Ha sido acogido muy bien como ministro de Interior por las fuerzas de seguridad y menos por ámbitos de la izquierda, que recuerdan su absentismo en la investigación de denuncias de torturas y malos tratos que han acabado en varias condenas a España por el TEDH por no haberse investigado.
Tampoco ha sido bien acogido por los familiares de las víctimas del YAK-42. Recuerdan que hizo una instrucción muy “light” del accidente sin llegar nunca a las responsabilidades políticas del asunto por la subcontratación del vuelo, que tras archivarlo en primera instancia la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó realizar nuevas diligencias tras las cuales imputó a algunos mandos militares, y cuyo recurso contra esa decisión insatisfactoria para familiares de las víctimas rechazó él mismo como presidente de la Sala de lo Penal, a la que había sido ascendido en el tiempo transcurrido entre la decisión como juez de Instrucción y la vista del Recurso ante la Sala.
El ministro de Defensa Trillo fue con posterioridad al accidente el responsable de Libertades Públicas y Justicia del PP, encargado de coordinar y proponer el ascenso de los jueces a los que apoyar. Apoyó el ascenso de Marlaska a presidente de Sala y después a vocal del CGPJ.
También llevó a cabo una polémica instrucción del conocido como “caso Faisán” del chivatazo a ETA, en el que nunca se entrevistó ni quiso oír en declaración al comisario general de Información, Telesforo Rubio, acusado en los medios de comunicación de ser el autor del acto y que en realidad fue quien lo denunció; tampoco atendió a las declaraciones del comisario jefe de la UCI, Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas, quien en su declaración escrita señaló que fue un inspector jefe quien le aconsejó destruir la prueba de la grabación, y fue a ese mismo inspector jefe a quien se encargó la investigación.
Existen también dudas razonables sobre una llamada realizada desde Madrid a un teléfono oficial recogida por la antena del bar Faisán donde estaba Elosua que no se investigó, dándose la circunstancia de que quien llevaba dicho teléfono, un inspector, tenía un aspecto físico idéntico al que describió Elosua, que no tenía nada que ver con la del inspector condenado. En la toma de posesión de Grande-Marlaska se dio la casualidad que estuvieron apoyándole el exministro Rubalcaba, el juez Ruz que siguió su instrucción y el juez Guevara, que presidió la sala del juicio y que impidió a los abogados defensores de los policías plantear algunas pruebas que podrían acabar en dudas razonables como las antes expuestas, entre otras.
Dicho lo anterior, su intención de desmontar las concertinas en Ceuta y Melilla es un acierto, su intención de aplicar a los migrantes que vienen a bordo del “Aquarius” la misma legislación que a todos los migrantes que llegan a las costas andaluzas (más o menos un “Aquarius” semanal), derecho de asilo a quienes vengan de territorios en guerra o conflictos raciales o religiosos, y expulsión de los que vienen por razones sociales. Expulsión relativa, porque la mayoría de ellos vienen aleccionados por las mafias y empujados por la miseria y el hambre, dispuestos a señalar que son de un país distinto al real lo que hace imposible su devolución, quedando en libertad en España con orden de expulsión imposible de aplicar. Y también el nombramiento de la secretaria de Estado, Ana Botella, parece un acierto por las referencias de la diputada socialista que se conocen.
Tiene retos de calado el ministro, no de los habituales de combatir el terrorismo y la inseguridad, que eso lo hacen las fuerzas de seguridad con o sin ministro de Interior, sino de tomar decisiones políticas que afecten a la seguridad y los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, hacer que funcione el 091. Hay miles de llamadas cada mes que no son atendidas. El servicio más prestigioso de la Policía española y que hasta hace unos años era la más rápida del mundo en responder a las llamadas ciudadanas es hoy un foco de riesgo para las personas que llaman confiadas en que van a recibir una ayuda que o llega tarde o no llega nunca.
El segundo asunto está relacionado con el primero, porque han dividido las brigadas de seguridad ciudadana y una parte importante de sus efectivos se dedican a llevar a cabo identificaciones masivas, ilegales, sin razón alguna, sobre cualquier persona que pasa por la zona donde han instalado el control (eufemísticamente llamado “filtro”) donde se identifica a cualquier persona sin razón alguna, se cachea, y se incauta el hachís que lleven para consumo propio, con la consiguiente multa. Y no atienden llamadas que lleguen al 091.
En Alemania, tras los atentados, la Policía señaló un barrio donde durante una semana cualquier ciudadano podía ser identificado. Después lo amplió una semana más y actúan así por respeto a los derechos civiles y garantías para la ciudadanía. Aquí, dos dotaciones de un coche Z apuestan que paga el desayuno quien menos identificaciones haga esa noche y acaban a las 6 de la mañana en la estación de Benidorm identificando a los pasajeros que bajan de los autobuses.
La Ley “Mordaza” debe ser profundamente modificada y las prácticas operativas policiales con desprecio a los derechos civiles de la ciudadanía con millones de identificaciones arbitrarias e ilegales, también Se vienen produciendo e incrementándose progresivamente desde mediados de la década de los 90, con la aplicación de la “Ley Corcuera”.
Otros dos asuntos de gestión política tiene el ministro pendiente. Resolver la expulsión de cuatro guardias civiles por defender el derecho de asociación en dicho Cuerpo cuando ya existía la Constitución (Manuel Rosa, José Morata, José Piñeiro, y ya fallecido, Manuel Linde). Una sentencia posterior del T. Constitucional estableció la legitimidad de su demanda al reconocer el derecho asociativo pero ellos ya estaban expulsados. El reingreso ha sido aprobada dos veces en el Congreso, primero en 2009 (por unanimidad) a propuesta de UPyD, y el pasado año a propuesta de Cs, (con el voto en contra del PP), en ambos casos con el voto favorable del grupo socialista. El Gobierno de Zapatero acabó con el agravio de los militares de la UMD que actuaron sin soporte legal pues no existía la Constitución, pero no ha resuelto la expulsión de estos cuatro guardias civiles demócratas.
Y por último, la mal llamada equiparación salarial suscrita por algunos sindicatos con el anterior gobierno. Ha sido noticia estos días que más de 500 policías recién salidos de la academia van destinados forzosos a Cataluña. No conocen el idioma ni son nativos de allí. Vivirán en pisos alquilados por entre 3 o 4 de ellos y saldrán a otras plantillas en cuanto puedan. El salario que se percibe en la Policía puede dar para vivir en una localidad mediana pero no en grandes ciudades y zonas turísticas como Cataluña, Madrid, Baleares y alguna otra.
Pretender que se perciba el mismo salario allí que en Chiclana o El Coronil es un despropósito y va contra la misma estructura salarial policial, que ya reconoce un plus de 180 euros en Madrid, por ejemplo. En Barcelona, un policía y Guardia Civil deben cobrar 1.000 euros más que en El Coronil, Chiclana y tantos otros pueblos para tener el mismo nivel de poder adquisitivo, y si además el guardia civil dispone de vivienda oficial, que le permite adquirir una en propiedad y alquilarla con la que paga la letra de compra en propiedad, esa es una realidad que no puede ignorarse. Revisar el criterio de reparto de las cuantías económicas y establecer un salario justo en función del territorio es también una necesidad, y precisaría de visión política, estratégica, objetiva y de justicia sobre ese asunto tan crucial.
José Manuel Sánchez Fornet