Este próximo martes día 12, el Congreso debatirá la toma en consideración de la proposición de ley aprobada por la Asamblea de Madrid, y apoyada por el 60% de la Cámara, para modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
Esto no es otra cosa, tras esa formulación en términos legislativos, que los Parlamentos Regionales renuncien a proponer nombrar los magistrados, que les corresponde nombrar por la actual ley, en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
¿Y con esto que buscamos desde esta iniciativa que tendré el honor de defender en la sede de la soberanía nacional? Pues no es otra cosa que los jueces, que son independientes y tienen una profesionalidad absoluta fuera de toda duda, elijan entre el cuerpo de Jueces a quienes van a ocupar tan altos lugares en los órganos más representativos de los jueces. Dicho claramente: que los jueces elijan a los jueces y no los políticos.
Creemos que en estos momentos en que el Poder Judicial es el único poder que resiste las acometidas de ese sanchismo que coloniza e invade todos los resortes del Estado, sean organismos estatales, sean órganos públicos independientes, es necesario mandar un mensaje muy claro de que desde el Partido Popular de Madrid estamos comprometidos con la independencia judicial y con la separación de poderes.
O lo que es lo mismo. Enviamos un mensaje de fortalecimiento de nuestras instituciones porque reforzamos nuestro Estado de Derecho desde el axioma de que los sistemas democráticos descansan en tres poderes que deben ser vigorosamente independientes.
En la actualidad, se está en plena negociación del Consejo General del Poder Judicial, y si no se ha cerrado antes el acuerdo, es porque el sanchismo de manera indisimulada está embarcado en su última batalla por controlar todos los poderes de nuestra democracia. Y si consiguiera este “trofeo”, nuestra democracia sería automáticamente más débil y empezaría una deriva hacia una forma de estado más parecida a una autocracia bolivariana o húngara. Por esta razón y no otra, las instituciones europeas, a través de su Comisariado de Justicia, tras escuchar también las advertencias del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, están tan atentas a lo que está pasando en la Justicia en España.
Y esto no es hacer crítica política basada en la demagogia y el oportunismo. No lo es. El sanchismo ha sido el primer gobierno que ha nombrado como Fiscal General del Estado, a una ex ministra, sin el mínimo disimulo y decoro democrático. De ser una de las ministras más sectarias, directamente recaló en la Fiscalía General que debe ser siempre un órgano autónomo del gobierno, incluso con el rechazo de la junta de fiscales.
Pero es que el sucesor de Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía, ha sido otro significado socialista, también en contra del criterio de dicha junta de fiscales. Al fin y al cabo, sin ponerse colorado, fue el propio presidente del Gobierno en una entrevista en la radio el que dijo aquello de que “de quien depende la fiscalía, pues eso”.
El Consejo de Estado o el Tribunal Constitucional, también órganos que deberían ser sagrados en su independencia, son presididos en la actualidad por socialistas ilustres, y también cuestionados en su independencia e imparcialidad.
En definitiva, Madrid presenta esta iniciativa ante el Congreso de los Diputados para fortalecer nuestro Estado de Derecho. Las Comunidades Autónomas son Estado, y desde esta parte de España, queremos una España mejor, más democrática y más libre.