Políglotas versus plurilingües políticos

Confieso no superar mi indignación por el hecho de tener que escuchar a los (mis) representantes de la soberanía nacional en un idioma que no sea el común de todos los españoles. Siempre he considerado una suerte y un signo de riqueza intelectual el hablar otros idiomas diferentes al de la lengua materna. España nunca fue país de políglotas ni se le concedió importancia al conocimiento de otros idiomas en los planes educativos hasta bien entrados los 80 en los que se empezó a revertir esta tendencia. Aquellos que fuimos educados en los modelos educativos anteriores a esos años tuvimos que buscarnos la vida para solventar tal carencia o tener la suerte de que alguien nos la solventara. El poliglotismo se convirtió en un valor añadido a la formación que abría innumerables puertas laborales al tiempo que te confería un cierto estatus social muy valorado entre las élites dominantes. Afortunadamente hoy impera una tendencia al bilingüismo educativo o, cuando menos, la convicción generalizada de que hablar otros idiomas –singularmente el inglés– te abre espacios laborales así como un mundo de relaciones y conocimientos casi inabarcables. Digo esto para que nadie dude en mi convicción de dominar otros idiomas –cuantos más mejor– en el desarrollo personal y profesional. Hablar idiomas te enriquece y te abre al mundo como ningún otro conocimiento, por mucho que la tecnología haya avanzado en este terreno.

Dicho esto, no puedo sino sentir indignación por tener que escuchar a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados en lenguas –que en muchos casos ni son maternas– diferentes a la común de todos los españoles, esto es, el español. Esto me ocurrió cuando hace unos días me propuse seguir el debate sobre la toma en consideración de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados a través de su página web. Como muchos españoles no tengo dificultades en entender el gallego o el catalán –no ya el euskera– pero me niego a tener que escuchar a sus señorías por medio de traductores que, en muchas ocasiones, ni siquiera coinciden en el género de a quien traducen. Por no decir que es en la interpretación del código en el lenguaje lo que da plenitud a la comunicación. No tengo nada contra las lenguas cooficiales de las diferentes regiones de España y convengo que dominarlas son fuentes de riqueza para quienes así lo hacen como convengo igualmente que no hay nada más estúpido y descortés que hablar en una lengua diferente a la de tu interlocutor cuando existe una lengua común entre ambos.

Los que hemos tenido la suerte de tener que trabajar en otros países de distinto habla aceptamos de forma natural que cuando alguien no habla el idioma local se busca otro en el que todos –o la mayoría– dominen. Es cuestión de cortesía y de sentido común. El mismo del que carece la exposición de motivos del reglamento que se aprobó en septiembre de este año en el Congreso de los Diputados, a imagen y semejanza de la reforma del reglamento del Senado que se hizo en sucesiones ocasiones y de forma gradual desde 1994 hasta 2010. En esa exposición de motivos se aduce que “la puesta en práctica de las reformas que permitieron introducir las diferentes lenguas oficiales en los debates parlamentarios, y muy singularmente la implementación de un sistema de traducción simultánea, han sido muy positivos y han venido a demostrar que el uso de las lenguas oficiales (nótese como detalle que el texto se refiere a “lenguas oficiales” como si lo fueran en todo el territorio nacional), la práctica del plurilingüismo, aplicando los recursos tecnológicos de traducción hoy disponibles, no solo no constituye un obstáculo para el normal funcionamiento de la vida parlamentaria de esta Cámara sino que la enriquece y favorece un clima de libertad, de normalidad y, en definitiva, de convivencia democrática”.

El primer argumento se refiere a que no constituye un obstáculo para el normal funcionamiento de la vida parlamentaria gracias a los recursos tecnológicos. ¡Ni el más insensato de los mortales mantendría el argumento de que un “pinganillo” no sea un obstáculo físico ni lingüístico! No vendría mal recordar el mito bíblico de “La Torre de Babel” que fue el castigo divino al que sometió a los constructores de una torre que pretendía alcanzar el cielo –lo que Yahve entendió como una ofensa–  haciéndoles hablar a cada uno en un idioma diferente para, en su incapacidad de entenderse, “obstaculizar” precisamente su construcción. El segundo, sostiene que además enriquece y favorece un clima de libertad, de normalidad y de convivencia democrática. Aceptemos –que es mucho aceptar– que hablar cada uno en el idioma de su comunidad sea un acto de libertad individual, pero entonces que no se obligue a que sea en una lengua cooficial pues de ser así será un acto de libertad condicionada. Ya puestos, y si se trata de plenitud de libertad, que cada uno lo haga en el idioma que le venga en gana, ya sea en ruso, polaco o neerlandés. ¡Con qué facilidad se apela a la libertad y qué poco se sabe de ella! El tercero es el de la normalidad. Pues que quiere que le diga –estimado legislador–, que dos se comuniquen en un idioma que no hablan teniendo uno en común, la verdad, no me parece un ejemplo de mucha normalidad. Y el último; el de la convivencia democrática. Convivir significa vivir en compañía, es decir, en unidad. Y nada divide más que un idioma no compartido. Hagan la prueba: pongan tres ingleses, tres franceses y tres polacos juntos que únicamente hablen sus propios idiomas y ya verán lo poco que tardan en juntarse de tres en tres sin mezclarse los unos con los otros. Ningún argumento aducido me parece válido, sensato ni creo que aporte nada a la convivencia ni a la normalidad

Es evidente que estas no pueden ser las razones para “imponer” una medida tan absurda. Es evidente que solo responde a las exigencias de esa “mayoría progresista” tan cacareada y que tanto nos cuesta en recursos y destrucción de la convivencia. El nacionalismo excluyente es muy consciente de que nada diferencia y separa más en una comunidad que el idioma, máxime cuando sus otros elementos diferenciadores –por cierto, ya descontados– como la historia, el arraigo o los pretendidos derechos políticos son un constructor emocional difícilmente sostenibles en la comunidad internacional ni en la realidad sociopolítica española. De ahí la importancia para los partidos separatistas de encontrar y fomentar elementos disgregadores que hoy lamentablemente cuentan con la irresponsable connivencia de la actual dirección socialista y de sus socios de gobierno.

Nuestra Constitución en su artículo 3 nos advierte de que el castellano (español) es la lengua española oficial del Estado, y que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. Ese derecho se refiere tanto al emisor como al receptor de la comunicación, es decir, me obliga tanto a hablar el español como a entenderlo –por absurdo que suponga recordarlo– y, en consecuencia, me otorga el derecho de manifestarme en español pero también el derecho de entender a los representantes de la soberanía nacional lo cual sólo es posible si me hablan en el idioma compartido. Ese es el derecho que me niegan sus señorías cuando se dirigen a mi en otra lengua que no sea la común y compartida por todos los españoles. Y eso es lo que me indigna. Pero claro que puede que no se dirijan a mi y que solo tengan la intención de dirigirse a “sus representados” pues con ellos no parece ir lo de que «las Cortes Generales representan al pueblo español” que es donde reside la Soberanía Nacional, como dice nuestra Constitución. En fin, señorías (de la mayoría progresista del Congreso), no hay quien les entienda. Sean más políglotas y menos plurilingües políticos.

Rábago

Madrid, 14 de diciembre de 2023