Las negociaciones entre el PSC y ERC para facilitar con los votos de estos últimos la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha traído de nuevo al primer plano un tema tan sensible y complejo como es la financiación autonómica. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en unas declaraciones públicas, fijó la “soberanía fiscal” o “financiación justa y singular” como condición para poder investir a Salvador Illa. Su propuesta consiste en aplicar en Cataluña un sistema parecido al del País Vasco y Navarra, en el que la Generalitat recaude todos los impuestos y después haga una transferencia al Estado, una fórmula que, pese a las “fake news” que se han difundido desde ámbitos políticos y mediáticos de la derecha, ha sido rechazada de plano, tanto por el PSC como por el Gobierno de España. El PSC se ha declarado dispuesto a explorar los límites del Estatut para crear un consorcio tributario con participación del Estado y la Generalitat que permita dotar de más autonomía fiscal a Cataluña, rechazando el concierto que reclama ERC. El Gobierno de España sólo se compromete a reconocer la “singularidad” de Cataluña dentro de una reforma del modelo de financiación que afecte a todas las comunidades autónomas. La portavoz gubernamental, Pilar Alegría, ha defendido un modelo para Cataluña compatible con una negociación multilateral con el resto de las comunidades autónomas de régimen común, atendiendo a la singularidad propia de cada uno de los territorios. Así mismo, ha rechazado con rotundidad la fórmula del concierto propuesta por ERC. “Este Gobierno nunca ha hablado de conciertos”, ha zanjado Alegría. Hasta aquí la verdad de los hechos. Ni más ni menos. Todo lo demás que hemos oído, visto o leído estos días sobre el tema, hablando de supuestos planes de los socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza para otorgar privilegios a Cataluña y perjudicar al resto de autonomías, es rotundamente falso. Se trata de una nueva estrategia de la derecha extrema, a la que ha decidido sumarse alegremente y de forma irresponsable e hipócrita el PP de Feijóo, para tensionar y crispar, tratando así de erosionar al Gobierno de España.
Las declaraciones de estas semanas de los dirigentes del PP, con su líder, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza, responden a esta estrategia de erosión del Gobierno. Sin embargo, pecan, por decirlo suavemente, como siempre, de falta de rigor y veracidad, además de un importante exceso de hipocresía. Las descalificaciones a la financiación singular de Cataluña realizadas por Feijóo, afirmando que está fuera del ordenamiento jurídico y de los principios básicos mantenidos durante 45 años, resultan sonrojantes. «No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto económico cuando lo tienen los vascos y los navarros», decía en una clara contradicción el mismo Feijóo en noviembre de 2016 en una intervención en el Círculo de Economía. ¿Dónde está la coherencia del líder de la oposición? Una vez más queda al descubierto la endeblez de sus principios y su indisimulada propensión a la hipocresía. Ya saben, donde dije digo… Pero esto no es todo, si nos remontamos al año 2012 vemos como el PP de Cataluña, liderado en aquel momento por Alicia Sánchez Camacho, fue precisamente el primer partido en solicitar una financiación particular para Cataluña, comprometiéndose en su programa electoral a “conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias”, que se debería basar en el “principio de ordinalidad y la solidaridad finalista”. Nada más y nada menos.
También merecen alguna consideración las exaltadas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado de «tremendo escándalo» la financiación singular que se plantea para Cataluña y ha proclamado que el Gobierno de Pedro Sánchez está «tomando el pelo a todos». En paralelo, sin embargo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado una vuelta de tuerca más a su “singularidad”, esto es, el dumping fiscal que práctica sistemáticamente en el uso de sus competencias en materia fiscal frente al resto de las autonomías. En esta ocasión, ha dado vía libre al proyecto de ley que regulará una nueva deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones extranjeras.
El debate de fondo sobre el que tendríamos que estar todos discutiendo ahora mismo debería ser la necesidad de acordar un nuevo modelo de financiación autonómica que permita dotar de recursos suficientes para cubrir las necesidades de los territorios para atender las competencias que tengan asumidas dentro de la Constitución, en un marco de lealtad fiscal, nivelación de servicios y solidaridad entre los ciudadanos, una vez constatado que el actual modelo ya no sirve. El Gobierno de España ha equilibrado la infrafinanciación del sistema vigente inyectando 250.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que en los seis años anteriores del Gobierno de Mariano Rajoy. De esta forma, demuestra su voluntad y compromiso para tratar de satisfacer las legítimas aspiraciones de todas las autonomías de contar con mayores recursos, garantizando, eso sí, la igualdad en el acceso a los servicios públicos en todos los territorios (nivelación) y haciéndola compatible con ser sensible ante las singularidades que presentan las diecisiete comunidades autónomas. ¿Por qué el Partido Popular se niega a hablar de financiación autonómica o a presentar una propuesta de reforma? Porque en su deriva irresponsable solo le interesa avivar los fantasmas de los agravios territoriales. En lugar de trabajar por la concordia, el PP busca dividir. Resulta inadmisible que el PP sea incapaz de tener una sola propuesta del modelo de financiación, dedicándose en cambio a utilizar esta cuestión para agitar el agravio comparativo, confundiendo deliberadamente las particularidades de cada parte de España, y por tanto sus singularidades fiscales, con un trato beneficioso, cuando simplemente, desde el Partido Socialista, se ha planteado, ahora y siempre, que problemas diferentes requieren soluciones diferentes, dentro del marco general de lealtad, igualdad y solidaridad entre españoles. Avancemos por este camino, que, por otro lado, es el habitual en los modelos federales de nuestro entorno y negociemos una actualización del régimen común de financiación de las comunidades autónomas que garantice la sostenibilidad, en primer lugar, y después mejore los servicios de los ciudadanos que viven en los territorios. Toca arremangarse y hablar.