Quedan cinco días para que acabe la campaña electoral de las próximas elecciones autonómicas y municipales. La división está en su punto máximo. Los grandes partidos están en una lucha cruenta por algo que nadie anticipó antes de que comenzara el proceso electoral: la vuelta de ETA a las listas electorales después de veinte años.
En el año 2002, el asesinato de Silvia, una niña de ocho años, en el atentado de Santa Pola trajo como consecuencia la activación de la Ley de Partidos impulsada por el Ministerio de Justicia, liderado por Ángel Acebes y José María Michavila. Con el apoyo del PSOE, impulsado por el ahora eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, lograron uno de los mayores acuerdos políticos de la historia reciente de España.
Los dos grandes partidos de nuestro país, PP y PSOE, se unieron y lograron sumar los apoyos de la extinta Convergencia i Unió y de Coalición Canaria. Trescientos tres votos favorables al que se le unió el de Gaspar Llamazares de IU que se equivocó al votar. En frente los votos en contra de IU, PNV, ERC, EA, ICV, BNG y la CHA. No hubo ninguna abstención.
Los que hoy forman Podemos y los partidos de la izquierda independentista se opusieron a la Ley de Partidos. Pero la mayoría de los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados se unió por un bien común, la dignidad de las víctimas, la justicia y el respeto a las instituciones que velan por la libertad y la vida de los españoles. PP y PSOE se dieron la mano en un acuerdo sin precedentes en un tema de enorme importancia y de gran calado social.
Esos acuerdos ya no existen. Los puentes para llegar a grandes acuerdos se han volado. Ni en educación, ni en sanidad, ni en la forma de elegir a los jueces del CGPJ, en nada. Los grandes perjudicados de este distanciamiento somos los ciudadanos. A pesar de que hemos dado señales de querer consensos, de querer que nuestros representantes lleguen a acuerdos en temas clave que nos afectan en el día a día.
Hoy los ciudadanos pedimos que ETA no vuelva a las listas electorales. Que no manche las instituciones. Que se mantenga el respeto y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Cuando ETA mataba lo hacía por diferencias políticas. No puede ser que esos que mandaban matar, participaban en cómo matar, disparaban la pistola o apretaban el detonador estén en listas electorales hoy.
Si un político que ha sido condenado por corrupción o por sedición es inhabilitado a veinte o cuarenta años sin poder desempeñar un empleo o cargo público, no puede ser que un asesino o colaborador del asesino pueda estar en una lista electoral.
PSOE y PP deben ahondar en la Ley de Partidos e introducir esos puntos que eviten a futuro situaciones similares. El PSOE y el PP de los años dos mil ofrecieron numerosos ejemplos de acuerdos. De sentarse a mejorar la vida pública. De no levantarse hasta que no tenían un documento firmado por ambos que mejoraba el día a día de los españoles.
Ojalá los Acebes, Michavila o Aguilar de esa época sean un ejemplo para los que hoy nos gobiernan y para los que nos gobernarán. Y no dejemos que los populistas de derecha e izquierda hagan ruido y boicoteen esos posibles acuerdos por meras supervivencia electoral y personal. Nos queda mucho por exigir a los representantes políticos y este tipo de acuerdos son lo primero que deseamos los españoles.