El “monopolio” del TAXI llegó a su fin cuando en 2014 irrumpió el “boom” de las licencias VTC (Vehículo de Turismo con Conductor).
La apertura de esta actividad ha provocado la furia de los taxistas, que ven peligrar la demanda en sus servicios sobre todo en las grandes ciudades.
El precio de una licencia de taxi, antes de la llegada de los VTC, es elevado ya que los propios taxistas han contribuido en su encarecimiento por la especulación en la reventa de sus licencias, de las que se puede uno encontrar ofertas de entre 130.000 a 150.000 euros. En contraposición, la licencia VTC tiene un precio aproximado de 5.000 euros y en el mercado de segunda mano, alrededor de 50.000 euros.
La licencias taxi están paralizadas y las licencias VTC se siguen concediendo gracias a que los Tribunales admiten las demandas para quienes las solicitaron entre 2009 y 2013.
En la actualidad hay un ratio de 7 taxis por cada licencia VTC, pero las reivindicaciones de los taxistas pasan, por que se haga efectiva la medida restrictiva que el gobierno de Rajoy aprobó en el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT) favorable al taxi y con vistas a las elecciones del 2015 de aprobar una licencia VTC por cada 30 taxis.
Además de esta restricción, se obliga a una flota mínima de 7 vehículos para acceder a una licencia VTC y además, que los vehículos tengan unas características técnicas ligadas a vehículos de alta gama.
Los taxistas, alegan que no hay clientes suficientes para todos, y que aún así, siga siendo rentable, pero la realidad de la situación, no parece que sea éste el camino que vaya adoptar. El futuro de la movilidad urbana pasa porque los vehículos particulares en las ciudades se vean reducidos, dadas las políticas anti-contaminación que eliminará ciertos vehículos como los diesel y restringirá la circulación de otros muchos en los próximos años. No es descabellado pensar, que por el contrario, este tipo de servicio público, tendrá una demanda en crecimiento.
Los conductores VTC, se defienden abogando por el “libre mercado” y a colación, la asociación que representa a los VTC, ha elaborado un estudio donde explica, que los taxis pagan una ínfima parte de impuestos que soportan los VTC.
Pero lo que no se puede permitir, son las protestas que sobrepasan los límites de la ley.
Hemos sido testigos, que los taxistas en sus reivindicaciones, aparte de cortar inadmisiblemente avenidas de las principales ciudades, carreteras y acceso a aeropuertos y trenes, han actuado incurriendo en conductas, que bien podrían estar delimitadas dentro del ámbito de ciertos tipos penales como DELITOS DE COACCIONES, AMENAZAS, DAÑOS e incluso LESIONES GRAVES. Ha salido en los medios, el testimonio de un conductor de VTC que ha sido víctima de una brutal agresión con ácido y otro que asegura que le dispararon con un arma de fuego. También una familia francesa que se encontraba de turismo en nuestro país, viajando en un vehículo con conductor, se vio involucrada en una tensa escena de enfrentamiento cuando unos taxistas increpaban a un conductor VTC, y en otras ocasiones son los propios vehículos de VTC los que sufren la ira de las protestas.
Lo importante es, que el sector necesitaba una liberalización pero regulada para evitar competencia desleal.
A día de hoy, hay liberación, hay reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, y se garantiza el derecho de huelga con los patronatos, siempre y cuando, como servicio público que es el taxi, se garanticen unos servicios mínimos y siempre que no se incurra, en agresiones ilegítimas para reivindicar lo que cada uno a su derecho crea conveniente.
Ignacio Gordillo