“Todo esto tiene un objetivo político evidente: solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes y por esta razón, aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no contestar a sus preguntas tras cumplir con mi obligación de comparecer. Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio”. Estas fueron las breves pero acertadas declaraciones que realizó Begoña Gómez el pasado miércoles, acogiéndose a su derecho de no declarar, durante su comparecencia en esa especie de espectáculo-aquelarre travestido de comisión de investigación que el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez tratan de utilizar torticeramente, con la excusa de esclarecer un supuesto “trato de favor” en la relación de esta profesional con la Universidad Complutense. Es el penúltimo ejemplo de la mezquindad y falta de respeto a las instituciones en el que ha caído el PP (desgraciadamente el último ha sido el de Teresa Ribera, pero eso será objeto de otras líneas en el futuro), hasta el punto de convertir la Asamblea de Madrid en un circo mediático con el que pretendían, una vez más, linchar al presidente del Gobierno linchando a su mujer. Este empeño de los populares en poner el foco en la relación profesional de Begoña Gómez con la Universidad Complutense esconde en realidad el deseo de abrir una causa política contra Pedro Sánchez y contra el PSOE con el único objetivo de quebrantar cualquier acción política que se ejecute. Que se haya aprobado en la Asamblea de Madrid, al amparo de la mayoría absoluta del PP, la creación de esta comisión de investigación es un disparate. La misma Asamblea de Madrid donde se ha rechazado hasta en casi una decena de ocasiones la creación de una comisión para investigar el drama de los 7.291 fallecimientos producidos en las residencias madrileñas durante la pandemia, debido al bloqueo del PP.
Las comisiones de investigación, en nuestro país, adquieren rango constitucional a través de la vigente Constitución que en su artículo 76 reza así: “el Congreso y el Senado y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”. Por tanto, las comisiones parlamentarias de investigación son instrumentos de control político sobre asuntos de interés público de los que podrían derivarse responsabilidades políticas y constituyen uno de los medios más formales de control parlamentario sobre la política del Gobierno. Las comisiones de investigación están, pues, directamente conectadas con la función parlamentaria de control y deben concebirse como derechos de las minorías. Sin control judicial no hay estado de derecho, pero sin controles políticos no hay estado democrático. Y uno de los controles fundamentales aparte del electoral es el control parlamentario mediante el cual se fiscaliza de manera ordinaria y cotidiana la actuación del poder.
Pese a todo lo anterior, el Partido Popular, sin ningún tipo de escrúpulo, hace tiempo que decidió que las comisiones de investigación eran un elemento a extinguir, salvo cuando puedan amoldarse a sus intereses partidistas, dándoles por tanto otro tipo de uso y, por tanto, transgrediendo el espíritu y la literalidad de lo establecido en nuestra Carta Magna, convirtiéndose en un órgano al servicio de la mayoría cuando lo que debería pasar es que la minoría ejerciese su legítima labor de controlar al Gobierno. Es indignante que el partido que se jacta de ser el paladín de nuestra Constitución, en este tema, como en otros muchos, no tenga el más mínimo pudor en zarandearla contraviniéndola constantemente. Para los populares las comisiones de investigación son un espectáculo público con el que buscan obtener el mayor impacto mediático posible para debilitar a otros pidiendo responsabilidades en un ámbito político, pero a sabiendas de que jurídicamente no tiene implicación alguna.
El PP pretendía montar un espectáculo mediático fruto de esa obsesión y persecución constante que tiene con Pedro Sánchez. Muy esclarecedor en ese sentido fue el desempeño de la presidenta de la comisión, del Partido Popular, desvergonzadamente parcial, censurando a los portavoces de la izquierda y advirtiendo previamente que no se podían realizar preguntas que sean ajenas al objeto de la comisión para posteriormente permitir a la portavoz del PP, con una actitud desmedidamente inquisitorial, preguntar a Begoña Gómez sobre aspectos que nada tenían que ver, como el rescate de Air Europa. Mientras tanto, en la entrada del parlamento autonómico, la organización ultracatólica HazteOir, que ejerce la acusación popular contra ella, había ubicado una furgoneta con diversas imágenes de Gómez.
Sin embargo, las posteriores comparecencias en la comisión, también el miércoles, del rector de la Complutense, Joaquín Goyanes, y de la interventora del centro educativo, Elvira Gutiérrez-Vierna, echaron por tierra sus planes. Goyache fue tajante al negar cualquier trato de favor a Begoña Gómez en la Universidad Complutense por ser la esposa del presidente del Gobierno: “Desde luego que no”. “Todo fue absolutamente legal y regular”, llegó a decir sobre la creación de la cátedra. Ni hubo trato de favor, ni el de Gómez es un caso excepcional, ni la iniciativa de trabajar con la Complutense partió de ella, ni Sánchez estuvo en la reunión que mantuvo el rector con ella en La Monclo, ni era necesario que tuviera una titulación superior para desempeñar su labor. Sobre el informe de la propia Universidad que en 2023 no encontró irregularidades en la relación con la profesional, Goyeneche dijo: “Por supuesto que lo avalo”. Para Vox y el PP da igual lo que diga dicho informe. No importa que Gómez trabajara con la Complutense ya en 2012, cuando Sánchez no tenía ningún poder, pues no llegó a la secretaría general del PSOE hasta 2014, y a la presidencia del gobierno hasta 2018. Por su parte la interventora declaró sobre la contratación de servicios para consultoría estratégica: “Cumplió con los principios de transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de fondos públicos”. Se puede decir más alto, pero no más claro.
Tras este primer día de Comisión el PP ha decidido reducir de tres a uno su número de comparecientes para la nueva sesión del próximo día 20 de noviembre. Parece que han perdido de repente el interés en “esclarecer los hechos” y han puesto freno. La verdad y las evidencias se van abriendo paso y cada vez está más claro que no hay nada irregular. El juguete en esta ocasión le ha durado poco a Ayuso, se le ha desmoronado en apenas un día. Tendrá que inventar algo nuevo para tapar el escándalo de su pareja, los 7.291 muertos en las residencias, la imputación de su vicepresidenta en la Asamblea de Madrid y lo que más nos afecta en el día a día de los ciudadanos, su deficiente gestión, ausente de cualquier comprensión de los principios básicos de la democracia.
Begoña Gómez lleva desde abril en el centro de un huracán informativo y judicial que afecta por extensión al presidente del Gobierno. Ambos están sufriendo una campaña de denuncias judiciales, bulos y difamaciones sin precedentes en nuestro país. Por no hablar de la persecución a la que les está sometiendo el PP de Feijóo, que trata ahora de vestirse de campeón de la lucha contra la corrupción, sin recordar que es un partido condenado hasta tres veces por la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, una trama de corrupción masiva que anidó en el PP durante más de una década. La desfachatez y la mentira no tienen límites.