Sainete. Bochorno. Humillación. Infamia. Todos estos sustantivos definen perfectamente lo que vivimos en Barcelona este pasado jueves con motivo de la investidura de Illa y la no detención de Puigdemont, porque ambos hechos iban necesariamente juntos.
Una vez convocada la sesión de debate de investidura de Salvador Illa, al que desde esta columna ya aventuramos que sería presidente, todos sabíamos que Puigdemont quería volver a España porque necesitaba montar su show para intentar reventar dicho debate.
Se habló en los días anteriores que la sesión se paralizaría si el ex president, un político ya acabado, pero fortalecido porque es el socio de este Gobierno, era detenido, paralización a la que dicho Gobierno Central no estaba dispuesto.
Un gobernante como Pedro Sánchez no se podía permitir que nada enturbiase su día de gloria y el de su compañero de partido. Por ello, Sánchez que es un político siempre de luces cortas, de lo inmediato, al que no le importa el futuro ni los “pelos que se tenga que dejar en la gatera” ni proteger la dignidad de la gran nación que maldirige, tuvo claro desde el principio que la noticia del día iba a ser que en la generalitat hubiese un presidente socialista, y no que fuera la detención de un ex President que sigue ausente de la realidad, un Puigdemont que había prometido que dejaría todo si no era reelegido, y que optó otra vez por el camino de la comedia y no por el de la mínima responsabilidad o ética política.
Una vez más: Sánchez por encima de la dignidad de España.
Pues bien, a pesar de un supuesto cordón de seguridad y una operación diseñada para detener al prófugo como era mandato de las instancias judiciales, Puigdemont paseó por Barcelona, dio un discurso público desde un escenario y se marchó como si tal cosa, sin estar confirmado si había acudido a ver las obras del Camp Nou o a hacerse unas fotos en el Parque Güell como cualquier turista que visita la preciosa y decadente Barcelona.
Se pudieron haber establecido varios controles de seguridad de manera concéntrica alrededor del escenario, se podían haber protegido los accesos al mismo, incluso se podía haber vigilado a Puigdemont desde que partió de Waterloo en su viaje por tierra, mar o aire, pero nada de eso se hizo.
Y la responsabilidad no es solo de los Mossos que son los competentes en seguridad ciudadana. El Ministerio del Interior y el infame Marlaska, así como Defensa con el CNI, no han llevado a cabo el trabajo que les corresponde porque no les ha dado la gana. Y aunque con el tiempo sabremos qué es lo que ha ocurrido, la imagen ayer de España se volvió a deteriorar un poquito más aun si cabe, por culpa de este Gobierno.
Todo lo que rodea el día del jueves ya forma parte de la historia negra de este Gobierno, porque ojo, no es España un país de pandereta como se suele decir, es este Gobierno el que es de pandereta.
Y evidentemente, todo desprende un hedor importante a pacto infame al más alto nivel, sí entre el propio Puigdemont y Sánchez, de “yo no te detengo pero tú no me revientas mi gran día”. Así estamos en este País.
Una vez que han sucedido los hechos, esos Mossos que dejaron vendidos a sus compañeros policías en octubre de 2017, han vuelto a quedar en entredicho como cuerpo policial respetable.
Y sabemos que los responsables de estos operativos son sus dirigentes, elegidos por políticos, pero es que nada va a mejorar en ese Cuerpo policial, pues una de las medidas anunciadas por Illa es recuperar para el puesto de máximo responsable de dicho cuerpo policial al infame y traidor comisario Trapero, el vallisoletano irresponsable de los Mossos en octubre del 17. ¿Cómo van a cambiar así las cosas?
En definitiva, como recoge la prensa internacional que tanto inspira a los socialistas cuando no gobiernan como palabra de Dios, resultó un nuevo ridículo para España como recordaba ayer el portavoz de Junts, y que ensombrece todo lo demás.
Y sí, por lo demás, el socialista resultó investido como President de la Generalitat intentando ocultar lo que es una nueva infamia del Gobierno, con un pacto de legislatura con ERC que empobrece y desprecia a nuestro Estado de Derecho, que significa que el proces ya se ha convertido en el Proceso español, que rompe la solidaridad entre territorios privilegiando a Cataluña y que no fue votado por nadie, pero que va a suponer una modificación de nuestro sistema constitucional por la puerta de atrás.