A lo largo de la legislatura, igual que en la anterior, la situación política y social de Venezuela ha sido utilizada por la derecha patria (que no patriótica) como ariete contra el Gobierno de España, dentro de esa política de tierra quemada y del todo vale que siguen a pies juntillas todos sus integrantes (recuerden la frase de Aznar: “todo el que pueda hacer algo, que haga”). Los últimos episodios los hemos vivido esta semana, por una parte, la votación en el Congreso de una iniciativa del PP para pedir el reconocimiento Edmundo González Urrutia como presidente “legítimo”, y por otra, la situación del líder opositor con su posterior exilio a España. Ambos casos ponen de manifiesto el oportunismo del PP, así como su falta de criterio y de responsabilidad en la manera de tratar todo lo que tiene que ver con la delicada situación que vive Venezuela, frente a la posición responsable y de Estado que en todo momento está adoptando el Gobierno de España.
Como indicaba, el pasado martes el Grupo Parlamentario del PP llevó al pleno del Congreso de los Diputados la situación en Venezuela, forzando una votación para pedir el reconocimiento de Edmundo González como presidente “legítimo” del país latinoamericano. Se trataba de una iniciativa no vinculante que gracias al apoyo del PNV salió adelante. Que se debata y sea aprobado en el Congreso de los Diputados el reconocimiento como presidente electo del líder opositor forma parte de la normalidad parlamentaria y del juego de las mayorías. Lo que resulta más dudoso es tanto la oportunidad como los verdaderos propósitos de esta iniciativa. El reconocimiento de González Urrutia es prematuro y seguramente contraproducente ya que supone un elemento de distorsión en la presión y en los esfuerzos internacionales, que se centran en reclamar las actas con los resultados electorales del 28 de julio que el chavismo se niega a hacer públicas. Unos resultados seriamente cuestionados y sobre los que se ciernen sospechas fundadas de fraude. Desde la Unión Europea se vienen realizando importantes esfuerzos, unos públicos y otros soterrados (¡diplomacia!), para buscar una salida democrática para Venezuela sin caer en el mismo error de voluntarismo y precipitación que se cometió en el año 2019 reconociendo como presidente a Juan Guaidó (nadie es infalible: el Gobierno de España también cayó en el mismo error). Este tipo de iniciativas promovidas por el PP no hacen sino alejarse de la estrategia diplomática de la Unión Europea de la que nuestro país no puede ni debe ser ajeno. Ni los argumentos ni las intenciones del PP parecen contribuir a mejorar la delicada situación que vive Venezuela. Atacar a quienes como los gobiernos de Brasil y de Colombia promueven iniciativas de mediación para que Maduro reconozca su derrota, tal y como han hecho dirigentes populares, no es lo más inteligente si verdaderamente se busca ayudar al país latinoamericano. Sin embargo, no parece ser este el objetivo del PP, más empeñado en atacar al Gobierno de Pedro Sánchez, haga lo que haga, utilizando todos los elementos que estén a su alcance, sin importarle las consecuencias y contribuyendo al desprestigio de la política en España.
Por otro lado, el exilio del líder opositor es un capítulo más en la represión desatada por Nicolás Maduro, que persiste en su deriva autoritaria. Edmundo González Urrutia ha llegado a España, para formalizar el asilo que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha garantizado. La decisión se produce después de semanas de persecución por parte del régimen venezolano, tras imputarle a través del Ministerio Público cinco delitos: usurpación de funciones, falsificación de documento público, instigación a la desobediencia, conspiración y sabotaje. Formalmente, el fiscal ha abierto una investigación en contra del veterano diplomático por publicar en una web las actas recogidas por los testigos de la oposición durante las elecciones del pasado 28 de julio. Esas papeletas desmienten la versión oficial, que atribuye la victoria al actual presidente y otorgan, en cambio, un rotundo triunfo a su principal contrincante. Cabe recordar, constatando la arbitrariedad y el doble rasero seguidos en este caso, que la formación política en el poder, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo en 2013 lo mismo por lo que ahora persigue a su rival: publicar las papeletas en plena contienda por el voto con Henrique Capriles. Ante la comprometida situación en la que se encontraba González Urrutia, con una orden de arresto dictada por la Fiscalía, controlada por el Gobierno, éste, tras permanecer varios días escondido en un lugar secreto, decidió poner rumbo a España para recibir asilo político. Un exilio que no es el fin de nada. La presión internacional para que pare la represión va a continuar, así como la exigencia al chavismo de que muestre las pruebas verificables del resultado electoral.
El gesto de España, pese a lo que algunos voceros de la derecha puedan decir interesadamente, era el único camino viable para proteger la integridad del líder opositor. Este jueves ha sido recibido en la Moncloa por Pedro Sánchez, al que ha reconocido su trabajo por la democracia en Venezuela. El Gobierno no contempla por el momento reconocerlo como presidente electo. Como es lógico, quiere coordinar su postura con la Unión Europea y apurar los cuatro meses que quedan hasta el 10 de enero, cuando se producirá la investidura del próximo mandatario venezolano. El asilo del Gobierno español a Edmundo González ha descolocado al PP y ha puesto al descubierto sus contradicciones con Venezuela. El 2 de septiembre Isabel Díaz Ayuso pidió al Gobierno de España que diera asilo al candidato opositor venezolano, porque «lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar». El 10 de septiembre, tras la llegada de González Urrutia a España, Alberto Núñez Feijóo aseguró que “el señor Maduro está mucho más contento que ayer” y que “ha conseguido que quien ha ganado las elecciones esté fuera”. «No es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura», escribió en sus redes sociales Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP. «El Gobierno se cuelga medallas por traer a España al hombre equivocado», sentenció la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Como podemos apreciar, es difícil saber si el Partido Popular está satisfecho con que el Gobierno español haya dado asilo a González Urrutia, como ellos mismo llevaban pidiendo insistentemente.
González Urrutia ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que se mostraba «profundamente agradecido» con el Ejecutivo español por la acogida y la «protección». «Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento», manifestaba. Este comunicado arrincona aún más a un PP que ha visto como ha quedado trastocada su estrategia política de oposición al Gobierno de España, en la que Venezuela era uno de sus ejes. Todos estos giros y cambios de opinión de los principales dirigentes del PP ponen de manifiesto que en realidad no piensan en Venezuela ni en los venezolanos, ni por supuesto en la multitud de ciudadanos españoles que viven en el país caribeño, ni tan si quiera en todas las empresas españolas que tienen sedes e interés económicos en Venezuela, sino que sólo piensan en intentar desgastar al Gobierno de España. Tratan de hacer oposición usando como munición a Venezuela. Como decía hace unos días el ministro José Manuel Albares, “es innegable que para ayudar a Venezuela son mejores los hechos, como hace el Gobierno de España, que las palabras huecas de Feijóo o Ayuso”. Es muy lamentable observar que algunos parezcan más interesados en polarizar en torno a Venezuela que en buscar soluciones viables que verdaderamente ayuden a los venezolanos. No apoyan a Venezuela, se apoyan en Venezuela para tratar de conseguir sus propios objetivos.