“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
Artículo 50 de la Constitución
Es evidente que en España las pensiones son una garantía constitucional. Por lo tanto, salvo que este país se hunda volviendo a un contexto similar a los años 40 y 50, en el que correrían peligro hasta los salarios, las pensiones están garantizadas. Es más, seguimos siendo el país del billón de euros del PIB, por lo tanto, el problema no es de pensiones, sino de reparto de la riqueza, de distribución de la riqueza.
Lo que está en juego es intentar reducir la cantidad de la pensión con el objetivo ultraliberal de privatizar el modelo de pensiones. La idea ultra, y no es nada nuevo, consiste en que las pensiones del sistema público no sean dignas. Por eso el sistema es permanentemente atacado. Hubo intentos en los 90, también a principios del milenio, y ahora otra vez. Los buitres merodean porque son muchos miles de millones de euros a los que el sector privado quiere meter mano.
Los actuales recortes de las pensiones son consecuencia de las políticas del Partido Popular y afectan con especial virulencia a la Comunidad de Madrid, donde viven más de un millón de pensionistas. Éstos van a ver incrementada su pensión solo en un 0,25 por ciento, mientras la inflación se encuentra ya en el 2,3 por ciento y con una creación de riqueza del 3 por ciento.
De la recesión estamos saliendo, pero la única fuente de ingresos económicos para uno de cada seis hogares es la pensión de alguno de sus miembros. Igualmente, los indicadores económicos nos sitúan en niveles de 2007, sin embargo, los salarios no se han recuperado.
La derecha de este país tiene obsesión con sus políticas salariales y también con una fiscalidad que siembra desigualdad, desequilibrios y empobrece cada día más a los más desfavorecidos. En este escenario, la semana que ha concluido hemos tenido que soportar la desvergüenza del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Este auténtico adalid de la corrupción política que ha consentido el fraude sin pudor y ahora pretende perseguir por ley las amnistías fiscales después que el Tribunal Constitucional ha condenado la que el mismo ha aplicado.
La hoja de ruta neoliberal es clara. El objetivo es que el sistema público garantice una pensión muy pequeña para que tengamos que buscar planes privados. Pero no lo van a conseguir porque esa escaleta privatizadora, que también han querido aplicar a la sanidad y la educación, la estamos desmontando.
Desde luego, las Comisiones Obreras no vamos a consentir que se sigan recortando las pensiones en los Presupuestos para el año 2018. En tal caso, plantearemos una movilización para reclamar un cambio de políticas que garantice un sistema que es válido, que funciona bien y que ha sido clave para mantener la cohesión social durante la crisis económica. Además, hay que exigir responsabilidad a los partidos políticos para que hagan frente a las pretensiones del Partido Popular.
Las pensiones no corren riesgo inmediato, pero hay que poner pie en pared y defender un sistema público de pensiones que hemos conquistado entre todos y que ahora, entre unos pocos, quieren hacer desaparecer en beneficio de las cuentas de resultados de sus amistades peligrosas.
Jaime Cedrún
Secretario general de CCOO de Madri
Jaime Cedrún