El acceso a la vivienda es hoy en día un acuciante y creciente problema a nivel mundial, provocando la asfixia de las clases medias. Zonas antes asequibles se han encarecido alcanzando niveles insostenibles. Entre 2015 y 2024, los precios han aumentado un 54% en Estados Unidos, un 32% en China y casi un 15% en la Unión Europea (26% en España), según la OCDE. Pese a las medidas puestas en marcha para aumentar la oferta y regular los alquileres, su impacto hasta el momento ha sido limitado y el problema lejos de resolverse, se agudiza. En España el problema está alcanzando un punto crítico, marcado por un desajuste entre la oferta y la demanda. Según datos del Banco de España hacen falta 600.000 viviendas para equilibrar el mercado. Al año se construyen unas 90.000 viviendas, sin embargo, se crean 275.000 hogares y la demanda de no residentes es de 60.000. La situación se agrava con la demanda de segundas residencias. Además, la vivienda ha dejado de ser vista como un derecho básico y se ha convertido en una inversión financiera. La especulación favorece la construcción de pisos que permiten obtener mayores ganancias, mientras que la de casas de bajo coste, que son las más necesarias, queda desatendida. Los poderes públicos no han sido capaces de frenar las dinámicas especulativas del mercado. Esto, sumado a la falta de localización adecuada de viviendas vacías y su estado de conservación, ha contribuido a una creciente crisis de accesibilidad, afectando a las familias de ingresos medios y bajos. Está situación está impactando en otros aspectos de la sociedad. En España, los jóvenes son de los que más tarde se emancipan de Europa y la tasa de fertilidad también es de las más bajas del mundo, dos problemas que se arrastran desde hace tiempo, agravados por la escasez de vivienda. La tasa de hacinamiento (principalmente familias que no pueden permitirse vivir solas) no ha hecho más que crecer en la última década, el esfuerzo por alquilar o comprar es tan grande, que muchos hogares no pueden ahorrar o concentran todo su ahorro en la casa, lo que merma otras inversiones más productivas y reduce las opciones en tiempos de crisis. Desde 2015 el precio de compra en España ha subido un 42% según Eurostat, casi el doble que los salarios, y los alquileres se han disparado hasta el punto de que el 39% de los hogares en este régimen han de destinar más del 40% de sus ingresos a esa partida. Según el CIS, el 21,2% de los ciudadanos consideran el acceso a la vivienda como unos de los grandes problemas del país, ascendiendo hasta el segundo puesto.
Para combatir esta crisis, el Gobierno de España aprobó la Ley de Vivienda en mayo de 2023, una ley que tiene como objetivo aliviar la presión en el mercado del alquiler y mejorar la oferta de vivienda asequible. Esta ley y otras acciones del Gobierno de España actúan en los campos de la oferta, del precio y de la demanda. Por el lado del aseguramiento de la oferta, la ley blinda los parques públicos de vivienda, prohibiéndose la venta a fondos de inversión, y amplía las reservas de suelo a vivienda protegida, cuestión complementada posteriormente en julio, con los convenios que movilizarán un total de 6.000 millones de euros al sector a través del ICO para la construcción de más de 40.000 casas de alquiler asequible, que se deberán mantener bajo este régimen durante un mínimo de 50 años. Por el lado del precio, topa el precio máximo al que los caseros pueden actualizar la renta de sus inquilinos y permite a las comunidades autónomas declarar Zonas de Mercado Tensionado en sus territorios, es decir, áreas en las que existe un problema específico de acceso a la vivienda, especialmente porque se hayan disparado los precios, a fin de imponer restricciones a las rentas. Por el lado de la demanda, finalmente, el Ejecutivo aprobó el Bono Alquiler Joven, con una cuantía de 250 euros mensuales. El ministerio ha multiplicado por 8 el presupuesto destinado a vivienda y trabaja ya en un nuevo plan estatal de vivienda, más ambicioso y ajustado a las necesidades actuales del mercado inmobiliario. Por último, en el lado de la oferta, se ha comprometido a construir más de 180.000 viviendas de alquiler asequible.
Podemos definir la situación del acceso a la vivienda como de emergencia social para la que, tal y como coinciden expertos y responsables de las diferentes administraciones, con independencia del color político, no hay soluciones mágicas y llevará años enderezar el rumbo. Por ello es imprescindible que se movilicen todos los poderes públicos para aportar soluciones que ayuden a combatir este fenómeno. Frente a la actitud comprometida y activa del Gobierno de España, el principal partido de la oposición, el PP, no había demostrado hasta el momento ningún interés sobre el grave problema del acceso a la vivienda. Sin embargo, esta semana, los populares han presentado un plan de vivienda que rechaza cualquier intervención en un mercado claramente disfuncional y apuesta por mayor liberalización del suelo y por volver a implantar beneficios fiscales para incentivar la construcción. Ideas que recuerdan demasiado a las que hace 15 años provocaron la burbuja inmobiliaria que colapsó la economía española. Un plan, además, que equipara a los inquilinos que incumplen su contrato de alquiler con la ocupación, un fenómeno residual pero que tiende a ser manipulado de forma populista para agitar el miedo sin fundamento, en lo que parece ser un nuevo e indisimulado guiño a los postulados de Vox.
Parece que el PP de Feijóo trata con este plan de presentarse como una formación política sensible a los problemas de la calle. Sin embargo, esta pretendida voluntad de la dirección nacional choca frontalmente con las políticas que aplican sus gobiernos autonómicos y sus ayuntamientos, administraciones todas estas de quienes en buena medida dependen las competencias de vivienda. Allí donde gobierna el PP, las políticas para revertir el grave problema del acceso a la vivienda brillan por su ausencia. El mejor ejemplo de ello lo tenemos aquí mismo, en la Comunidad de Madrid, donde el 80% de los jóvenes menores de 30 años no se pueden emancipar. El Gobierno de Ayuso prometió hace 5 años que construiría 25.000 viviendas de alquiler y sólo ha entregado hasta el momento 427. También ha subido un 60% el precio de la vivienda pública y somos la comunidad autónoma que peor gestiona el Bono Joven Alquiler del Gobierno de España, con un retraso en el pago de más de un año. Por no hablar del boicot a la Ley de Vivienda del Gobierno de España, negándose a declarar zonas tensionadas en localidades como Rivas Vaciamadrid o Fuenlabrada, cuyos ayuntamientos lo solicitaron, impidiendo de este modo a los jóvenes y a las familias que se puedan limitar temporalmente las subidas del precio del alquiler. Además, Ayuso y su gobierno se han opuesto a todas y cada una de las medidas que desde la oposición se le han propuesto. ¿Qué razones han dado para rechazar medidas del Grupo Parlamentario Socialista como incrementar en 100 euros el Bono Joven de Alquiler, construir 25.000 viviendas públicas y dar ayudas directas de 300 euros mensuales a los adjudicatarios hasta que estén entregadas, o cambiar en la Comunidad de Madrid los años de protección de las viviendas públicas, pasando de los 15 actuales a indefinidamente para evitar la especulación y que así, lo que nace público, siga siendo público? Ninguna. La última vuelta de tuerca de los populares la hemos podido ver este jueves con el comunicado conjunto emitido por las 11 comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla) gobernadas por el Partido Popular, en el que defienden su decisión de no declarar Zonas de Mercado Tensionado en sus territorios y reivindican, por tanto, no intervenir en el precio del alquiler, una decisión que la Ley de Vivienda deja en manos de las comunidades autónomas porque son las competentes en la materia.
Es imprescindible encarar un problema tan urgente y de tanta envergadura como el del acceso a la vivienda con una actitud responsable y decidida de todos los partidos políticos. Son muchas las teclas que serán necesario tocar para dar con respuestas eficaces: aumentar de forma ágil la oferta de vivienda, regular los precios del alquiler para evitar subidas abusivas, poner coto a los pisos turísticos y penalizar fiscalmente las viviendas vacías que tengan un destino especulativo. También ordenar el alquiler de temporada para evitar que se use para burlar la ley, así como garantizar que no se vuelva a producir un expolio de lo público en manos de especuladores y fondos buitre. Los problemas no son de derechas ni de izquierdas, no tienen ideología, las soluciones sí. Tenemos la oportunidad de debatir y tratar de acordar, hagámoslo. La izquierda ha presentado ya toda una batería de propuestas, la derecha tiene que demostrar si de verdad está comprometida con un tema tan capital hoy en día en nuestra sociedad. Si es así, deberá plantear medidas que vayan más allá del obstruccionismo y de las fracasadas viejas recetas del pasado, hasta ahora sus únicas aportaciones al debate.