Es llamativo el histórico interés que la derecha española ha demostrado tener sobre todos los aspectos que tienen que ver con el ámbito de la Justicia. A tal punto llega la importancia que le confieren que incluso el Partido Popular tiene en su Comité Ejecutivo Nacional un responsable específico dedicado exclusivamente a la Justicia. Por ese puesto han pasado desde un Federico Trillo a un más reciente Enrique López. El discurso, las políticas y las propuestas sobre justicia que se impulsan desde la derecha, particularmente desde el PP, siempre van asociadas a un término, independencia. Cada vez que realizan una propuesta de reforma, siempre dicen hacerlo para preservar, asegurar y reforzar la independencia de la Justicia, entendida esta como el valor superior y casi único. confundiendo intencionadamente justicia y Poder Judicial.
Esta obsesión de la derecha por la Justicia la vemos también en la Comunidad de Madrid, a pesar de sus escasas competencias sobre la materia, más allá de la provisión de los medios para la Administración de la Justicia. La próxima semana el Pleno del Congreso debatirá y votará una proposición de ley aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, promovida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para que los Parlamentos autonómicos dejen de proponer, mediante la elección de una terna, el nombramiento de jueces para los Tribunales Superiores de Justicia de su comunidad, lo que implica modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que uno de cada tres magistrados de las Salas de lo Civil y de lo Penal de los TSJ se designan por las asambleas parlamentarias. De nuevo el PP utiliza el mantra de la supuesta defensa de la independencia de la Justicia para justificar la idoneidad y oportunidad de la iniciativa. Todo demócrata no puede sino estar de acuerdo con la defensa de un modelo de justicia (bueno, en realidad Poder Judicial) independiente, pero hay varias consideraciones que hacer al respecto. En primer lugar, esa independencia no puede basarse única y exclusivamente en cambiar el paradigma de la elección de los jueces en España, principal y casi único empeño de la derecha. Es indispensable que, junto a parámetros de objetividad y razonabilidad, en los procesos de elección concurran principios de igualdad y no discriminación, así como publicidad y transparencia en las condiciones establecidas con anterioridad en el método de elección. La garantía de estabilidad en el cargo también ha de tomarse en consideración. En segundo lugar, no se puede soslayar lo que establece de manera clara e inequívoca nuestra Constitución, que los poderes de un Estado democrático emanan del pueblo. Por eso la Carta Magna establece que una parte de los nombramientos en el ámbito de la Justicia se elija por los órganos representativos, porque es la única forma de introducir el principio democrático en un poder del Estado que no puede ser solo meritocrático. El Poder Judicial tiene que moverse en un triángulo cuyos vértices son el principio democrático, el principio meritocrático y la independencia de la Justicia, cuestión que no se debe confundir con un ejercicio de sobre poder sobre los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, pero eso es motivo suficiente para varios artículos. En tercer y último lugar, es indispensable que las palabras vayan acompañadas de los hechos, algo que a estas alturas el Partido Popular parece no entender ni comprender o, sencillamente, le da igual. No se puede invocar de manera permanente la defensa de la independencia de la Justicia mientras se mantiene bloqueada desde hace más de cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, única y exclusivamente para evitar que, con la actual distribución de escaños en el Congreso, se cambie la actual mayoría conservadora en el CGPJ. Permitir que el principal órgano de gobierno de los jueves siga con un mandato caducado desde hace cinco años y provocar que no se puedan realizar nombramientos para cubrir decenas de vacantes en la magistratura va en contra de lo que marca nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial y desde luego, no contribuye a fortalecer la Justicia (entendida como un todo global y no sólo el Poder Judicial) de nuestro país.
No cabe duda de que la independencia debe ser un valor intrínseco en la Justicia y en quienes la administran, pero para avanzar en su consecución es indispensable el respeto a la misma. Plantear medidas con la finalidad supuestamente de fortalecer y mejorar la Justicia en nuestro país no es creíble si en paralelo se está obstaculizando deliberada y conscientemente su funcionamiento por intereses estrictamente partidistas. Esta manera de actuar desgraciadamente es una constante en el principal partido de la oposición. Dicen defender la Constitución, pero no la cumplen, sino que la quiebran: hablan de igualdad, pero su modelo fiscal siempre favorece a los mismos, a los que más tienen; confunden patriotismo con partidismo e independencia con el control por la puerta de atrás (Cossido dixit). En esa permanente contradicción entre lo que dice y lo que hace vive el Partido Popular.