Uno de los más poderosos magnetismos que caracteriza a la política es que lleva consigo preguntas que no tienen respuesta. Que los asuntos públicos sean objeto de recurrentes especulaciones y controversias se debe, en lo medular, a que, en cuestiones fundamentales, no es posible saber lo que vendrá. Y no me refiero solo al largo plazo. En momentos de crisis, a veces no es posible saber ni siquiera lo que ocurrirá al día siguiente.
Tenemos más de quince años preguntándonos cuál es la elasticidad de la sociedad para tolerar el deterioro; preguntándonos si la nación venezolana ya tocó fondo o si las cosas pueden empeorar todavía más. A lo largo de los últimos años, especialmente desde 2013, ha habido períodos -dramáticos, en los límites de la resistencia ciudadana- en que parecía que las cosas no podían empeorar más. Y empeoraron. Empeoraron como si nuestra vida pública, bajo el régimen de Chávez y Maduro, consistiera en demostrar que la destrucción siempre puede dar un próximo paso hacia el abismo.
A finales de noviembre, en la farsa de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional -discurso que fue citado por la prensa de todo el planeta, y que los chats del gobierno repitieron hasta posicionarla en el primer lugar de todos los buscadores-, Maduro dijo que el producto interno bruto de Venezuela crecería 18,7%. Un mes más tarde, el 30 de diciembre, el Banco Central de Venezuela rompió su mutismo crónico y dijo que el crecimiento había sido de 17,7%. Varios de los economistas, a partir de cálculos independientes, estimaron que el crecimiento, en el mejor de los casos, podría haber sido de 12%.
Sin embargo, esa puntual mejoría, crecimiento comparado contra un 2021 que fue catastrófico, no puede ocultar la gravedad acumulada de la crisis venezolana a lo largo de toda una década. En el período comprendido entre 2013 y 2021, el producto interno bruto -sobre el cual Maduro no dijo ni una palabra en casi 10 años- sufrió una caída de 80%. Este 80% es una aproximación a distintas cifras: algún experto la ubica en 79,4%, el Fondo Monetario Internacional dijo que superaba el 80%. Como se sabe, la opacidad sistemática, la liquidación de la transparencia informativa por parte de las instituciones del régimen, hace imposible saber cuál es el comportamiento estadístico de la economía venezolana, lo que incluye la imposibilidad de saber qué ha ocurrido y qué está ocurriendo con la producción petrolera.
En mi artículo de la semana pasada, recordaba a los lectores que Maduro anunció -durante la misma farsa de noviembre de 2021- que durante el 2022 la producción petrolera aumentaría a 1 millón de barriles diarios. A nadie ha sorprendido que no se cumpliera. Nadie creyó entonces que esa meta se alcanzaría. Los analistas, que no tienen otra alternativa que consultar fuentes indirectas, han estimado que el promedio anual estuvo entre 670.000 y 690.000 barriles por día. Este dato, de la mano de la caída del PIB de 80%, son dos de los elementos que debemos poner en la mesa para responder a la pregunta, de ¿qué hay más abajo del fondo?
Durante el mismo período, década trágica de nuestra historia (2013 – 2022), la nación venezolana cayó en picado: la huida del país, el proceso de migración forzosa alcanzó la cifra espeluznante de 7,1 millones de personas, es decir, casi 18% de la población, lo que constituye una pérdida de incalculables consecuencias sociales, económicas, políticas, familiares y más. El balance de esta descapitalización de vida humana, de capacidades, de interacciones de toda índole, está por conocerse y evaluarse.
De forma simultánea, la lógica de empobrecimiento de la sociedad, articulada desde el poder, triunfó: la destrucción de la industria petrolera, del aparato productivo, la erradicación de las oportunidades, el colapso de los servicios públicos, la militarización del territorio, el auge de la delincuencia organizada, las políticas encaminadas a provocar la escasez de alimentos y medicamentos, todo ello ha conducido a un estado de cosas donde, entre 85% y 95% de la población se ha empobrecido de forma radical, hasta este extremo: 9 de cada 10 personas en la Venezuela de 2023 viven en condiciones de pobreza o de pobreza crítica.
Así, con el PIB destruido; con una producción petrolera que no logra levantarse; sin plan productivo distinto al de la renta petrolera; sin garantías para los inversionistas; con una inflación desatada; sin una estructura productiva capaz de generar empleo significativo; con una nación de familias mal alimentadas; con millones de niños y adolescentes que están siendo educados en un sistema absolutamente deficiente desde todo punto de vista; con una nueva escalada de precios por delante; otra vez con severas fallas en el suministro de combustible; así, cabe hacerse la pregunta otra vez: ¿este estado de cosas significan que Venezuela ha tocado fondo?
Que una cifra entre 23.000 y 26.000 millones de dólares, producto de las exportaciones petroleras, haya desaparecido -robados, regalados, perdidos en transacciones con operadores petroleros del mercado negro- significa que, debajo del fondo hay otro fondo, el de un mayor deterioro de las condiciones de vida.
Lo que ha ocurrido es que al país empobrecido, a las finanzas extenuadas, se les ha propinado un golpe de terribles consecuencias: no hay dinero para los salarios de los funcionarios, sean civiles o militares. Desde las entrañas del propio poder se han producido operaciones de corrupción a una escala inédita; la trama de complicidades supera la más perversa de las previsiones: funcionarios del Ejecutivo, parlamentarios, jueces, militares y enchufados han ido a la fuente de los ingresos, las exportaciones petroleras, y allí han desatado sus ambiciones, sus incompetencias, sus conductas inescrupulosas. Y hay que advertirlo: es probable que el monto de lo robado, a lo largo de los años, sea todavía mayor.
¿Venezuela ha tocado fondo? No: los países no tocan fondo. Lo que equivale a decir que estamos ante un escenario donde el poder dictatorial detenta la fuerza para imponer, pase lo que pase, más hambre, más padecimientos, condiciones más duras de humillación y sometimiento a las familias venezolanas.