¡Preparémonos para lo peor!
El todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y jefe del clan Sánchez, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno va a tomar medidas contra los delitos de odio en las redes sociales.
Lo que parecería sobre el papel una decisión incluso interesante en manos de un gobernante plenamente democrático sin ese fanático apego al poder y aversión a la crítica política, mucho nos tememos y acertaremos, se va a convertir en la primera de las medidas sobre las que va a descansar su plan de censura a los medios de comunicación, de control de las redes sociales y de limitación, en definitiva, de la libertad de expresión.
Esto último y nada más, por mucho que las terminales político mediáticas del sanchismo nos intenten convencer de las bondades de todas sus medidas, es lo único que le interesa a un gobernante acorralado por la corrupción de su entorno más cercano (el último caso parece un chiste pero no lo es: su cuñada japonesa, casada en régimen de gananciales austriaco, con su hermano enchufado absentista que tributa en Portugal y hereda en Madrid, mientras no pisa su trabajo en Badajoz, y a la que le crean un puesto muy bien remunerado en Exteriores para que trabaje para Mauritania desde Madrid o Bangkok que eso da igual, es la gota que colma el vaso), y un gobernante que ha perdido el control de toda la gestión pública, sea en Transportes, en Interior o en la ruptura de nuestra común Hacienda Pública.
Con la excusa de los nauseabundos comentarios habidos en las redes sociales con motivo del niño asesinado en Mocejón (“ha sido un moro, vamos a quemar la Mezquita”; “en un hotel de la localidad se alojan x inmigrantes, uno de ellos el asesino”, son algunos de los más deleznables), Sánchez pone en marcha el plan que anunció tras sus 5 días de reflexión sin ir al trabajo pero cobrando (en esto se parece a su hermano).
En este caso dichos comentarios procedían de entornos de la ultraderecha, que es lo que a Sánchez más rédito electoral le proporciona, pero para ser creíble, por ejemplo, podía haber abierto la boca cuando la presidenta Diaz Ayuso era, y es, acusada de asesina por perfiles en X-Twitter de miembros de su partido y hasta de su gobierno. O también, cuando las juventudes de Más Madrid de la “Pasionaria de Camorritos” incitaban a la desaparición o eliminación de los hijos de los pijos, pijo como sinónimo de votantes de centro derecha.
Además, como en todo plan represivo que se precie, cómo no, habrá graves penas sancionadoras, hasta de cárcel reforma del Código Penal mediante, que harán posible que, por ejemplo, Xavier Garcia Albiol pueda ser condenado a una mayor sanción que un violador reincidente, cuyas penas fueron rebajadas por el tándem Pedro Sánchez/ Irene Montero.
En definitiva, que nos sumergimos en arenas movedizas para la libertad de expresión y para la democracia.
Todo ello nos genera muchas dudas a los ciudadanos ante tal minoración de nuestros derechos: ¿Quién decidirá qué mensajes conllevan odio y cuáles no? ¿Será un burócrata o un juez? ¿Y el juez aplicará una reforma del Código Penal apoyada y promovida por el Gobierno y sus socios, es decir, serán el PSOE y Podemos junto a Bildu quienes digan que es el odio? ¿Y las denuncias de dónde llegarán, de unos comités de la moral por barrio o pueblo, por ejemplo? Será proteger a unos y dejar a los pies de los caballos a otros… es decir, ¿se protegerá al Gobierno y sus amigos y se dejará sin derechos constitucionales a los miembros del centro derecha? Por tanto, ¿se podrá seguir amenazando de muerte a la presidenta de Madrid mientras se perseguirá decir algo como que en mi pueblo hay muchos inmigrantes ilegales?
Y si, aprovechando la ocasión, ya incluimos el concepto sanchista de bulo a la reforma esta del odio, ¿los medios de comunicación que den información sobre la corrupción familiar de Pedro Sánchez serán censurados y perseguidos?
Estas cuestiones parece básico resolverlas, y tendrían que ser minuciosamente explicadas y justificadas con plenas garantías constitucionales, pero los planes de Sánchez no van de eso. Va de protegerse ante las críticas él, su familia y su gobierno, y en definitiva de acabar con la libertad de expresión.
Y acabando como comencé, lo que podría ser una medida interesante si realmente fuera para mejorar la convivencia entre los ciudadanos, ya no nos maliciamos, sino que estamos seguros, va a ser una medida para que la democracia española comience el camino de no retorno a la autocracia en manos de semejante gobernante tan falto de adn democrático.