prevarica.
Libertad Martínez