La decisión de Santiago Abascal de poner fin a los pactos con el PP en cinco autonomías (Aragón, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura) y abandonar sus gobiernos supone una gran noticia para España. Sin duda, los primeros beneficiarios son los millones de ciudadanos que llevan un año sufriendo en esas autonomías las políticas ultraderechistas impuestas por Vox con el beneplácito del PP en materias como violencia de género, aborto, memoria democrática, servicios sociales y calidad de servicios públicos, transición ecológica y también sobre cambio climático. La causa aducida por Vox es la decisión del PP de aceptar la petición de los Gobiernos central y canario del reparto entre las comunidades autónomas de 357 menores migrantes de los casi 6.000 que colapsan los recursos de acogida de las Islas Canarias. La cifra acordada es ridícula, teniendo en cuenta que esta autonomía necesitaría la salida de aproximadamente 3.000 menores. Además, constituye un escándalo que en un país que va a recibir este año cerca de cien millones de turistas, se pongan tantas trabas a la ubicación y acompañamiento de 3.000 niños y niñas vulnerables. De nuevo la ultraderecha impone su marco.
La ruptura de los pactos de gobierno con el PP constituye un cambio sustancial en la estrategia mantenida por Vox desde las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2023. Entonces, pusieron todo su empeño en entrar en los gobiernos autonómicos y municipales. A esto hay que sumarle la decisión de cambiar de grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, abandonando a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) para pasar a formar parte de la nueva plataforma Patriotas por Europa, que reúne a las formaciones de extrema derecha más próximas a la Rusia de Putin, como la Liga de Salvini, la Agrupación Nacional de Le Pen o el Fidesz de Orbán. También son las formaciones que más se han caracterizado por su beligerancia con la inmigración, convirtiéndola, junto con su rechazo a la construcción europea, en sus señas de identidad. Ambas decisiones cabe interpretarlas como un giro de Vox hacia posiciones aún más radicales, buscando la confrontación ideológica con un PP según ellos claudicante al que acusan de ser cómplice del PSOE en el fomento de la inmigración ilegal. La irrupción en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio, de una nueva formación de ultraderecha, Se Acabó la Fiesta, liderada por el agitador en las redes Alvise Pérez, es un factor que sin duda ha influido en este giro de Vox. Parece obvia la competencia que ha venido a hacerle Alvise, que en las elecciones europeas consiguió 800.000 votos con un discurso tanto o más racista que el suyo. Taponar esa fuga de votos trasladando la imagen de un partido que no se doblega ideológicamente es una explicación a esta vuelta de tuerca de Vox.
La decisión del Partido Popular de pactar con la ultraderecha de VOX en gobiernos autonómicos y municipales se ha revelado, con la ruptura de la semana pasada de los ejecutivos autonómicos en los que gobernaban en coalición, como un grave error estratégico y moral que ha socavado los cimientos de nuestra democracia. El balance de estos gobiernos no puede ser más desolador. Lejos de resolver los problemas de los ciudadanos, se han dedicado a desmantelar políticas de igualdad, derechos LGTBI y memoria democrática. La derogación de leyes progresistas ha sido su principal y casi única ocupación, demostrando que su agenda política se basa más en la revancha ideológica que en la gestión efectiva. El fracaso de estos pactos debería ser una lección para el PP, una evidencia de que la ultraderecha no es un socio fiable ni deseable en una democracia madura como sin duda es la española. Es hora de que el PP recapacite y vuelva a posiciones más moderadas y constructivas, en línea con sus homólogos europeos. No deja de resultar paradójico que quien levanta el cordón sanitario en España frente al resto de los partidos sean los ultras y no al revés. Ya sabemos que Vox es capaz de romper con el PP. Está por ver si el PP está dispuesto a romper con Vox y, sobre todo, con su ideario, dado que conviene no olvidar que el PP mantuvo su sintonía con las tesis ultras hasta horas antes del divorcio autonómico, cuando el Gobierno valenciano celebró con sus entonces socios la promulgación de una de las llamadas leyes de concordia, toda una humillación para las víctimas del franquismo.
La asociación con Vox tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 fue clave para la movilización electoral de la izquierda que cerró el paso a Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales del 23J. Desde entonces, ese lastre persigue al líder popular. Vox le brinda ahora la oportunidad de quitarse esa pesada mochila. Pero para ello sería imprescindible que en las cinco autonomías donde se ha roto el pacto de gobierno, el PP revertiera todas y cada una de las leyes y medidas prácticas adoptadas durante este tiempo contra la memoria democrática, contra la defensa de las mujeres, contra la libertad cultural (censura) y contra el pluralismo lingüístico obligado por la Constitución. Un primer paso sería llegar a un acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería y, a continuación, terminar con los pactos con Vox en los cerca de 140 municipios que acordaron hace un año y que, obviamente, resultarían incompatibles con este nuevo contexto de ruptura ideológica. De esta forma se abriría una nueva etapa en la que el PP abandonaría la sintonía argumental y los acuerdos institucionales con un partido alejado del consenso central europeo en materia de derechos humanos, clima, género o memoria democrática, siguiendo los ejemplos de la derecha portuguesa, alemana y, mayoritariamente, francesa, que rechazan esa clase de acuerdos. Feijóo tiene una oportunidad de oro, esta por ver si será capaz de aprovecharla y divorciarse definitivamente de Vox o, por el contrario, todo esto se quedará en un cese temporal de la convivencia.