No, no todos actuamos de igual manera. Permítanme que juntos desarrollemos esta idea. El Partido Popular, desde los tiempos de José María Aznar, ante la incapacidad de ganar unas elecciones por méritos propios convenciendo e ilusionando a una mayoría social, estableció una máxima en su manera de actuar y hacer política, aún vigente hoy en día: lo que no se puede ganar en las urnas, se gana en los tribunales. Y a ello se ocupan desde entonces con gran dedicación y empeño, sin desfallecer nunca ni desviarse de su objetivo. La estrategia seguida siempre es la misma, sumamente sencilla pero eficaz, consiste en judicializar la política y tratar de criminalizar a sus oponentes, para lo cual no se escatima en medios, siempre bien secundados por su nutrido ejército mediático de la bulosfera, que no tiene reparos en propagar, extender y amplificar toda suerte de engendros siempre que sirva para los intereses del pagador, ya sea lapidar en plaza pública a un rival político hasta destruirlo o bien tapando corruptelas de la derecha y desinformando a la opinión pública. Poco importa que de esta manera se ensucie la vida pública, se crispe a la sociedad hasta límites indeseables y peligrosos y se ponga en peligro la credibilidad de instituciones tan fundamentales como la justicia o la prensa libre. Lo único que importa es ganar, cueste lo que cueste, aunque para ello se lleven por delante la verdad y arrastren a nuestro país, al que tanto dicen querer y defender, a un lodazal de fango e intolerancia donde la convivencia sea impracticable. El linchamiento y la persecución que están sufriendo Pedro Sánchez y Begoña Gómez son una prueba inequívoca de cómo se han traspasado todos los límites inimaginables.
Esta semana el PP ha vuelto a seguir esa máxima suya al denunciar sin ningún fundamento al PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias y sostener que hay una corrupción sistematizada cuya cabeza es ni más ni menos que el Presidente del Gobierno. Confirma de esta manera lo que ya todos sospechábamos, que ha decidido realizar su labor de oposición desde los tribunales y los pseudomedios de comunicación, desistiendo de hacer política y de construir un proyecto de país con el que tratar de constituirse en alternativa de gobierno. Cuesta dar crédito a lo sucedido. Hace falta una osadía y una desvergüenza sin límites para presentar una querella contra el PSOE (coincidiendo encima con la condena a Zaplana a diez años de cárcel por las mordidas en los contratos de las ITV) por parte del PP, un partido con un interminable historial de casos de corrupción, al que la Audiencia Nacional ha condenado tres veces por beneficiarse de la red corrupta de la Gürtel. La primera resolución se emitió en 2018, cuando el tribunal falló en contra del PP por su implicación en la trama. Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo que confirmó penas de hasta 51 años de prisión para 29 acusados, así como la responsabilidad civil a título lucrativo del PP. También reiteró como probada la existencia de una ‘caja B’ en el seno del PP, una contabilidad paralela manuscrita que desveló el diario El País en 2013 a través de los papeles de Bárcenas. El extesorero del partido conservador registró las cuentas de pagos ilegales a la cúpula del PP e ingresos de dinero, no permitidos por la ley, por parte de decenas de grandes constructores entre 1990 y 2009. La segunda condena, aún pendiente de ratificación, llegó en 2021, cuando el tribunal consideró probado que el PP pagó en negro la obra de la sede del partido en Génova. Bárcenas fue condenado como responsable civil por lucrarse de la trama. La tercera ha sido por los negocios de la red en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Frente a estas tres sentencias que prueban inequívocamente la financiación ilegal de los populares, en la causa abierta al PSOE por la denuncia del PP por presunta financiación ilegal no se desprende ninguna evidencia de que llegara ningún dinero negro al PSOE. Ningún indicio, ninguna prueba, sólo insidias.
Además de las tres sentencias condenatorias al propio PP, la justicia ha probado como ciertas seis ramificaciones más en la trama Gürtel. Por otro lado, hasta treinta y nueve son las causas de todo tipo y condición que tiene abiertas ante la Justicia en estos momentos el Partido Popular por presunta corrupción vinculada a los suyos o a su entorno. Causas variopintas que van desde el caso de Alberto González Amador, Neverland, Kitchen, Guerra sucia contra Podemos, Gürtel, Púnica, Lezo, Tren de Móstoles, Tándem o Novo. De la A de Ayuso a la Z de Zaplana, la lista es exhaustiva.
Recordemos también que le están juzgando en los tribunales por presuntamente haber utilizado herramientas del Estado cuando estaba en el Gobierno para intentar tapar su propia corrupción. Hay un exministro del Interior, un exsecretario de Estado de Interior y una llamada policía patriótica procesados. El PP no tiene ninguna legitimidad en materia de corrupción. Si alguna vez la tuvo la perdió definitivamente el día que defenestraron a Pablo Casado en un extraño juego en el que se castiga al que denuncia la corrupción y se ampara al corrupto.
El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE se enfrentan desde hace unos meses a una causa grave de presunta corrupción a raíz de la detención de Koldo García. Cinco días después de dicha detención, entendiendo que había responsabilidades políticas muy claras, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE solicitó el acta de diputado al exministro José Luis Ábalos. Del mismo modo, se inició un expediente de expulsión, y fue suspendido de militancia. Por el contrario, el PP tardó casi cuatro años en tomar medidas disciplinarias contra Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1990 y 2009, que manejó una caja B alimentada por donaciones ilegales de empresarios contratistas de la administración pública. De hecho, lo mantuvo con el mayor sueldo dentro de la estructura del partido, secretaria, chófer y una sala en la sede nacional del partido donde podía guardar sus documentos. Es una diferencia muy clara de cómo se afrontan los casos de corrupción. El PSOE toma decisiones, se enfrenta con el problema. En cambio, el Partido Popular niega la mayor, esconde bajo la alfombra la suciedad y no tiene ningún remordimiento con ello. Desgraciadamente ningún partido político está libre de encontrarse con un caso de corrupción en sus filas. La única garantía para los ciudadanos es saber que éste, afecte a quien afecte, se afrontará con decisión.
El PSOE se rige por tres principios en todo lo que concierne a la corrupción política: la colaboración con la justicia, la transparencia y la asunción de responsabilidades. El caso Koldo, Aldama, Ábalos o como quieran llamarle habrá de esclarecerse hasta el final y caiga quien caiga. Que nadie tenga dudas que así se hará. En cambio, el sentimiento de impunidad seguirá campando a sus anchas en el PP mientras perdura en la memoria colectiva aquel mensaje del entonces presidente Rajoy “Luís, sé fuerte”.