El pasado viernes por la noche todos nos sobrecogimos cuando nos enteramos de una terrible noticia: en el puerto de Barbate, Cádiz, unos narcotraficantes a bordo de una embarcación de 14 metros y cuatro motores embistieron violentamente a una zodiac de goma de apenas 6 metros en la que iban seis agentes de la Guardia Civil. Dos de ellos murieron. Otros dos resultaron heridos, perdiendo uno de ellos un brazo a causa de las heridas producidas. Una vez más la lacra del narcotráfico se hacía visible de la manera más trágica y abominable, con el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil. Desde aquí no puedo sino trasladar mis condolencias y unirme al dolor de los familiares, amigos y compañeros de los agentes.
España es la encrucijada de las vías de distribución de droga hacia Europa y esa realidad no podemos cambiarla. Esta situación geográfica nos convierte en lugar de tránsito privilegiado de tan detestable mercancía. Por tanto, la presión de las diferentes organizaciones mafiosas sobre nuestro país, especialmente sobre nuestras costas es evidente. En las últimas décadas, el narcotráfico se ha consolidado y hecho fuerte en la zona del Estrecho aprovechándose en buena medida de la situación social de la zona, con un elevado paro estructural que facilita la penetración de este terrible cáncer en la sociedad. Se viene alertando desde diferentes ámbitos de que las mafias actúan de manera desacomplejada y violenta en el triángulo del Estrecho. Desde 2016 han muerto más de 20 personas, entre ellas cuatro agentes, en encontronazos con el narco en tierra y en el mar. Frente a esta situación no cabe sino contundencia desde todas las instancias e instituciones y unidad de todos frente al narcotráfico.
Sin embargo, en medio del dolor y la indignación que durante estos días nos recorre a todos, con especial incidencia lógicamente entre los familiares, amigos y compañeros de los agentes asesinados, observamos con preocupación cómo desde algunos ámbitos se trata de instrumentalizar este hecho para convertirlo en ariete político contra el Gobierno, concretamente contra el ministro Marlaska, culpabilizándole de la muerte de los agentes debido a una supuesta falta de medios y recursos de la Guardia Civil para hacer frente a las bandas de narcotraficantes. Resulta vergonzoso e indignante escuchar estos últimos días las declaraciones de dirigentes del Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, pidiendo la dimisión del ministro. Casi tan indignante como las declaraciones en el día de ayer de la Presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en sede parlamentaria sobre por qué no se trasladaron a ancianos de las residencias a los hospitales en pandemia: “no se salvaban en ningún sitio”. Así, sin más, como quién no quiere la cosa, admitió indirectamente la aplicación de unos protocolos que durante largo tiempo negó haber activado y que supusieron 7.291 muertes de ancianos. Pero aquí no pasa nada.
En fin, volviendo a Feijóo y compañía, y sus declaraciones carentes de cualquier rigor y lealtad institucional, convendría recordarles la ausencia de inversión y medios para combatir en esa zona a los narcotraficantes durante la etapa de gobierno del PP de Rajoy. Desde julio del 2018, con la llegada de Marlaska a interior en el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez, se han invertido 40 millones de euros en adquisición de vehículos, embarcaciones, drones, etc., destinados a las unidades que actúan en el campo de Gibraltar, dentro del ‘Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar’, un despliegue que se ha renovado ya hasta en tres ocasiones, la última de ellas el pasado diciembre. Frente al gobierno del PP, cuya inversión fue cero, la ejecución del plan en materia de recursos materiales y humanos ha supuesto una inversión total de 82,1 millones de euros entre julio del 2018 y diciembre de 2023. Que con estos datos comparativos el PP aún tenga la desfachatez de pedir dimisiones produce, cuanto menos, sonrojo. En vez de arrimar el hombro en la búsqueda de soluciones, una vez más tratan de aprovechar los problemas, en este caso las desgracias, para sacar réditos, o quizás, quien sabe, para crear una bomba de humo que nos distraiga a todos de ese tan repentino como inexplicado cambio de parecer de Feijóo sobre Puigdemont y el tratamiento judicial que habría que darle desde el Estado. Un Núñez Feijóo cada vez más prisionero de su personaje, cuasi caricatura, que cada vez es menos creíble y menos de fiar para los españoles, incluidos aquellos que se consideran conservadores. Veremos que nos trae Galicia.
Sin duda desde el Gobierno de España se debe analizar con detenimiento lo sucedido en este trágico caso y si, tras la exhaustiva investigación de los hechos se determinaran errores, reconocerlos, asumirlos y corregirlos para desde ese reconocimiento buscar e implantar soluciones en todos los ámbitos que garanticen la seguridad de todos, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ciudadanos en general, frente al narcotráfico y sus consecuencias. Seguramente se necesita aún dotar de más medios técnicos y humanos a quienes combaten en primera línea este fenómeno. Seguramente también sea preciso acometer cambios en el ámbito de la justicia. Hágase todo ello con la urgencia y determinación necesarias y, si es posible, desde la lealtad y unidad de todos aquellos que queremos que acabe de una vez por todas esta lacra.