El movimiento independentista catalán ha sido uno de los fenómenos políticos más controvertidos y polarizantes en España desde el retorno de la democracia en 1978. Este artículo examina, desde una perspectiva actualizada a 2024, las raíces del conflicto, su evolución histórica y su impacto sociopolítico y económico en Cataluña y en el conjunto de España.
El referéndum del 1 de octubre de 2017: un punto de inflexión. El 1 de octubre de 2017 marcó un antes y un después en el independentismo catalán. Los sectores más radicales de esta ideología defendían que el referéndum, aunque declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, era de obligado cumplimiento. Sin embargo, se omite un aspecto crucial: el referéndum debe aplicarse al conjunto del cuerpo electoral español, y no solo a una región específica, como establece la Constitución Española de 1978. Este principio es fundamental no solo desde el punto de vista legal, sino también desde una perspectiva histórica: España no existiría sin Cataluña como parte integrante del Estado español, aunque Cataluña ostente, según la Constitución, la condición de «nacionalidad histórica», no la de nación soberana.
El problema de fondo radica en el intento independentista de redefinir el derecho a decidir, presentándolo como un derecho colectivo aplicable a una parte del territorio. Sin embargo, en una democracia moderna basada en el sufragio universal e igualdad entre ciudadanos, fraccionar el cuerpo electoral según criterios territoriales rompe con estos principios básicos y crea discriminaciones injustas.
El origen del problema autonómico: “Café para todos”. Durante la Transición, el modelo de Estado autonómico fue objeto de un intenso debate. Personalidades como Adolfo Suárez, presidente del Gobierno en aquellos años, optaron por un modelo de «café para todos», creando 17 comunidades autónomas. Esta decisión generó, a largo plazo, una serie de problemas estructurales: la multiplicación de estructuras administrativas, con costes económicos desorbitados. Yo entonces presidente del Comité nacional de organización de la UCD, me opuse a Adolfo on todas mis fuerzas, consiguiendo solamente mi dimisión.
Desde la creación del sistema autonómico, el número de funcionarios públicos ha crecido exponencialmente, pasando de aproximadamente un millón en 1977 a más de tres millones en 2017. Según datos oficiales, el coste de esta estructura alcanzó 122.171 millones de euros, convirtiéndose en uno de los mayores gastos del Estado español. A esto se suma la duplicidad de competencias, el mantenimiento de las antiguas diputaciones y el peso burocrático de las 17 «taifas».
Aunque el objetivo del modelo autonómico era satisfacer las demandas de descentralización de territorios históricos como Cataluña, País Vasco y Galicia, la proliferación de autonomías debilitó el sentido de unidad del Estado. Esto permitió que movimientos nacionalistas e independentistas encontraran un caldo de cultivo en regiones como Cataluña, donde el nacionalismo ha sido utilizado como herramienta política.
Los símbolos y la división social. Desde 2017, Cataluña ha vivido una auténtica «guerra de símbolos», que refleja la fractura social existente. Por un lado, el independentismo utiliza símbolos como los lazos amarillos, las cruces de Sant Jordi y la estelada para visibilizar su lucha. Por otro, sectores constitucionalistas respondieron con manifestaciones masivas, como la del 8 de octubre de 2017, cuando más de un millón de personas inundaron las calles de Barcelona con banderas españolas y cánticos de unidad nacional.
Este conflicto simbólico también afecta a la convivencia. Familias, amigos y compañeros de trabajo han visto sus relaciones deterioradas por las posiciones irreconciliables sobre la independencia. Cataluña, lejos de ser la Arcadia feliz que predican los líderes independentistas, sufre una polarización social sin precedentes en la historia reciente.
Además, el independentismo ha generado un éxodo empresarial sin precedentes. Desde el 1 de octubre de 2017, más de 4.000 empresas trasladaron sus sedes fiscales fuera de Cataluña, preocupadas por la inseguridad jurídica y económica. Este fenómeno tuvo un impacto negativo en la economía catalana, frenando la inversión y el crecimiento.
El supremacismo: una visión peligrosa del independentismo. Uno de los aspectos menos mencionados, pero más preocupantes del independentismo catalán, es su componente supremacista. Los líderes y defensores más radicales del procés han construido un discurso en el que Cataluña se presenta como una sociedad «superior» frente al resto de España. Este supremacismo se extiende también a territorios como las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, bajo el concepto de los ficticios Països Catalans.
Históricamente, Cataluña formó parte del Reino de Aragón como un condado más, al igual que Rosellón o Cerdaña. La unión matrimonial entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón fue el germen de la unificación de España, consolidada bajo la monarquía de los Reyes Católicos. Durante siglos, Cataluña convivió y prosperó dentro de este marco, contribuyendo a la creación del Imperio español.
El auge del catalanismo en el siglo XIX, con figuras como Valentí Almirall, fue un fenómeno vinculado a la crisis del republicanismo federal. Almirall fundó el Diari Català en 1879 y convocó el Primer Congreso Catalanista en 1880. Sin embargo, este catalanismo inicial era cultural y regionalista, muy lejos del separatismo actual.
Puigdemont, la amnistía y el desafío al Estado de derecho. En 2024, el papel de Carles Puigdemont, líder fugado del procés, sigue generando polémica. A pesar de las negociaciones políticas y la reciente ley de amnistía impulsada por el Gobierno central, Puigdemont continúa en el extranjero, evitando la justicia española. Esta situación refleja una debilidad del Estado de derecho en la aplicación de leyes fundamentales, como la euroorden de extradición, que otros países europeos han rechazado aplicar.
Una solución necesaria para España y Cataluña. La situación en Cataluña debe abordarse desde una perspectiva política, jurídica y social que garantice la unidad del Estado y la igualdad de todos los españoles. La Constitución de 1978 fue el fruto del consenso tras 40 años de dictadura, y su principio de soberanía nacional debe prevalecer frente a los intentos de fragmentación territorial.
Es imprescindible recuperar el diálogo sin ceder ante los sectores independentistas más radicales, que, basados en discursos populistas y supremacistas, han provocado una fractura social y económica en Cataluña. España, como nación histórica, debe afrontar este desafío defendiendo la legalidad y la convivencia.
El independentismo catalán, lejos de ofrecer una solución realista, perpetúa una utopía insostenible que solo perjudica a Cataluña y al conjunto de España. La historia, los datos económicos y el principio de igualdad entre ciudadanos demuestran que la unidad es la verdadera clave para el progreso y la estabilidad.