Una bomba informativa puede llegarnos por Twitter y hacer estallar nuestras neuronas, nos dicen; un virus noticioso por Facebook es capaz de secuestrar nuestra voluntad y convertirnos en independentistas o prorrusos… (o partidarios de Trump).
Estamos amenazados hasta por el móvil en el bolsillo, aparato ya convertido en una puerta abierta a la duda, que es el territorio más inestable.
La realidad también presenta otras caras, y pongamos tres ejemplos.
Por una parte, en relación con la seguridad ciudadana, el riesgo de morir asesinado en España es tremendamente inferior a lo que ocurre en la mayor parte de Europa, en EEUU, en la media mundial y en El Salvador, que encabeza el ránking y es país de origen de los salvadoreños que Trump quiere expulsar tras pasar la mayor parte de su vida al norte del río Grande (o Bravo).
En España mueren por esta causa unas 300 personas al año (0,7 cada 100.000 habitantes, EEUU 4,9, media planetaria 5,3, Venezuela 57, El Salvador 108). Lo sensacional es que los asesinatos en España se han reducido un 30% en las últimas tres décadas.
Evolución también positiva han tenido los robos con violencia, casi la mitad que hace una década.
Un segundo ejemplo pudiera ser la seguridad vial: la cifra de muertos en accidente de tráfico fue de 1.200 en 2017, mil doscientas tragedias a las que hay que sumar los heridos y las familias de todos. Con perspectiva se descubre que hace 25 años, cuando el parque de vehículos era la mitad del actual, el número de fallecidos se acercó a 6.000.
Un tercer ejemplo pudiera ser el terrorismo, a pesar de los aún cercanos atentados en Cataluña en agosto de 2017 con 13 víctimas mortales. Con perspectiva de medio y largo plazo, hay que remontarse a marzo de 2004 para encontrar los anteriores asesinatos atribuidos al terrorismo yihadista en suelo nacional, y ETA acabó exactamente el 20 de octubre de 2011 poniendo fin a medio siglo de violencia autóctona.
Daría para media docena de columnas el hecho de que los españoles no vivimos un conflicto bélico desde hace 79 años y un ejercicio interesante sería rastrear en la historia patria desde cuándo no ocurre eso.
Se pueden identificar también argumentos en contra: la seguridad laboral, que también es seguridad; los delitos de odio; el cambio de tendencia en accidentes de tráfico, el aumento de suicidios (cerca de 4.000 al año, diez diarios, esto sí que crece) y el siempre elevado número de asesinatos machistas (48 en 2017), estabilizados en los últimos años a pesar de la mayor conciencia social y de recursos públicos; lo que no invalida la tesis.
Con todo de lo anterior se puede deducir que vivimos en una sociedad con violencia a la baja, que a la seguridad tanto exterior como interior destinamos un volumen importante de recursos públicos con resultados positivos.
El rechazo generalizado a los porrazos del 1 de octubre tiene relación con esto, lo de irse a dormir a las 23.05h del Día de la Independencia sigue siendo inexplicable.
El amplio colectivo de profesionales que se dedica a la seguridad, los responsables políticos de la cosa y los estrategas que creen haber encontrado en este sector un instrumento poderoso para ganar votos, tienen dos alternativas.
Una es continuar asustando a la población como vía para convencer de que su trabajo es necesario, que requiere recursos públicos crecientes, reconocimiento social y equiparación salarial con el que más gane del gremio en Europa occidental, EEUU, Canadá, Australia y Nueza Zelanda.
La alternativa es reconocer que vivimos en sociedades históricamente seguras; el dicho de «cualquier tiempo pasado fue peor» se ajusta a estos temas. Hay cambios sociales y crecimiento del PIB que lo explican en parte, pero de la situación alcanzada de reducción de la violencia se pueden adjudicar parte del mérito los que trabajan en ello, y de su necesaria continuidad adaptada a la realidad real, no inventada.
Se sugiere aparcar el miedo y vender su competencia profesional, que no necesariamente han de ir unidos en el discurso. Por probar.
Carlos Penedo