Cuando hablo del último capítulo del fraude electoral, el lector de este artículo y, por supuesto, el elector de las próximas elecciones presidenciales, entiende a qué me refiero: al fraude electoral que tiene años organizándose y produciéndose, cuyo último capítulo, en el guion del régimen, consiste en la pretensión de declarar a Maduro ganador la noche del 28 de julio.
Hay algo en esa pretensión, que no ha sido considerado en su magnitud política y humana: el estado de ánimo de los sectores chavistas y maduristas de la sociedad, que dicen apoyar al régimen pero saben que Maduro perderá las elecciones. De los reportes que recibo desde diversas comunidades del país, me atrevo a ofrecer una conclusión: ya no se engañan. En las estructuras de base del PSUV y sus organismos acólitos saben que la derrota es inminente. Lo perciben. Hablan de ello. Desde comienzos de marzo las energías de la simulación se han ido diluyendo. Los gritones de franela roja han ido enmudeciendo.
Esas personas que se presentan como maduristas, hoy son una minoría. Viven en comunidades en las que ya nadie oculta su rechazo a Maduro. Escuchan, en silencio, la presencia cotidiana, vecinal y hasta ruidosa del apoyo popular a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Esos venezolanos, vigilados y asediados por redes de control social -colectivos, milicianos, simples sapos- saben que van a perder. Y en muchos casos confiesan a su entorno más inmediato: perder es lo mejor que puede pasar. Saben que Venezuela no aguanta más. Y cada vez creen menos en los fantasmas que el régimen azuza: no solo no habrá persecución política sino que el funcionamiento de los programas sociales tendrá una sustantiva mejoría.
Hago este comentario como preámbulo a una doble hipótesis. Una: el ambiente a favor del cambio político en el país es de tal intensidad y magnitud que ha comenzado a contagiar a las bases chavistas. Todos los días aumenta el número de los que, con camisa roja y sin alharaca, votarán a favor de la oposición democrática. Dos: también son cada vez más numerosos los que se opondrán a la intentona de fraude, gente a la que resultaría intolerable que el régimen intentase realizar un arrebatón e imponer el fraude por la fuerza: militarizando las calles, reprimiendo, haciendo uso de las diversas y enormes fuerzas a su disposición.
Hay que recordarlo: la práctica del fraude es sistémica en el Consejo Nacional Electoral venezolano. En sí mismo, el CNE es un organismo fraudulento, secuestrado por el régimen. No es autónomo ni equilibrado. Es uno de los brazos operativos de Maduro y el PSUV. Podrían escribirse volúmenes enteros con la sucesión de decisiones descaradas, como por ejemplo, la eliminación de tarjetas de los partidos políticos de la oposición democrática, la invención de votantes y votos que no se han producido o, lo que pertenece al reino de lo insólito, la realización de eventos electorales como la fracasada consulta sobre el Esequibo, de la que nunca fueron presentados resultados!!!
En realidad, el Consejo Nacional Electoral de hoy es un ente especializado en urdir trampas y violar los derechos constitucionales. Ha hecho los arreglos para que, de un universo aproximado de 25 millones de ciudadanos con derecho a votar -insisto, según lo establecido en la Constitución Nacional-, cerca de 7,5 millones no puedan hacerlo. Eso es nada menos que 30% de los electores.
¿Quiénes son esos electores a los que se les despoja del más esencial de los derechos democráticos, del modo más descarado? Por una parte, estamos los más de 5 millones de venezolanos mayores de edad que vivimos fuera del país; por la otra, los 2,5 millones de nuevos votantes a los que se les ha negado el derecho a inscribirse, sembrando de obstáculos e imposibilidades la ruta de acceso al Registro Electoral Permanente. Una simple proyección de las más recientes encuestas sugiere que, de los 7,5 millones de electores, 7,2 millones votarían a favor del candidato de la oposición democrática.
A todo esto hay que añadir las dificultades que se producirán el día de votar. Han establecido mesas en lugares remotos, deliberadamente inaccesibles, adonde deberán dirigirse miles de electores. Han cambiado las direcciones de los votantes, sin justificación alguna, para obligarlos a viajar -trasladarse cientos de kilómetros, en algunos casos a lugares peligrosos- para cumplir con el deseo de ejercer el voto.
Pero estas son solo algunas de las dificultades planteadas, a las que muchos dirigentes opositores y periodistas se han referido ampliamente. Uno de los objetivos, central en la estrategia del gobierno, es lograr que el mayor número de mesas no cuente con testigos representantes de la oposición democrática. Así, al momento del cierre, los agentes gubernamentales podrán fabricar votos a favor de Maduro, provenientes de todos los que no puedan asistir a ejercer su derecho. El sufragio de los que estamos inscritos en el REP y vivimos fuera del país bien podría terminar como parte del caudal de votos por el candidato del PSUV.
Sin embargo, esto no ocurrirá, porque no habrá mesa de votación en el país sin la presencia de testigos de la oposición democrática. A esta hora, la mayor dificultad está del lado de Maduro: no tienen los testigos suficientes. Hay un deslave, un rompimiento del compromiso de los militantes con el PSUV. En Lara, y mi fuente es directa, esta semana han estado reclutando a testigos con la promesa de un pago de 200 dólares. Pero como la experiencia con esas transacciones es que o no les pagan o les pagan solo una parte de lo acordado, los posibles testigos están exigiendo el pago adelantado.
¿Y qué ocurre del lado de la candidatura de González Urrutia? Esto: en un mitin, al que asisten 90% o más de los adultos del lugar, a la pregunta de María Corina Machado sobre la disposición a cuidar los votos, la respuesta es unánime. Un sí rotundo. Lo comenté la semana pasada y lo reitero aquí: no podrán ultimar el fraude. Serán cientos de miles de electores los que estarán activos para impedirlo.