La inmigración irregular es un fenómeno creciente en las fronteras europeas, que se ven presionadas, entre otras cosas, por el agravamiento de conflictos en zonas como el Sahel, Sudán o Siria. España (muy especialmente Canarias Andalucía, Ceuta y Melilla) recibe una gran cantidad de inmigrantes debido a su situación geográfica, siendo la frontera sur de Europa con el continente africano. En 2023, España cerró con casi 57.000 entradas irregulares, un 82% más que el año anterior, de los cuales aproximadamente un 10% fueron menores de edad que llegaron solos, sin sus familias. Este incremento se explica por la reactivación de la llamada “ruta Canaria”. Esta Comunidad Autónoma se encuentra desbordada con la llegada de menores que viajan en cayucos y aunque así lleva años, es desde el pasado otoño cuando la situación se ha tornado insostenible. Los datos facilitados por el Gobierno Canario sitúan en cerca de 5.600 niños y adolescentes los que actualmente se encuentran en las islas, cuando su capacidad máxima estaría en 2.000 plazas, y las estimaciones de sus servicios sociales prevén alcanzar el doble de esta cifra antes de que acabe el año. Esta situación de saturación hace prácticamente imposible garantizar los derechos de la infancia y la juventud, pese a los esfuerzos de las administraciones y de los profesionales, generando desprotección, justamente el efecto contrario al deseado. El colapso ha traído descontrol y este, a su vez, ha derivado en problemas. Ante esta situación el Gobierno de España y el de Canarias (de coalición entre CC y el PP) llegaron a un acuerdo consistente en un cambio legislativo para que se imponga el reparto obligatorio de menores entre todas las comunidades autónomas, acuerdo que la próxima semana se abordará en la conferencia sectorial correspondiente.
Tras escuchar estos días a Alberto Núñez Feijóo garantizar la “solidaridad” de las comunidades gobernadas por el PP con la acogida de menores inmigrantes llegados a Canarias, parecía que el acuerdo era posible. Sin embargo, de nuevo el principal partido de la oposición se enmienda así mismo (en esta caso a su presidente) y en un giro de 180 grados, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha salido a la palestra haciendo unas declaraciones que muy bien podrían llevar la firma de cualquier dirigente de Vox, donde agita sin el más mínimo pudor el miedo a la llegada de inmigrantes y pide el despliegue del Ejército (ahí es nada) en las costas africanas. Una propuesta, más bien ocurrencia, sin la más mínima concreción, sin precisar en qué aguas y con qué cometido específico, teniendo en cuenta que los buques de guerra, como cualquier otro, están en el deber legal de aplicar el Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, que obliga a rescatar embarcaciones en peligro, y que no pueden entrar en aguas territoriales (12 millas) de los países africanos sin su autorización y, por supuesto, mucho menos desembarcar inmigrantes. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, ya descartó en noviembre de 2020 la propuesta de Vox de aplicar un bloqueo naval, señalando que la obligación “legal y moral” de un buque de guerra en caso de encontrar una patera sería rescatar a sus ocupantes, no impedir su avance. De esta manera el portavoz popular busca desviar la atención y torpedear el pacto, poniendo de manifiesto el temor del PP a que los ultras (Vox y Se Acabó La Fiesta) capitalicen políticamente un repunte de llegadas de extranjeros este verano.
Al ir aumentando la presión de Vox sobre la inmigración, el PP se está desplazando en sus posiciones hasta casi mimetizarse con la extrema derecha con el objetivo de neutralizarla” electoralmente. Esta estrategia, sin embargo, no suele funcionar. Al contrario, los partidos tradicionales corren el riesgo de normalizar las posiciones de la extrema derecha, haciéndolas más aceptables socialmente, lo que las acaba reforzando convirtiéndolas en un mainstream social. La radicalización de posturas antiinmigración, tiene además el efecto de colocar en el centro del debate público un tema especialmente rentable para las formaciones situadas en la derecha más extrema. Werner Krause, investigador especializado en política comparada de la Universidad de Potsdam, en Alemania, es muy claro sobre esta cuestión: “Siempre es la misma lógica, ceder a la extrema derecha para frenarla. Y nunca funciona. Todas las normas y discursos que han tratado de neutralizar a los partidos de extrema derecha asumiendo sus premisas han conseguido justo lo contrario: los han legitimado y han provocado un trasvase de votos a su favor. Tanto en la UE como en Francia y Alemania –entre otros países– se ha repetido el mismo círculo vicioso: primero, un endurecimiento del discurso y la normativa sobre inmigración, con el objetivo de contener a la extrema derecha; después, un mayor protagonismo mediático del tema; por último, un ascenso electoral de aquellos a los que se pretendía frenar. Y en ningún caso un enfriamiento del debate, marcado por la beligerancia de los partidos antiinmigración”.
El impacto de la ultraderecha es palpable en la creciente polarización ideológica de las opiniones, tendencia esta que dificulta un debate racional e imprescindible sobre la inmigración y su gestión. La polarización “congela” las opiniones al adscribirlas a una ideología y tiñe los argumentos de antemano de carga partidista. Este efecto divisorio es muy preocupante porque, como en otros terrenos de las políticas públicas, impide el debate racional y sereno. Las migraciones y las protección de menores son políticas de Estado y como tales deben abordarse con rigor y responsabilidad, tal y como están haciendo el PSOE y el Gobierno de España, partiendo del cumplimiento de las obligaciones legales internacionales y de las leyes españolas, continuando con la garantía de la colaboración leal entre las administraciones y terminando con una respuesta a esta realidad bajo tres principios: solidaridad, humanidad e integración. El Partido Popular es un partido de gobierno y por tanto, se le supone un sentido de Estado. Sin embargo, su creciente mimetización con los postulados ultras, es muy preocupante. Por el bien de España, no deberían deslizarse hacia posiciones populistas y oportunistas, buscando un supuesto rédito electoral que a la vista de lo ocurrido en otros países, parece muy improbable. Olvidan Feijóo y compañía un viejo axioma en política, según el cual ““Los votantes prefieren el original a la copia”.