Entre todos lo mataron y el solo se murió. Este popular dicho español, que no significa otra cosa que nadie asume la responsabilidad de una acción cuyo resultado suele ser fatal, y ello debido a la acción de varios factores, representa perfectamente el estado de nuestro Campo.
Un país como España, en el que históricamente ha tenido tanto peso el sector primario, aunque ahora ya estabilizado entorno al 10%, al convertirse en un país de servicios, está dejando morir un sector productivo que debería ser un orgullo para todos los ciudadanos, gobierno incluido.
Evidentemente las causas de estar llegando a la actual situación son complejas, sin olvidar nunca que la agricultura y la ganadería son trabajos muy duros, que no permiten descansos ni vacaciones y en los que es complicado que se produzca un relevo generacional.
Pero lo que está convirtiendo la situación en terminal, agravándola, es la actitud de la Comisión Europea y del Gobierno de la Nación.
El problema no es tanto la Agenda 2030 o el Pacto Verde, sacralizado o demonizado por los extremos políticos. El verdadero problema es la interpretación y aplicación tan sectaria y dogmática que de dichos Pactos está haciendo la Comisión, y en comandita, el gobierno español.
Y esta aplicación tan sectaria nace exclusivamente de que las políticas respecto al medio ambiente, están siendo ideadas por radicales ecologistas-urbanitas que obvian que quienes mejor defienden precisamente el Campo (y más aún en una España, cuyo territorio se va vaciando cada vez más), son precisamente agricultores y ganaderos. Ellos cuidan del hábitat, regeneran y mantienen el ecosistema, y fijan población.
Y cuando alguien se mueve desde el sectarismo urbanita, la Política Común Agraria aprobada hasta 2027 no puede ser sino como es la actual: con menos dinero para el campo (5.000 millones aproximadamente menos), con más exagerados requisitos medioambientales que lleva a los agricultores al límite, con más imposiciones y más trámites burocráticos que les hacen perder el tiempo y la inmediatez propia de su trabajo, y con más costes, producidos por el aumento de precios de energía, gasoil, fertilizantes, semillas y piensos; todo ello además agravado por el afán recaudatorio rozando lo depredador, con el que este gobierno sanchista castiga a todos los sectores productivos.
Todo esto encarece los costes de producción y hace que ya no sea rentable lo que el productor recibe en el mercado por sus productos. Mientras tanto, para completar este circulo vicioso contra el Campo español, se está favoreciendo desde ambos gobiernos, la importación de estos mismos productos desde países en vías de desarrollo, en los que como es lógico, no hay tanta limitación y prohibición.
La respuesta a todo esto está siendo brava y valiente: los agricultores y ganaderos van a luchar hasta el fin por su tierra, por su trabajo y por su vida.
Se han movilizado y van a seguir movilizados de manera permanente, hasta que los gobiernos central y comunitario entren en razón. Y lo pueden hacer porque cuentan con la solidaridad y la simpatía, mezcladas ambas con una gratitud por la calidad de sus productos, de la casi totalidad de los españoles.
Sus demandas son entendibles y con voluntad política, si la hubiera, se podrían encauzar y hasta solucionar. Flexibilizar la PAC, eliminar la burocracia, y crear una fiscalidad más favorable para ellos son tres políticas en las que habría que trabajar. Pero insisto, tendrían que tener voluntad política ambos gobiernos, es decir, deberían tener una mínima sensibilidad con nuestros ganaderos y agricultores.
Por cierto, una sensibilidad de la que carece el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Madrid, cuya respuesta a las movilizaciones en Madrid de nuestra gente del campo, ha sido una violencia desmedida con alguien que solo esta clamando por su supervivencia.
Pero así es el sanchismo: fuerte y duro con los débiles y los ciudadanos honrados, y transigente y débil con los separatistas y los amigos de los terroristas.