En el marco de las negociaciones para cerrar un pacto de investidura en Cataluña que haga posible la presidencia de Salvador Illa, Esquerra Republicana ha puesto encima de la mesa la exigencia de un concierto económico al modo del que tienen el País Vasco y Navarra por ley orgánica (ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco) y una tradición foral ya de siglos.
Explicado coloquialmente, un Concierto lo que supone es la plena soberanía fiscal de en este caso las provincias vascas sobre sus territorios: ellos recaudan y ellos administran en un presupuesto propio, mientras que acuerdan con el Gobierno Central un “Cupo”, que es lo que se estima que cuestan los servicios y competencias que el Estado se reserva en dichos territorios.
Este cupo, que se fija cada 5 años y se actualiza anualmente mediante un índice de actualización que es el incremento de la recaudación obtenida por el Estado en los tributos convenidos o concertados, se fijó en 6,24% hace unos años, que era el peso que tenía la economía vasca en la economía nacional, una cantidad que ha variado hoy en día pues el peso de dicha economía ha ido a la baja (ahora está en torno a un 5,93%).
De esta manera, cuando más recauda más tienen las Haciendas Forales para sus competencias, y cuando hay crisis de recaudación, dichas Haciendas tienen menos posibilidades.
En cualquier caso, los Conciertos en el País Vasco y en Navarra tiene una legitimidad histórica foral preconstitucional, y ciertamente solo el futuro dirá si una tendencia hacia la armonización fiscal en la Unión Europea acabará con lo que muchos consideran en la actualidad una discriminación.
Respecto a Cataluña, la exigencia puesta encima de la mesa ahora por ERC es algo que se debatió muy en profundidad en la restauración de la autonomía catalana, y que viene a la actualidad otra vez sencillamente porque a los nacionalistas les suena muy bien por todo lo que significa su tono independentista.
Fue la Convergencia de entonces, de Jordi Pujol, quien desechó tajantemente la posibilidad del Concierto, pues aquella Cataluña pujante y que era el motor de España, necesitaba el régimen común para su crecimiento y expansión económica.
Era la Cataluña colaboradora, la Cataluña que empujaba de España y que sin ella no existía, y que tuvo su máximo momento de esplendor en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, los juegos de todos los españoles.
La deriva posterior soberanista de Cataluña, política y económica, junto al empuje de una Madrid que en estos últimos años le ha sustituido como la locomotora de la economía española, como el PIB regional que más empuja el PIB nacional, hace que ahora se plantee esta decisión política años antes despreciada (todos los españoles somos víctimas por culpa de Sánchez de la competición independentista entre Junts y ERC).
Y llegado a este punto, la preocupación se ha extendido por territorios y ciudadanos ante la respuesta dada por el PSOE y Sánchez ante esta demanda: su disposición a negociar y a cerrar un acuerdo de estas magnitudes históricas, en este momento solo significaría aumentar las desigualdades entre españoles y poner en crisis nuestra propia riqueza como País.
¿Y por qué desde el PP de Madrid se está radicalmente en contra de esta medida? Pues sencillamente porque esta juerga, otra más, nos tocará pagarla a todos los madrileños. Y es muy sencillo de entender, aunque la izquierda lo niegue u oculte.
Actualmente en el régimen común (exceptuados los regímenes forales), existen tres Comunidades Autónomas que son las que soportan el pago y mantenimiento de los servicios públicos nacionales en el fondo de solidaridad entre Comunidades Autónomas: Madrid en casi un 70%, Cataluña en más de un 20% y Baleares entre el 7% y el 8%.
Si Cataluña desapareciera de esta aportación al régimen común, esta cantidad tan importante, recaería prácticamente en los ciudadanos de Madrid (no olvidemos nunca que a los nacionalistas les gusta hablar de territorios, pero quienes pagan siempre al final son los ciudadanos con sus impuestos). De esta manera, los madrileños serían casi los únicos que contribuirían al mantenimiento de servicios públicos nacionales. Y serían los propios madrileños, tan insultados y vilipendiados habitualmente por los nacionalistas de todos los territorios (son habituales sus injustas críticas de dumping fiscal, de egoístas, de insolidarios), quienes mantendrían solidariamente al resto de españoles en esta aportación.
Y el problema no es la solidaridad entre españoles como concepto, pues ahí los madrileños siempre están los primeros, el problema está en que nuestros ciudadanos tendrían que ser, tras aguantar insultos de manera continua, encima quienes pagaran de sus bolsillos mantener a Sánchez en La Moncloa y quienes pagaran el peaje nacionalista por ser Illa presidente. Esa es la verdadera cuestión que ahora se trata.