Los datos macroeconómicos indican que la Comunidad de Madrid ha salido de la recesión, que no de la crisis. Durante el año 2016 su PIB creció un 3,7% situándose como la Comunidad con el PIB por habitante más alto, con 32.723 euros. Estos datos sitúan a la región por encima de los niveles de riqueza del año 2008.
Sin embargo, esta salida de la recesión ha provocado el aumento del número de pobres en la región, a la vez que un aumento de la desigualdad entre pobres y ricos.
La riqueza aumenta pero no se distribuye equitativamente, sino que se concentra en una minoría. Mientras, a la gran mayoría no le llega la recuperación, si acaso, las “migajas”. Los datos de creación de empleo así lo indican. Durante 2016 sólo el 18% de la contratación fue indefinida y, de estos contratos, uno de cada tres desaparece a lo largo de un año.
Igual ocurre con el incremento de la contratación a tiempo parcial, que ha aumentado 12 puntos desde el año 2008, produciéndose la conjunción perfecta de precariedad e inestabilidad laboral. El resultado han sido bajos salarios y la aparición de la figura del trabajador y, fundamentalmente, trabajadora pobre. Es decir, aquellas personas que pese a disponer de un empleo, perciben un salario que no les garantiza cubrir las necesidades básicas de vida personales y familiares.
Los salarios han sufrido una devaluación media del 20%. Ya son 500.000 los trabajadores y las trabajadoras madrileñas que reciben por su trabajo menos de lo marcado por el Salario Mínimo Interprofesional, un incremento del 33% respecto al año 2008. Paralelamente, el 17% de los trabajadores madrileños que más cobran, en el mismo periodo, han visto incrementarse los salarios en un 5%.
Es evidente que las personas más perjudicadas por la crisis han sido quienes menos salarios tenían ya antes de la crisis, y que han visto incrementar su diferencia salarial con aquellos que más ganan. Por tanto, se cumple el tópico: “Los pobres, más pobres y los ricos, más ricos.”
Este escenario ha traído como consecuencia, en primer lugar, la cronificación de la pobreza existente anterior a la crisis; y en segundo lugar, un incremento de las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social.
El pasado 25 de abril, la Encuesta sobre Condiciones de Vida publicada por el INE, nos aportaba datos muy significativos sobre la Comunidad de Madrid.
Así, los ingresos medios por hogar se han visto reducidos en 5.000 euros, en el periodo 2008 / 2016, pasando de 36.400 euros a 31.400 euros anuales.
La población que vive en hogares con baja intensidad en el trabajo, es decir, sin ingresos, o inferiores a 340 euros mensuales, han pasado de representar el 3,5% en 2008 al 10,5% en el año 2016.
En 2016, el 21,7% de la población de Madrid está en riesgo de pobreza y o exclusión social (según el indicador AROPE), lo que supone casi 1,4 millones de personas. De éstas, 400.000 viven en condiciones de carencia material severa con problemas para el pago de luz, agua, vestido o alimentación. La mayoría de este colectivo son 250.000 menores de 16 años.
La tasa de pobreza se mantuvo estable durante la crisis en torno al 19,2% para dispararse desde el año 2014 en 2,5 puntos hasta la situación actual. El 52% de estos hogares lo representan familias monoparentales, caracterizados por la presencia de mujer y sus hijos menores.
Además de los aumentos de las desigualdades sociales y salariales, esta salida de la crisis trae consigo el fin de la igualdad de oportunidades, impidiendo uno de los pilares del Estado de Bienestar: la posibilidad de la movilidad social, condenando a las generaciones a la condición de pobres.
A la vista de estas alarmantes cifras, la solución pasa por una distribución más justa de la riqueza que se está creando. Para ello, se hace imprescindible una mejora de la protección social; tanto de las prestaciones por desempleo, como de la Renta Mínima de Inserción; tanto en su importe, como en su cobertura.
Asimismo se hacen necesarias otras medidas complementarias, como un plan de erradicación de la pobreza energética, la creación de un abono social de transportes o la aprobación de una ley reguladora del derecho a la vivienda. Además, de que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones.
La solución para financiar estas medidas es una reforma fiscal que haga que los ricos contribuyan con parte de sus beneficios y patrimonios al bienestar común de la mayoría de trabajadoras y trabajadores de la región.
Por último, debe ser prioritaria la derogación de la reforma laboral para que se recupere la capacidad de negociación colectiva, como garante del poder adquisitivo y que para el año 2017, el incremento salarial debería situarse entre un 1,8% y un 3%.
Jaime Cedrún
Secretario general CCOO de Madrid
Jaime Cedrún