Ochenta y seis años han pasado desde la proclamación de la Segunda República en España y seguimos estancados en la misma confrontación sobre el sistema educativo.
Uno de los mayores aciertos de la Segunda República fue su empeño por conseguir una escuela pública, obligatoria, laica y mixta.
A ello dedicó enormes esfuerzos desde la convicción de que para consolidar una república democrática se necesitaba un pueblo alfabetizado, formado por hombres y mujeres con capacidad de pensar libre y racionalmente.
Partiendo de los movimientos de renovación pedagógica, en especial de la Institución Libre de Enseñanza, y con el impulso de tres políticos notables –los ministros Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos y el director general de primera enseñanza Rodolfo Llopis- la República creó escuelas a un ritmo de cinco mil por año.
A la vez, se ocupó de formar y dignificar la profesión docente: se estableció la necesidad de tener el título de maestro para ejercer tanto en las escuelas públicas como en las privadas, se eliminó la segregación por sexos en las escuelas normales, se exigió el título de bachillerato para acceder a ellas, se incorporó la enseñanza de pedagogía y se estableció un último curso de prácticas pagadas.
Los nuevos maestros y maestras aprendieron a atender a los niños y niñas, juntos en las mismas aulas, en función de sus capacidades y actitudes, experimentando, en igualdad y no en función de la capacidad económica de sus familias.
Muchos jóvenes se lanzaron con entusiasmo a esta nueva carrera docente. Se sintieron protagonistas de un proceso que trataba de cambiar y modernizar España desde cada barrio, suburbio, pueblo y aldea. Así, no solo empezaron a estudiar en las escuelas normales, sino que participaron en las Misiones Pedagógicas que llevaban a todos los rincones de nuestro país bibliotecas, cine, teatro, museos ambulantes… Cultura para un país con más de dos tercios de población analfabeta.
Muchos de estos maestros y maestras pagaron con su vida, el exilio, el ostracismo o las represalias esta osadía después del golpe de estado del 18 de julio del 36.
Ya en 1932, la jerarquía de la iglesia española rechazó en una pastoral la reforma educativa del gobierno republicano. Reclamaban el derecho de los padres a elegir el centro docente y la educación de sus hijos. ¡Con cuánta frecuencia seguimos escuchando esta justificación ocho décadas después!
La llegada de la derecha al gobierno en 1933, supuso un frenazo en la construcción de nuevas escuelas, la prohibición de la coeducación en la enseñanza primaria y la vuelta de la religión a las aulas que había dejado de ser obligatoria.
Pasa el tiempo, pero no las estrategias de la derecha española que paraliza y vuelve atrás todo lo que huela a igualdad de oportunidades, modernidad y eliminación de privilegios en el sistema educativo.
La república no se limita a elegir al jefe del estado. Cuando se queda en eso no sirve para conseguir sociedades más justas y de progreso para todos; abundan los ejemplos. La convicción de que nadie nace con más derechos que otro, de que todos tenemos que disponer de las mismas oportunidades y que el estado es quien debe garantizar que así sea dando a cada uno en función de su necesidad, es uno de los fundamentos éticos del republicanismo bien entendido. Un elemento imprescindible es un pueblo formado con capacidad de pensar y razonar.
Conseguirlo era el objetivo de las leyes y reformas educativas de los gobiernos republicanos. Ochenta y seis años después, los mismos de entonces, siguen oponiéndose con idénticos argumentos.
Victoria Moreno