Luis Navajas Ramos, número dos de la Fiscalía General del Estado, se ha convertido durante los últimos días en un personaje de la vida pública nacional, y no precisamente por su buen hacer, ni por su decoro en el decir. Su cargo es el de Teniente Fiscal de la Fiscalía General. Casi nada.
No podemos olvidar, en su presentación, sus cuatro interinidades al frente de la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal de España (2014/2015, 2017, 2018 y 2020). Es fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, desde 2003 y, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, desde el 1 de noviembre de 2014. Sin embargo, pese a la notoriedad y alta dignidad propia de su cargo y de su rango, en las últimas semanas se ha convertido en objeto de crítica y rechazo por sus declaraciones, auténticos exabruptos, pero sobretodo, por su informe de trescientos diez folios, “El navajazo”, en el que se archivan y se rechazan las denuncias y querellas presentadas contra el gobierno de Pedro Sánchez, también contra Salvador Illa y otros responsables del ministerio de Sanidad, por la gestión frente a la pandemia. Ni una ha sido aceptada.
“El navajazo” –así llamo al informe- es un documento que adolece de objetividad y de imparcialidad. Toda la literatura jurídica que acompaña al documento es un alegato exculpatorio de las actuaciones del gobierno. Para muchos juristas, incluso fiscales, Luis Navajas ha actuado más como abogado del estado, defendiendo al ejecutivo, que actuando en la investigación de los hechos y actuaciones como correspondería a su naturaleza fiscal. Las valoraciones que efectúa están orientadas a responsabilizar a las comunidades autónomas y, a exculpar al gobierno socialista. Afirmaciones como: “La actuación de los querellados no resultó poco diligente”; “La salud pública interior, en situaciones ordinarias, corresponde a las comunidades y ciudades autónomas”; o “Imposible afirmar que nuestras administraciones debieran haber previsto un escenario como el que se produjo”, son algunas de las perlas que se pueden destacar del texto redactado.
Conviene apuntar que en su confección y desarrollo –según parece- han contribuido activamente Álvaro García Ortiz, número tres de la Fiscalía General, en su calidad de Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica y, fiscales próximos a la APF (Asociación Progresista de Fiscales), todos ellos del entorno de Dolores Delgado García, la Fiscal General del Estado. En ningún caso se convocó, como hubiera sido lo lógico y natural, a la Junta de Fiscales. Una forma muy poco transparente y prudente de actuar, más al contrario muy desafortunada y sospechosa de parcialidad y subjetividad.
La situación se enmarca dentro de un contexto contaminado políticamente y, que en esta situación concreta, ha demostrado ser plenamente cierto. La Fiscalía General del Estado, desde el 26 de febrero, en que la ex ministra de Justicia prometió su cargo ante Su Majestad el Rey, Felipe VI, ha pasado a convertirse en una Secretaría de Estado, o lo que es peor, en un comisariado político de la Moncloa. Jamás la intromisión del poder ejecutivo en el quehacer del poder judicial había llegado tan lejos. El presidente, Pedro Sánchez, con su característica arrogancia y prepotencia, ante toda España, declaró que el Fiscal General del Estado es nombrado por el presidente del gobierno. La soberbia y la altanería demostrada son insultantes. El sentimiento de superioridad es tal, que desprecia cualquier gesto de decoro y prudencia. Pues… de aquellos polvos estos lodos, de estos lodazales estos barrizales. Todo era cuestión de tiempo el que ocurriera tal desmán.
Pero “El navajazo” no ha quedado sólo ahí, que ya es muy grave y vergonzante, despreciativo y repugnante hacia todos, esta semana, el lunes día 21, durante la entrevista efectuada por Carlos Alsina en su programa “Más de uno”, se despachó, sin prejuicio alguno, contra algunos de sus compañeros de la carrera fiscal. Su incontinencia verbal le desacredita profesionalmente y me ratifica en la creencia de su innoble actuación como redactor del informe. Quiso, con total descaro, con falta de escrúpulos y, con un estilo chulesco, dar la vuelta a la tortilla. Es decir, descalificó y dejó claro que la intromisión en sus diligencias –si es que se pueden llamar así- fue por parte de fiscales “esclavos de su ideología”, nunca de los acólitos de la ex ministra. Llegó a señalar a Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, anterior Fiscal General del Estado, y aunque no citó su nombre, mencionó a “otro compañero”, que bien podría ser Fidel Ángel Cadena Serrano, como personas que le presionaron para que revisara su informe. Este nuevo navajazo a sus compañeros ha generado amplio malestar dentro del mundo de la Justicia, pero también en amplios círculos de la opinión pública.
Cristina Dexeus Ferrer, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), asociación que representa a más de medio millar de fiscales, no ha dudado en manifestar su malestar y, con la delicadeza propia de su función, comenta que en la redacción del informe hubiera sido conveniente, para dar mayor fiabilidad y consistencia, el concurso de la Junta de Fiscales.
Luis Navajas Ramos quiere despedirse del ruedo dando que hablar, mal por cierto, tanto de él, como de su jefa inmediata. Su próxima jubilación le ha permitido esta despedida por la puerta de atrás, a navajazo limpio. De la ex ministra socialista, ahora jefa suprema de la Fiscalía General les hablaré despacio. No me duelen prendas en decir que se ha convertido en la delegada del gobierno social-comunista al frente de tal alta institución. Se ha profanado la división de poderes y se ha intoxicado, políticamente, el poder judicial.
José María Nieto Vigil