Los alcaldes del PSOE de la Comunidad de Madrid tienen una pataleta. Están muy enfadados porque no se salen con la suya en el seno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Quieren que sea esta entidad la que homogenice la cuantía de la tasa sobre la recogida de residuos que ha de aplicarse en todas las localidades de la región con fecha límite abril de 2025, como dispone la Ley 7/2022 aprobada por el Gobierno de Sánchez.
Una ley que es el resultado de la trasposición de una directiva europea que establece 15 recomendaciones, entre ellas, una actualización voluntaria de una tasa que los socialistas, con Sánchez al frente, han instaurado como obligatoria.
Como verán, el matiz es importante.
Esta ley tampoco dice que se tenga que implantar en todos los municipios, pero sí aclara que, de hacerlo, lo recomendable es que sea de manera gradual. Y, de ningún modo -léase con ironía-, la norma estatal implica que sea responsabilidad última de la FMM implantar el tasazo verde de Sánchez.
Lo que los socialistas no cuentan a los ciudadanos es que este nuevo impuesto que, emana de la ley estatal, obliga a los ayuntamientos a aplicarla porque, claro, esto no tiene rédito político.
Hay que reconocer que los alcaldes socialistas, al igual que su líder, son unos artistas de la manipulación y la ocultación de datos. Con ello, quieren que otros asuman las consecuencias de las decisiones que adoptan en Moncloa; o, quizá, pagar con lo recaudado los 22 ministerios de Sánchez o la financiación que exigen los independentistas catalanes.
Pedro Sánchez dispone y deja al libre albedrío la imposición de una tasa sin criterios uniformes, lo que dará lugar a tantas ordenanzas como entidades locales lo implanten y, por ende, innumerables denuncias por parte de los ciudadanos a las ordenanzas de sus propios consistorios, tal y como ha advertido la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local.
Un guirigay más made in Gobierno socialcomunista.
De ahí que los alcaldes socialistas, apesadumbrados por la que se les avecina, quieran delegar sus funciones en la FMM. Eso sí, adolecen de valentía para instar al Gobierno de España a modificar la normativa vigente para definir con objetivos claros la tasa que quieren imponernos o, muchísimo mejor, para seguir la directriz europea que no obliga, sino que recomienda.
Es decir, esta preocupación de los socialistas se extinguiría fácilmente con una normativa clara y con un ministerio que asuma y coordine la implementación de una tasa que nadie les ha pedido y que han decidido implantar de manera unilateral.
Lo curioso es que no lo hagan con otros impuestos municipales, como el IBI, en el que los gobiernos del PP trabajan para reducir de manera continuada.
Los alcaldes socialistas pretenden que sea el Partido Popular, con mayoría en el FMM, quien asuma las consecuencias de la inacción de la izquierda para así lavarse las manos y tener contra quién cargar el malestar que esta tasa pueda generar entre los ciudadanos.
Este nuevo tasazo verde supondrá un incremento de entre 100 y 300 euros de más en los tributos por persona, según los casos, porque, dicho sea de paso, la recogida de residuos ya se financia con los impuestos que pagan los ciudadanos en sus municipios.
Durante la tramitación de la ley de Economía Circular que aprobamos en el Parlamento madrileño, ya se señaló a la oposición que a los ciudadanos les debemos tratar como adultos, sin faltar a la verdad.
El tratamiento de los residuos tiene unos costes que hemos de asumir entre todos, pero esto no significa que el Ejecutivo regional o los municipios en los que gobierna el Partido Popular vayan a implantar una tasa homogénea de los mismos por imposición chavista.
En su lugar, desde la Comunidad de Madrid se aplicará el mínimo legal de obligado cumplimiento para minimizar su impacto y no se añadirán tasas ni impuestos a los ciudadanos.
Eso es, precisamente, lo que molesta a los alcaldes socialistas y lo que les hace comportarse como niños enrabietados y maleducados, llegando incluso a abandonar las reuniones que mantienen en la FMM.
Con estas actitudes, solo ocupan titulares en medios. Más les vale que se pongan a trabajar en vez de querer que sea el Partido Popular el que blanquee sus malas decisiones.
El futuro de la economía circular pasa por hacer una gestión inteligente de los residuos desde su origen. Esa debería ser la única preocupación de los regidores socialistas, que es la que ocupa y preocupa a los responsables populares en todas las administraciones donde gobiernan.