Tras el verano iniciamos un nuevo curso político sin urnas en el horizonte tras superar el ciclo de las elecciones generales, gallegas, vascas, catalanas y europeas. La celebración del Consejo de ministros del pasado martes así como la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados han supuesto el regreso de la actividad política en nuestro país. De estos primeros días de curso se pueden ya sacar varias conclusiones de como van a trascurrir los próximos meses y cuales van a ser las prioridades y estrategias de los diferentes grupos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende enarbolar la buena marcha de la economía de España y la vuelta a la normalidad constitucional a Cataluña con Salvador Illa. La bajada de la inflación en agosto hasta el 2,2%, la más baja del último año, unida a los datos de empleo y de crecimiento no hacen sino confirmar la buena salud de nuestra economía. Compatibilizamos una de las mayores tasas de crecimiento de la eurozona con la moderación de los precios y la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos. Por otro lado, tras el punto final del procés con la investidura de Salvador Illa, el primer president no independentista desde 2010, Pedro Sánchez confía en el reconocimiento a su política de pacificación de Cataluña. La ruptura de la política de bloques entre independentistas y constitucionalistas ha permitido un cambio de ciclo. Hemos pasado del 2017, con el riesgo cierto de quiebra de España, a un 2024 donde un antiguo ministro del Gobierno ha sido elegido president con el voto a favor de un grupo independentista como ERC. La política catalana retoma así el eje tradicional izquierda-derecha, dejando atrás el marco identitario. El retorno de la bandera de España al Palau de la Generalitat, entre la senyera y la de la UE, en la reunión que Illa mantuvo el pasado viernes con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o la normalización de la relación de la Generalitat con la Casa Real con el recibimiento de Illa al rey Felipe VI en el acto institucional con motivo de la Copa América de vela, son claros ejemplos del significado que tiene para España la nueva etapa abierta en Cataluña.
Sin duda los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dada su importancia, serán uno de los asuntos más relevantes del nuevo curso político. El anuncio del Gobierno de que va a presentar unos nuevos presupuestos, tenga o no garantizado los apoyos necesarios, despeja una de las incógnitas que hasta ahora había. Ya sabemos que el Gobierno quiere, pero no se sabe si puede. El clima político no favorece la consecución de un acuerdo al cruzarse con el calendario de los presupuestos los congresos tanto de Esquerra Republicana como de Junts, previstos para finales de octubre y de noviembre, y no hay ninguna garantía de que vayan a apoyar los Presupuestos. Nadie se atreve a pronosticar por dónde saldrá Junts y cuál de sus almas se impondrá, la posibilista o la que sigue aferrada al 1 de octubre. La relación del Gobierno y Junts constituye en estos momentos la mayor incógnita, no sólo para la aprobación de los PGE, sino para el día a día en el Congreso de los Diputados. En la reunión de la Diputación Permanente celebrada esta semana, Junts votó hasta en cuatro ocasiones con PP y Vox. Votó incluso cuando el PP pedía la comparecencia de Sánchez para explicar “por qué el prófugo Puigdemont se paseó por Barcelona”. A ese texto qué califica a Puigdemont de prófugo Junts votó a favor. Y lo hizo para desgastar al gobierno. Veremos si persevera en esa actitud.
El PP parece tener claro continuar con su estrategia de tierra quemada y de confrontación total con el Gobierno para los próximos meses: la financiación singular a Cataluña. Atrás han dejado ya la Ley de Amnistía, como antes ocurrió lo mismo con los indultos. En ambos casos siempre esgrimían como argumentos toda clase de males y el fin de España, ¿recuerdan? ¿Dónde quedaron todas y cada una de sus fallidas predicciones? Lo mismo que sucederá con la financiación singular a Cataluña. El debate de fondo sobre el que tendríamos que estar todos discutiendo ahora mismo debería ser la necesidad de acordar un nuevo modelo de financiación autonómica que permita dotar de recursos suficientes para cubrir las necesidades de los territorios para atender las competencias que tengan asumidas dentro de la Constitución, en un marco de lealtad fiscal, nivelación de servicios y solidaridad entre los ciudadanos, una vez constatado que el actual modelo ya no sirve y es imprescindible abordar la reforma de la ley de financiación autonómica (LOFCA), con un sistema configurado en 2009 y caducado desde 2014. En lugar de trabajar por la concordia, el PP busca dividir. Resulta inadmisible que el PP sea incapaz de tener una sola propuesta del modelo de financiación, dedicándose en cambio a utilizar esta cuestión para agitar el agravio comparativo. Tratar de instrumentalizar la situación política catalana para sacar réditos espurios políticos en otros territorios, además de un error, supone una gravísima irresponsabilidad. Ya vimos los resultados durante los gobiernos de Rajoy, con el auge del independentismo, y lo que ha costado y está costando reconducir todo aquello. Sin embargo, poco parece importarle a un Núñez Feijoo despojado al fin de su disfraz de hombre moderado para dejarnos ver su verdadera naturaleza. El líder del PP parece haber decidido retomar la línea de oposición despiadada y sin líneas rojas que ya empleó en Galicia con éxito para abatir en 2009 al gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas. Una estrategia basada en golpear sin descanso utilizando todo a su alcance, con acusaciones de supuestas corruptelas y comportamientos irregulares amplificados —entonces y ahora— por los medios de la derecha. Conviene recordar que todos los casos denunciados de aquella época fueron archivados por la justicia o se revelaron como exageraciones, cuando no bulos. ¿Les suena de algo esto?
La actualidad seguirá marcada también por el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente. Las maniobras del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid han continuado durante las semanas de verano. En una providencia sorprendente, Peinado asegura que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” de Pedro Sánchez por acogerse a su derecho a no declarar como testigo ante el magistrado. Por si alguna persona bien intencionada aún albergaba dudas sobre las “motivaciones” que impulsan a este juez.
También en estos próximos meses seguirá siendo la migración, uno de los principales focos políticos. Alberto Núñez Feijóo, con un discurso cada vez más parecido al de la ultraderecha en migración, se sigue negando a la reforma de la Ley de Extranjería, que decayó en julio con el voto en contra del PP, Vox y Junts. Exigir solidaridad con la financiación y negarla para afrontar el fenómeno migratorio pone ante el espejo a quienes, como el líder del PP, han hecho de la política un ejercicio permanente de cinismo. La estrategia del Partido Popular de incorporar a su discurso algunos elementos de la agenda de la extrema derecha no ha hecho sino blanquear y normalizar sus postulados y dar credibilidad a partidos que defienden un trato inhumano a migrantes y refugiados. La migración no es un problema, es una necesidad que implica desafíos para su buena gestión y por eso debemos impulsar fórmulas que nos permitan afrontarla de una manera humana, segura y ordenada en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Existe una evidencia que no se puede negar: España necesita trabajadores, hay que recordar que al menos 250.000 serán necesarios para sostener nuestro mercado laboral en los próximos años. España necesita inmigración, pero las llegadas han de producirse de manera ordenada y legal. Se necesita una política seria, continuada y responsable, con altura de miras y desde el respeto a la legalidad internacional.
La aplicación efectiva de la Ley de amnistía, que está en manos de los jueces, a la espera del pronunciamiento definitivo que en su momento hagan tanto el Constitucional como la justicia europea, la resolución del nombramiento de la presidencia del renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizado hasta el momento por falta de acuerdo entre los vocales conservadores y progresistas, o el plan de regeneración democrática anunciado por Pedro Sánchez son otros elementos que formaran parte en los próximos meses de la actualidad en nuestro país.
Los próximos meses, la nueva temporada, como podemos observar, están cargados de importantes hitos. La necesidad de grandes acuerdos pensando en el futuro entre el Gobierno y el principal partido de la oposición es tan evidente como lo es su imposibilidad ante la política del todo vale de los de Feijoo. Seguiremos por tanto con un Gobierno que gobierna para hacer avanzar y progresar a España y una oposición sin ideas ni proyecto de país y a la que, si sigue por esta vía errada, los próximos meses se le van a hacer largos, muy largos.