El pasado 18 de marzo se cumplieron dos años del histórico y trágico “Acuerdo de la vergüenza” rubricado entre la Unión Europea y Turquía y que sigue vulnerando los derechos de quienes huyen de la guerra.
La ilegitimidad, la vergüenza que supone dicho acuerdo, llevará a que la fecha intente ser ocultada por la historiografía oficial. Por ello CCOO, como parte de la plataforma “Refugio por derecho”, nos concentramos el pasado jueves en la madrileña Red de San Luis; porque es una jornada para recordar y porque hay que continuar denunciando la vulneración de derechos humanos que ese acuerdo sigue propiciando.
El acuerdo evidenció y evidencia la absoluta insensibilidad de la UE y los Estados miembros ante la crisis humanitaria de los refugiados que arriesgan su vida huyendo de la guerra.
El primer día de entrada en vigor del vergonzante acuerdo se saldó con cuatro muertes, entre ellas dos niñas de uno y dos años ahogadas en el Mar Egeo. Los cadáveres de las niñas aparecieron flotando después de haber caído del bote hinchable en el que huían junto a otras cincuenta y siete personas.
La UE eludía su responsabilidad de dar respuesta a las miles de personas que se agolpan en sus fronteras mediante un acuerdo con Turquía para deportar a ese país a todos los inmigrantes, económicos y también demandantes de asilo político, que querían llegar a la UE a través de este país. El cambio fue que los Estados miembros reubicaran al mismo número de refugiados asentados en territorio turco.
Bajo la burda excusa de “combatir la actividad de las mafias”, la UE urdió un plan que vulnera la especial protección que el derecho internacional reconoce a los demandantes de asilo mediante la asimilación de inmigrantes económicos y refugiados, todos ellos considerados “ilegales”. Así, se favorecía la expulsión de Turquía a los refugiados llegados a Europa por esta vía.
La UE “compró” las devoluciones a Turquía por 3.000 millones de euros por los costes de gestión y 3.000 millones adicionales en 2018, sin ningún mecanismo de control del destino del presupuesto; la eliminación del requisito de visado para los ciudadanos turcos en Europa a partir de junio de 2016 y la agilización de la entrada de Turquía a la UE.
Se obvió, curiosamente, que el gobierno de Erdogan viola de forma reiterada derechos fundamentales como la libertad sindical, el derecho laboral, la libertad de prensa y expresión o los derechos y las personas del pueblo kurdo.
El hecho cierto es que estamos hablando de seres humanos que huyen de la guerra y buscan la protección internacional. Hacer de ellos una mercancía mediante intercambio económico es inhumano y desde luego no ha dado lugar a una respuesta más humanitaria.
Siguiendo a María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, el acuerdo surgió tras un fracaso estrepitoso de la UE para dar respuesta a la crisis más grave de refugio desde la Segunda Guerra Mundial.
Se trataba de una crisis perfectamente manejable si se hubiera gestionado de una manera equilibrada entre todos los países de la Unión Europea, pero no hubo voluntad. El problema es que en vez atender a criterios compartidos, cada estado ha trasladado la responsabilidad al de al lado y así es imposible solucionar nada.
Con datos del último mes de septiembre, los Estados miembros han reubicado a más de 28.700 demandantes de asilo, según los últimos datos de la Comisión Europea. En total, sumando las cifras que manejan las instituciones europeas sobre reasentamientos y reubicaciones, los Estados miembros han acogido a más de 44.300 refugiados, es decir, al 27 por ciento de los 160.000 comprometidos.
El Gobierno español, que se comprometió a acoger a 17.337 personas, ha acogido a 1.980 hasta esa fecha. Es decir, el 11,4 por ciento de la cuota pactada, según los últimos datos del Ministerio del Interior. En total, España habría reubicado a 1.279 solicitantes de asilo que llegaron por mar a las costas de Grecia e Italia, 1.089 y 190, respectivamente. Asimismo, ha reasentado a 701 personas de campos de refugiados de países limítrofes al conflicto sirio: 506 desde el Líbano y 195 desde Turquía.
Aquel histórico Mediterráneo de intercambio cultural y comercial se ha convertido hoy en un mar de muerte y tragedia. Según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), más de 30.000 personas han muerto en sus aguas en los últimos 15 años. Ante esta barbarie, el movimiento obrero y el pueblo español en general se han movilizado sin pausa.
Este país es especialmente sensible a la tragedia del refugio y la solidaridad porque lo hemos sufrido con los cientos de miles de exiliados de 1939 y los millones de emigrantes de los años 60 y 70. En el tema de los refugiados, las Comisiones Obreras estamos jugando fuerte porque en vez de temer la llegada de inmigrantes animamos organizarse para que a las personas que vienen se les reconozcan los mismos derechos y deberes que tenemos los demás. Al fin y al cabo, el germen de CCOO son miles de trabajadores organizados, mayoritariamente desplazados del campo a las grandes ciudades industriales.
Jaime Cedrún