El pasado jueves, a propósito de una proposición no de ley presentada por Vox, tuvo lugar un debate en la Asamblea de Madrid sobre inmigración. El contenido del texto presentado, una vez más, pone de manifiesto la estrategia política de este grupo ultra de extensión del discurso del odio, caracterizado por la intolerancia, el racismo y la xenofobia. El texto, nauseabundo desde su exposición de motivos hasta su parte propositiva, trufado de bulos y mentiras, respondía a dos objetivos, infundir el miedo y propagar el odio. Sorprende que frente al enorme celo que cada semana demuestra la Mesa de la Asamblea de Madrid (no olvidemos que con mayoría del PP) a la hora de calificar y admitir las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios, ésta haya sido admitida a pesar de atentar contra el marco legislativo de la Comunidad de Madrid, de España, de la Unión Europea y hasta de la propia Declaración de los derechos de los niños de la ONU de 1959, en palabras del diputado del Grupo Parlamentario Popular que intervino en la proposición no de ley.
De nuevo pudimos apreciar a una extrema derecha, Vox, empeñada en criminalizar la inmigración, convirtiéndola en una amenaza y en un problema, con la indisimulada intención de captar votos. Los datos estadísticos constatan de manera fehaciente que la inmigración no es un problema en España. Ni siquiera lo es la inmigración irregular, la que más atención mediática recibe pero que supone un porcentaje muy minoritario respecto a la regular. Si se está convirtiendo en un problema social y político es por la percepción que los ciudadanos tienen, o más bien, les hacen tener algunos del fenómeno migratorio. La extrema derecha coloca un mensaje fácil y provocador y lo repiten hasta la saciedad a través de sus terminales mediáticos, y luego las redes sociales y la crispación de la población hacen el resto. Se están usando de forma salvaje las redes sociales y otras formas de comunicación como plataformas para promover la intolerancia. Los movimientos de extrema derecha están avanzando, y el discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas de carácter antidemocrático con una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías, los migrantes, los refugiados, las mujeres y todos aquellos etiquetados como “los otros”. Se trata de señalar a los más débiles, culpabilizarlos de cualquier situación y simplificar el discurso al máximo para sacar rédito político. La gente quiere soluciones rápidas y simples para explicar y modificar su realidad, y eso es lo que aprovechan estos partidos. Los Abascal y Alvise han introducido la idea de que se puede hablar abiertamente de esto, como si solamente tuviera que ver con la libertad de expresión y no con el ataque a los derechos de los demás. Por eso es fundamental combatir en todo momento a este discurso, plantarse frente a esa retórica incendiaria, por una cuestión de principios y de defensa de nuestros valores democráticos. El silencio puede ser una señal de indiferencia al fanatismo y la intolerancia.
El principal partido de la oposición, el PP, ante la creciente presión de Vox y ahora también de Se Acabó la Fiesta, se encuentra vacilante, sin saber muy bien donde situarse, sumido en un mar de dudas. Tan pronto Feijóo dice garantizar la solidaridad de las comunidades gobernadas por el PP con la acogida de menores inmigrantes llegados a Canarias, como acto seguido, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, imbuido de una especie de fiebre amnésica, sale a la palestra haciendo unas declaraciones que muy bien podrían llevar la firma de cualquier dirigente de Vox, donde agita sin el más mínimo pudor el miedo a la llegada de inmigrantes y pide el despliegue del Ejército en las costas africanas. Ya saben, el baile de la Yenka. Poco a poco vemos como son arrastrados hasta mimetizarse con la extrema derecha con el objetivo de neutralizarla electoralmente. Esta estrategia, sin embargo, como ya expuse hace unos meses, no suele funcionar. Al contrario, se corre el riesgo de normalizar las posiciones de la extrema derecha, haciéndolas más aceptables socialmente, lo que las acaba reforzando, convirtiéndolas en un mainstream social. La radicalización de posturas antiinmigración tiene además el efecto de colocar en el centro del debate público un tema especialmente rentable para las formaciones situadas en la derecha más extrema. Por más que el pasado jueves en el debate de la iniciativa de Vox en el Pleno de la Asamblea de Madrid el PP tratara de distanciarse radicalmente de Vox y denunciara con contundencia sus planteamientos y estrategias, sus apelaciones a la responsabilidad y a necesidad de políticas de Estado en materia de inmigración, viniendo de dónde vienen, carecen de credibilidad. Los tuits de Albiol o las declaraciones de los Tellado, Gamarra y Ayuso pesan demasiado. Por si eso no fuera suficiente, un día antes, en el Congreso de los Diputados, quedó patente lo poco que parece importarle al principal partido de la oposición una cuestión tan transcendental como es abordar de una manera ordenada y segura la llegada de inmigrantes. Comparecía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición del PP para hablar de su política migratoria. Pese a imponer el tema del Pleno, Alberto Núñez Feijóo dedicó su intervención en la tribuna a tratar de reflotar la maltrecha credibilidad de su partido tapando la incompetencia y desidia que habían cometido en la tramitación de la reforma legal sobre la convalidación de las condenas en el extranjero para cumplir con una norma de la Unión Europea. El Portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado, demostró una vez más su talla moral e indignidad al instrumentalizar nuevamente a las víctimas del terrorismo utilizando sus imágenes como arma arrojadiza y mancillando su memoria. Vergüenza democrática para quien actúa así.
El Gobierno, y particularmente el PSOE, por el contrario, viene defendiendo desde el principio una política en materia de inmigración clara y sin complejos frente a la extrema derecha, recordando que España es un país de migrantes y que nuestra sociedad es una sociedad de acogida, tolerante y solidaria. Todo ello sin perder de vista la necesidad de que no sólo España sino toda la UE tiene que recibir a inmigrantes para compensar la caída demográfica y sus implicaciones económicas y laborales. En su comparecencia, en el Congreso, Pedro Sánchez, además de hacer un recorrido por lo realizado en materia de inmigración en sus seis años de gobierno, reforzando el sistema de acogida e incrementado los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, realizó importantes anuncios para continuar progresando. Avanzó la aprobación de un plan nacional de integración y convivencia intercultural para tratar de garantizar a la vez la cohesión y la diversidad. Afirmó que el próximo mes llevará al Consejo de ministros, además de ese plan, el nuevo reglamento de extranjería y otras medidas, como la puesta en marcha de 6.000 plazas más de acogida y un nuevo programa de migración laboral. Además, solicitará a Bruselas el adelanto de la entrada en vigor del pacto europeo de migración y asilo para que sus herramientas en materia de control fronterizo y de reparto de migrantes comiencen a usarse en el verano del año 2025, y no en el de 2026 como está previsto. Toda una batería de iniciativas que contrastaron con el populismo de Vox y la nada del PP.
Un estudio del centro de análisis del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y la Fundación Europea de la Cultura advirtió recientemente sobre una “deriva peligrosa hacia una concepción étnica de la europeidad” alimentada con discursos xenófobos. El impacto de la ultraderecha es palpable en la creciente polarización ideológica de las opiniones, lo que dificulta un debate racional e imprescindible sobre la inmigración y su gestión. La polarización “congela” las opiniones al adscribirlas a una ideología y tiñe los argumentos de antemano de carga partidista. Este efecto divisorio es muy preocupante porque, como en otros terrenos de las políticas públicas, impide el debate racional y sereno. Las migraciones y la protección de menores son políticas de Estado y como tales deben abordarse con rigor y responsabilidad. Ningún Gobierno y ningún país por sí solos pueden gestionar un asunto que precisa de corresponsabilidad e inteligencia y no de las recetas demagógicas a las que cada vez se abona más la ultraderecha y a las que, desgraciadamente, se ve arrastrada la derecha. Termino como lo hizo el pasado miércoles el presidente del Gobierno: “los españoles somos hijos de la migración. No vamos a ser padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores puedan sentirse orgullosos. Y hagamos una política migratoria que garantice el futuro de sus nietos”. Ese es nuestro compromiso y el desafío que tenemos por delante.