Las movilizaciones por unas pensiones dignas van a marcar un punto de inflexión entre la anticuada concepción neoliberal, cómplice de los grandes sectores financieros, y el progresismo, defensor de la solidaridad intergeneracional y el estado del bienestar. Ayer las calles de toda España fueron un nuevo clamor contra las políticas de Mariano Rajoy. Ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve pudieron con decenas de miles de personas que durante todo el día se manifestaron desbordando plazas y calles.
El sindicalismo de clase, CCOO junto a UGT, hemos venido manteniendo la movilización permanente en defensa de la dignidad de las pensiones desde hace mucho tiempo. Tras multitud de concentraciones, el pasado 9 de octubre, aunque acallada por el ruido mediático promovido por el independentismo catalán, la Puerta del Sol se desbordó por miles de personas que durante dos semanas recorrieron la geografía española. Desde Málaga, Santiago, Gijón, Santander y Castellón partieron columnas de personas que dieron el pistoletazo de salida a una movilización que no ha hecho más que crecer como estamos viendo en estos días.
Una movilización que ha ido creciendo día a día hasta preocupar a un Gobierno que siempre ha considerado a los pensionistas su principal granero de votos.
Esta preocupación del PP la quiso solventar Mariano Rajoy convocando un pleno el pasado miércoles para tratar el asunto y cubrir el expediente. Finalmente, ese pleno se convirtió en un “boomerang” para el Gobierno, mientras Rajoy, a su pesar, terminó siendo el mejor activista para llenar nuevamente las calles clamando justicia y dignidad para las pensiones actuales y futuras.
El Gobierno se niega a aclarar y concretar las medidas que vayan a tener impacto presupuestario; debe explicar si de verdad va a haber una fórmula de mejora de los ingresos del sistema y si va a avanzar en la separación de fuentes de éste. Todo lo demás será papel mojado, brindis al Sol y engañifas electoralistas.
Las reivindicaciones son muy claras y se sustentan en un pilar fundamental que es la derogación de la reforma de 2013. Es inaceptable el ridículo incremento del 0,25 por ciento, que supone una permanente pérdida de poder adquisitivo. Es imprescindible garantizar un sistema público de pensiones, sostenible, con prestaciones suficientes para todas las generaciones porque las pensiones son una garantía de solidaridad y cohesión intergeneracional.
Además, las pensiones son vitales para sostener la demanda interna de bienes y servicios, así como el empleo. No podemos olvidar que en los peores momentos de la recesión, cuatro de cada diez pensiones han contribuido a sostener a sus familias. La solución pasa por recomponer el Pacto de Toledo, dinamitado en 2013 ya que las pensiones son la fuente de ingresos de más de nueve millones de personas.
Hay que recomponer el consenso sociopolítico para que se garantice la viabilidad del sistema en las próximas décadas. Hay que buscar fórmulas para equilibrar la Seguridad Social porque actualmente, diez de cada cien euros de riqueza se destinan a las pensiones.
Es el momento de que el PP haga alarde de constitucionalismo y defienda con la misma fuerza que los asuntos simbólicos el artículo 50 de la Constitución, según el cual “los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad….”
Sin embargo, esta derecha española se ha convertido, sin ningún rubor, en cómplice de los grandes sectores financieros que intentan la desaparición del sistema público de pensiones y que se rebaje su cuantía para que los ciudadanos contraten planes y fondos privados. Algo que además es imposible para una clase trabajadora que, con unos raquíticos salarios, es incapaz de ahorrar para complementar su pensión.
El Gobierno no puede hacer oídos sordos al clamor que este fin de semana se ha lanzado desde más de un centenar de manifestaciones y concentraciones en todo el país. El Partido Popular no puede obviar que está empobreciendo a la inmensa mayoría de la ciudadanía, mientras la economía crece al 3 por ciento, los precios se sitúan en el 1,1 por ciento y las pensiones se quedan en un escuálido 0´25 por ciento.
Jaime Cedrún