Como era de esperar, el nacionalismo vasco ha comenzado a variar el rumbo ante los Presupuestos Generales del Estado y comienza a difuminar su radical oposición a la implantación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Gracias al PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias (cuyo diputado tiene que rematar sus negociaciones) y evidentemente, Ciudadanos, con los calores del verano se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Unos presupuestos que maltratan doblemente a Madrid: por alentar la desigualdad como en el resto de España y por la incapacidad de la maltrecha Cristina Cifuentes para arrancar las inversiones necesarias a sus compañeros de partido.
El proyecto de estos presupuestos se aprobó con seis meses de retraso, por “un Gobierno sin ideas, inmovilista y que sigue desactivando la iniciativa pública necesaria para impulsar políticas que resuelvan los graves problemas de desigualdad generados por la recesión”, tal como denunciamos desde la Confederación Sindical de CCOO.
Este proyecto de presupuestos con olor a la derecha de siempre, a su nueva marca y a la nacionalista ahonda en en la reducción del déficit público (del 3,1 por ciento del PIB en 2017 al 2,2 por ciento este año); lo cual supone retrasar dramáticamente la salida del paro de muchas personas. Son los presupuestos de la desigualdad y el desequilibrio, los presupuestos del tacticismo partidista a puertas de unas elecciones.
Por contra, el Gobierno de Rajoy continúa haciendo regalos fiscales y recortando impuestos. Este año se incrementan los beneficios fiscales en 2.000 millones de euros, que se sumarían a los 12.300 millones de pérdida de recaudación que produjo la reforma fiscal de 2015 y 2016. Unos dineros que dejaron de entrar y que supusieron la rebaja acelerada del Fondo de Reserva de las Pensiones. Con todo, el total de los beneficios fiscales para 2018, según el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, ascienden a 34.825 millones de euros.
Es cierto que en esta ocasión la maestría manipuladora del PP ha dado en hueso con los pensionistas, que se están levantando por toda España para reclamar dignidad y futuro.
Esos malabarismos a la hora de disfrazar los números sí han calado en la Comunidad de Madrid, una región maltratada nuevamente con las cuentas estatales. Así, en los Presupuestos Generales del Estado 2018, se han estimado unas inversiones en Madrid por valor de 1.247 millones de euros, que representan un incremento del 24,1 por ciento.
Si nos quedamos ahí, que es lo habitual, resulta que Madrid aparece como la región que más inversiones recibirá del Estado, sólo por detrás de Andalucía y Cataluña. Pero si rascamos un poco más y estimamos la inversión en función del número de habitantes, la Comunidad de Madrid sería de las que menos reciben, por debajo de la media.
Es decir, la media para el año 2018 por habitante, será de 318 euros, teniendo Madrid una inversión por habitante de 192 euros, la sexta por el final.
Entre las inversiones consideradas “estrella” se encuentran las estructuras ferroviarias, con el tan necesario y urgente Plan de Cercanías para Madrid. Este Plan, incorpora un plan de choque de 580 millones de euros que no se recoge en el presupuesto. Este se limita a una inversión de 78 millones de euros, que se repartirán en 23,1 millones por parte de Adif y 55,1 millones para Renfe.
Teniendo en cuenta la desastrosa situación de la red de Cercanías que vive la región de Madrid, en permanente estado de avería y retrasos, en los últimos días he podido reunirme con representantes del PSOE de Madrid y de Podemos de Madrid para evaluar este plan.
Ambas formaciones han coincidido con la preocupación de las Comisiones Obreras basadas en la urgencia de resolver los problemas de la actual red, la necesidad de prolongar determinadas líneas y, sobre todo, aumentar las plantillas.
En este sentido, es necesario contratar al menos a 2.000 nuevos profesionales e internalizar determinadas funciones para que Cercanías, el transporte de la clase trabajadora, deje de vivir la caótica y alarmante situación que padece.
En este escenario coincido con las criticas de la oposición política al Gobierno regional de PP, al que insta a dar la cara por Madrid ante el Ejecutivo de España y exigir los 120 millones de euros para Cercanías aprobados en la Asamblea de Madrid para este año.
En definitiva, vuelve a desvanecerse el mito de que Madrid es la región mejor tratada por el Gobiernos estatal del PP, en todo caso vuelve a evidenciarse que el Gobierno de Madrid es un Gobierno que no defiende bien los intereses de la Comunidad
Jaime Cedrún