El 12 de noviembre, arribó a la ciudad de México, el ex Presidente de Bolivia, Evo Morales.
Luego de una elección cuestionada por sus adversarios y descalificada por la OEA, un golpe de Estado, celebrado por Washington, lo decidió a renunciar en beneficio de la paz.
El gobierno de la República mexicana, envió una aeronave de la fuerza aérea a La Paz, para garantizar la seguridad en traslado, una vez en tierra, fue recibido por el Canciller Marcelo Ebrard, quien se encargó también de fijar la postura de la 4T frente a los hechos.
El exmandatario boliviano, lucía cansado, sin embargo no dejaba de verse en su mirada aquel joven, quien, mochila en hombro, empezó una campaña de rescate de los productores agrícolas, hasta transformar el País, para hacer por primera vez visibles a los indígenas en un Estado que se reconocía plurinacional en ellos y por ellos.
Se ha repetido que es una exageración llamar golpe de estado a “la invitación a renunciar” por parte de las fuerzas armadas y la policía.
Habría que valorar el papel de estas en la historia del Continente, donde de manera permanente han estado al servicio de la oligarquía, derrocando gobiernos, tan sólo Bolivia ha sufrido los golpes de estado en 1952, 1964, 1971, 1980 y 2019. De 2003 a 2006, tuvieron presidentes interinos impuestos con apoyo de EEUU, para terminar la privatización del gas y agua.
El ejército mexicano a diferencia de sus homólogos sudamericanos, tiene raíz popular, por las circunstancias históricas de su fundación, durante la Tercera Transformación Nacional, así como por el origen social de la mayoría de los jefes y oficiales.
Al igual que el boliviano antes del golpe, ha dado numerosas declaraciones de adhesión a las instituciones, por ello, las voces de los divisionarios, Carlos Gaitán Ochoa y Sergio Aponte Polito, quienes desde la derecha lanzan críticas a la política social de la 4T. Constituyen una advertencia.
Aunque hasta ahora el único actor político que acusó recibo fue el trasnochado Gilberto Lozano, sin representación alguna y sin ninguna capacidad de movilización, el mensaje llegó a los sectores conservadores más poderosos, quienes este año han visto el desmantelamiento de sus intereses y privilegios y por lo mismo, han formado desde distintos espacios políticos y comunicativos, frentes para combatir por todas las vías, las políticas públicas, los nombramientos y los programas sociales prioritarios del Presidente Andres Manuel López Obrador, quien, con su equipo, ha diseñado una estrategia de seguridad pública donde se da prioridad al bienestar de la población y cuyo eje central es la construcción y consolidación de la paz ante la guerra promovida por gobiernos anteriores, si bien, no va a ofrecer resultados inmediatos, es un proceso que inicia desde la concepción misma del problema y de sus causas del combate a éstas y no de manera exclusiva a la opción militar que tantos beneficios económicos aportó a algunos grupos.
La prevención y gestión del conflicto tienen que ser a partir de una política social que desanime a los actores potenciales, esto se está llevando a cabo a través del programa jóvenes construyendo futuro y del programa de becas Benito Juárez.
Por otra parte, la rehabilitación encontrará en la CNDH a cargo Rosario Piedra Ibarra, una visión de reconstrucción de la memoria histórica, del papel del Estado en la guerra sucia, y contra el narco, así como la reparación de las víctimas.
Quienes no entienden la consolidación de la paz, tampoco van a entender como nuestro Mandatario retiró a las tropas y agentes de Culiacán ante la amenaza a la población civil o como nuestro Evo, prefirió dejar el gobierno para evitar que se masacrara, como ahora lo hacen ejército y policía a los manifestantes.
La paz es una responsabilidad de todos, ante el desgaste de las instituciones hegemónicas que favorecieron a un modelo neoliberal, habrá que construir instancias de participación popular y desde ellas, apoyar los esfuerzos de aquellos que pretenden resguardarla aún a costa de la retirada.
Ariel Maldonado Leza