El Parlament de Cataluña ha debatido, o algo parecido, la Ley que permitirá convocar el referéndum. Vulnerando todas las normas del parlamentarismo democrático, el soberanismo ya tiene en sus manos un referéndum que, en realidad, hace tiempo que les importa un comino.
Una tramitación suprimiendo los trámites. En un ámbito – el parlamentario- en que la forma es parte inseparable del contenido, se aprueba un referéndum sin el habitual trámite legislativo. Un ejercicio político tan cínico como bananero, que es una falta de respeto no solo al parlamentarismo sino al propio derecho a decidir.
La CUP amparando el radicalismo huero que le define, las estrategias electoraleras de Esquerra, el PDeCat en fase de desaparición, vienen ejerciendo una práctica política que en realidad hace inviable el referéndum.
La mayoría parlamentaria hace días que no quiere hacer el referéndum, solo pretende escenificar un enfrentamiento civil y social que conduzca a un escenario electoral que quede en manos de los más radicales.
Una diada ardiendo, una parte de la sociedad catalana silenciada, un primero de Octubre teatralizado son los hitos de la estrategia electoral en la que las fuerzas independentistas han ido enredando a la sociedad catalana y a unas fuerzas políticas españolas – singularmente, el Partido Popular- que han sido incapaces de encontrar escenarios que paralizaran una deriva cada vez mas grave políticamente.
La política de astucias y trampas, con la intención de evadir responsabilidades y controles políticos transparentes, con la que se ha gestionado la convocatoria del Referéndum dice muy poco de la calidad democrática en Cataluña. La falta de escenarios de encuentro con la realidad española no puede ni debe ser sustituida por golpes al parlamentarismo que han dejado al Parlament irreconocible.
Con los procedimientos impugnados, los visados legales ausentes, el Consejo de Garantías Estatutarias orillado, parlamentarios silenciados constituyen una auténtica excepción de la práctica parlamentaria, una ilegalidad flagrante que difícilmente puede ser justificada ni política, ni jurídicamente.
Ninguna mayoría en ningún parlamento del mundo puede suprimir los derechos de los diputados y diputadas, modificando tramitaciones, suprimiendo el ejercicio de la fe pública o cancelando su derecho al los recursos legales.
Los proponentes conocen estas circunstancias sobradamente, no cabe engañarse al respecto. Están buscando la inconstitucionalidad, la ilegalización con el objeto simple de confrontar al pueblo de Cataluña no con el incumplimiento de la legalidad del procedimiento sino con las decisiones de tribunales constitucionales o administrativos que se asimilarán al perverso gobierno español.
Ni leyes, ni jueces, ni parlamentos. Esa es la gran astucia del independentismo: los culpables de la frustración serán los que deben garantizar la ley y hacerla cumplir. Es decir, las instituciones del estado, desde la judicatura al gobierno.
La mayoría parlamentaria catalana hace tiempo que desistió del Referéndum y hace tiempo que se dedica a preparar escenarios electorales. Eso no empece para reconocer que la política de astucias y trucos ha ido creciendo a medida que la política española es incapaz de ofrecer un escenario de diálogo.
Diálogo que, probablemente, los muñidores de la ilegalidad de hoy no deseaban pero que podría haber ayudado a mejorar la relación con el cuerpo social que defiende el derecho a decidir.
Nada cambiará demasiado. Las estrategias electorales de los soberanistas requieren el bloqueo. Al Gobierno español la escenificación de la desconexión producida hoy apenas le deja espacio.
Un referéndum no puede convocarse sobre la ilegalidad y el bochorno. Que nadie hable del derecho a decidir, entre todos lo mataron.
Libertad Martínez