Hablo aquí, como el lector puede imaginar, de la Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, probablemente el más aborrecible, peligroso y anómico proyecto de “ley” que haya sido concebido por régimen alguno, desde el surgimiento del Estado moderno, a lo largo del siglo XVI.
Por más de 400 años, examinados en su corriente general, los juristas y los legisladores han producido leyes para organizar y hacer posible la convivencia en la sociedad. La instauración del Estado moderno ha sido una lucha permanente, con no pocos reveses en su recorrido, por crear una estructura legal, institucional y política que superara la práctica del absolutismo, el régimen en el que un solo hombre lo puede todo. Absolutamente todo. El Estado de Derecho, la más significativa invención del Estado moderno, es justamente eso: el esfuerzo por proteger a los individuos de los abusos del poder, de los dictados unilaterales, el reconocimiento de que las personas tienen derechos que deben ser estructuralmente inviolables.
La lógica de fondo, que mantiene intacta su plena vigencia, ha sido la de encontrar una correspondencia entre derechos y deberes, entre posibilidades e imposibilidades. Muchos han entendido que el mejor modelo posible es aquel que establece obligaciones y límites al poder. Contrapesos. Formas de supervisión y contraloría. Contra esos controles han actuado y actúan los enemigos de las libertades y la democracia. Tiranos y dictadores se movilizan siempre bajo la misma aspiración totalitaria: la de detentar todo el poder posible, sustraído de controles. El dictador siempre aspira a lograr una condición que les permita decidir y hacer a su antojo e intereses, sin sopesar ningún otro factor distinto a sus propios deseos. Para lograrlo, tiranos y dictadores han liquidado las leyes y las instituciones, y, cada vez que ha sido necesario, han aplastado a las sociedades y han matado a los hombres que pensaban de otro modo.
El proyecto de Ley antibloqueo es una aberración: su eje, su principio medular, es que toda ley puede ser desconocida. Ni más ni menos. Propone que se le otorgue al dictador poderes para ‘desaplicar’ el ordenamiento jurídico. Esa desaplicación, tal es la promesa, serviría para reconstruir el funcionamiento de la economía, esa economía que el mismo régimen ha destruido, pieza a pieza, de forma irreversible en algunos casos -como en los casos de Petróleos de Venezuela y de las empresas básicas de Guayana, para mencionar solo dos de los más emblemáticos de su implacable programa de destrucción-.
Debo insistir en el punto crucial: de lo que se trata -sigo aquí el claro análisis del eminente jurista Allan Brewer-Carías- es de suspender las normas jurídicas, incluso aquellas que tienen un carácter constitucional. Lo que se pretende es despejar el terreno, incluso sobre leyes orgánicas y hasta sobre legislaciones específicas sobre ciertas materias, para que la Ley antibloqueo autorice al dictador a tomar medidas contrarias o negadoras de la Constitución y del marco legal vigente.
Pero esto no es todo. Copio a continuación un fragmento del texto de Brewer-Carías, “La Ley Antibloqueo: La monstruosidad jurídica para desaplicar, en secreto, la totalidad del ordenamiento jurídico”, que tiene la más estratégica importancia: “El marco de inseguridad jurídica regulado expresamente en el proyecto de Ley, basado en la potestad otorgada al Ejecutivo Nacional para desaplicar todo tipo de normas que considere indispensable para ejecutar las medidas destinadas a implementar los objetivos de la Ley, se completa en una forma por demás aberrante y asombrosa, al disponerse que dicha “desaplicación” de las normas, debe necesariamente hacerse en el marco de lo secreto, de espaldas y fuera del conocimiento de los ciudadanos”. Es decir, el dictador aspira a tomar medidas que seguramente afectarán de forma decisiva, las vidas de personas y familias en todo el país, y que el contenido de esas medidas no se conozca. Esto debe traducirse en que cualquier acto de difusión o divulgación de las medidas podría ser castigado por la ley.
¿Y qué clase de medidas quiere tomar el dictador? ¿Qué se propone hacer, que requiera desconocer el marco legal vigente y crear una gigantesca caja negra informativa, de la que nada se sabría? ¿Para qué ha creado este adefesio que niega la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho? Respuesta: para buscar dinero, donde quiera que se encuentre. ¿Y qué se propone? Entregar las riquezas venezolanas a China, a Rusia y a Irán, lo cual incluye zonas enteras del territorio. Quiere entregar la PDVSA arruinada y las arruinadas industrias básicas. Quiere privatizar los servicios eléctricos y la CANTV. Vender al mejor postor la explotación maderera nacional. Rematar los parques nacionales, incluyendo tajadas enteras del Amazonas, para hacer crecer el territorio del Arco Minero, y rematar el Archipiélago de Los Roques, para vender una concesión que permita al comprador hacerse del control total de las operaciones turísticas por 20 o 25 años. Se propone entregar el control de las empresas del Estado a la gestión de empresas bielorrusas y rusas. Crear cotos territoriales para las operaciones militares de Irán. No solo eso: también permitir la inmigración masiva de chinos, rusos e iraníes. En una frase: la Ley Antibloqueo es la organización del saqueo final de Venezuela, la venta a saldos del país, ejecutada de forma inconsulta, en negociaciones secretas, opacas y corruptas, realizada por un poder usurpador, ilegítimo, ilegal, fraudulento, criminal y protagonista estructural de delitos de lesa humanidad.
Miguel Henrique Otero