La corrupción apesta. Deja un mortífero hedor en la política y en la empresa, porque destruye y contagia. Vivimos momentos de destrucción en el sistema de partidos, de desafección absoluta por culpa de los que roban a manos abiertas. El escándalo se hace rutina en los medios de comunicación que no tienen más espacio en la escaleta para otras noticias, otros argumentos. La actualidad se disipa entre tanta detención y fianza. Y la corrupción se sitúa como el principal problema de España para los ciudadanos.
La ausencia de control interno y vigilancia en las formaciones políticas de este país y la extrema lentitud en las resoluciones judiciales de los casos, da como resultado un espacio formidable para la elucubración y el dislate. El debate sesgado y tendencioso sobre la corrupción política genera inestabilidad. Y el desequilibrio provoca desgaste. El PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, al igual que el resto de partidos, navega en la paradoja de defender la labor judicial independiente mientras se ahoga sin remedio en el fango de la corruptela. Cumplo, pero incumplo, o sea, que muero porque no muero.
El control político no debe ejercerse únicamente en las cámaras representativas, en las Cortes Generales, donde se maneja el debate para los medios, por cierto, cada vez más simple, más barriobajero y superficial. Pero, ¿Cómo se controla la transparencia en el seno interno de los partidos? ¿Cuáles deben ser las herramientas? ¿Cómo se garantiza a la militancia y a la sociedad en general la limpieza en la actividad política de aquellos que representan al pueblo en todas y cada una de las instituciones del Estado? Son preguntas que precisan respuestas. Ya desde 2012, partidos y sindicatos pueden ser sujetos penalmente responsables.
Sin embargo, los planes de prevención de delitos o compliance en las formaciones políticas no funcionan, ni funcionarán, ni para los delitos de financiación, ni para otros, porque no interesa de puertas adentro. En la empresa, el máximo responsable arrastra en primera persona la responsabilidad del conjunto. Pero, ¿ocurriría esto en política? ¿Debería el ciudadano, receptor último de acciones políticas, solicitar indemnizaciones por malas prácticas? Y en estos casos, ¿debería entenderse que si un miembro de un partido político comete delito en beneficio propio, es el partido el que comete el delito?
No cabe la menor duda de que la completa integración del director de cumplimiento normativo en la gerencia de un partido político supondría un hecho de transparencia y regeneración. Pero, ¿sería capaz de evitar fraude y corrupción? Por otro lado, resulta imprescindible que los jueces terminen de valorar dicha responsabilidad penal de los partidos en los procedimientos, con determinación y agilidad. Solamente se recuperará la confianza social en la práctica política cuando los partidos no ofrezcan, sino que demuestren una imagen comprobable de transparencia y honradez.
Fernando Arnaiz