He leído en un tuit de Héctor Blanco Fombona un dato revelador sobre las causas de la segunda tragedia de Las Tejerías: tras la expropiación de los terrenos colindantes con la Autopista Regional del Centro, comenzaron las construcciones sin permiso en zonas de riesgo: quebradas, cabeceras y riberas de ríos. Se repetía así el histórico proceso de innumerables barriadas en todo el país, que se instalan o crecen en zonas carentes de las mínimas garantías urbanísticas.
Lo ocurrido en Las Tejerías me ha hecho recordar el palabrerío de Hugo Chávez, los primeros días de enero de 2000, tras el deslave de Vargas. En una declaración dijo que, en menos de cinco años, todos los habitantes del país que vivieran en zonas de riesgo saldrían de esos lugares y serían trasladados a viviendas seguras, con todos sus servicios.
Han transcurrido casi 23 años de aquella mentira y el balance es el peor que podamos imaginar: la superficie de las zonas habitadas de alto riesgo ha crecido casi en 50%, casi la mitad de las familias del país viven en condiciones de vulnerabilidad (tal como lo ha puesto en evidencia la serie de Encovi), el número de barriadas que se ubican en las proximidades de cursos de aguas, barrancos y terrenos inestables no ha parado de crecer. En manos de los vándalos, el Estado, en vez de tomar medidas para revertir esta tendencia, lo que ha hecho es alentar las invasiones y ha apadrinado la construcción de precarias viviendas. En otras palabras: ha estimulado unas prácticas que hacen crecer la dependencia.
En un primer momento, tras las primeras imágenes de la tragedia, en las redes sociales se activó la solidaridad y las iniciativas para organizar ayudas. También se destacó el esfuerzo y heroísmo de los grupos de rescate, cuyos esfuerzos casi sobrehumanos han salvado algunas vidas. Los venezolanos hemos visto con estupor la casi desaparición de una pequeña ciudad en la que vivían un poco más de 50.000 personas.
La primera cuestión de fondo que merece ser mencionada, es que Venezuela suma más de veinte años, y esto es literal, sin proyectos de infraestructura, sin una política de construcción, mantenimiento y consolidación de las vías, los espacios públicos, la infraestructura de pueblos y ciudades, y de los servicios públicos. El régimen, y esto hay que debatirlo, tiene por omisión y como fruto de la corrupción una responsabilidad directa por las víctimas y la destrucción que estamos presenciando en distintas regiones del territorio, a consecuencia de las lluvias. La política predominante, que nadie lo dude, ha sido la de la corrupción: decretos y aprobaciones de recursos para obras que se necesitaban, pero que se quedaron paralizadas o que ni siquiera comenzaron a ejecutarse. En YouTube, por cierto, hay siete videos de una serie organizada por la Academia de Ingeniería y el Hábitat, en concreto, por su Comisión de Infraestructura, dedicada al tema de las obras públicas inconclusas y paralizadas. La cantidad de hechos, cifras y realidades que los exponentes aportan, no deja lugar a las dudas: han predominado la incompetencia, la improvisación, el despilfarro, las conductas de un régimen al que nada importa, salvo cómo robar el patrimonio público.
La segunda cuestión tampoco contiene alguna novedad: conocían del riesgo y no hicieron nada. Sabían que los suelos estaban saturados -lo confesó Maduro-, y que el dique ubicado en la parte superior de la zona -entiendo que se llama Laguneta de la Montaña, de acuerdo al testimonio de distintos vecinos- estaba a punto de reventarse. Once días antes se había desbordado la quebrada Los Patos y no hicieron nada. Absolutamente nada. Esta omisión debería ser causa suficiente para llevar a los responsables ante un tribunal y someterlos a juicio.
El tercer asunto que debo mencionar aquí, se refiere a la reacción del régimen. A su incompetente sobrerreacción. Por fortuna, ha sido la vocación reporteril de algunos ciudadanos, lo que nos ha permitido asomarnos, no más que asomarnos, en primer término, al extremo carácter de la devastación (escuché a un vecino de Las Tejerías advertir que lo que hemos alcanzado a ver, no es más que una pequeña muestra de la magnitud de la destrucción); y, además,nos ha convertido en testigos del modo en que los militares han llegado a la zona: la han ocupado con una actitud y unos procedimientos, como si las víctimas fueran enemigos que deben ser sometidos. Como si los grupos de rescatistas, bomberos, médicos y paramédicos fuesen soldados rasos, que están obligados a someterse a sus órdenes y arbitrariedades. Como si la ayuda ciudadana, de oorganizaciones no gubernamentales y de algunas instituciones, debiera estar sometida a sus alcabalas y controles. Como si los periodistas fuesen enemigos a los que apartar de la zona -expulsarlos- para que no documenten sus actuaciones.
Porque de lo que se trata es de ocultar. ¿Ocultar qué? Que su objetivo primordial es convertir la ayuda en botín. El día en que escribo este artículo, 12 de octubre, han comenzado a circular denuncias que hablan de lo que ya ha comenzado a pasar con los mecanismos de distribución previsibles de los bienes que van llegando: una pequeña parte para los damnificados. La tajada mayor, a repartir entre uniformados, felones del PSUV y otros inescrupulosos.
El video de un vecino que tantos hemos visto, donde cuenta que Maduro solo llegó hasta la entrada de la zona más afectada, y no pasó de allí, constituye la metáfora de lo que viene: nada en profundidad. Ningún plan que intente restituir, en alguna medida, las condiciones básicas de la vida de sus habitantes. La decisión de aceptar ayuda internacional, agrega más luz a la cuestión: quieren los dólares y los productos que vienen de afuera. Las familias de Las Tejerías continuarán en la misma indefensión en que se encontraban antes de que se iniciaran las lluvias: la misma indefensión en la que viven millones de venezolanos.