El pasado martes, coincidiendo con la celebración del Día Oficial de Recuerdo a todas las víctimas de la Guerra y la Dictadura que instauró la Ley de Memoria Democrática del año 2022 y que fue aplazado desde el pasado 31 de octubre debido a la devastadora DANA en Valencia, Pedro Sánchez anunció que el Gobierno organizará, con un comité científico y a través de un comisionado especial, más de un centenar de actos para conmemorar a lo largo del año que viene, medio siglo de libertad en nuestro país con la llegada de la democracia, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Bajo el lema “España en libertad”, el Ejecutivo desarrollará a partir del 8 de enero, un extenso programa de actividades culturales y eventos de diversa índole en nuestras calles, escuelas, universidades, museos, para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del general Francisco Franco y poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia. Muchas de las acciones se dirigirán a los jóvenes y buscarán llevar y explicar en los centros educativos la Segunda República y la dictadura y lo que esta implicó para los derechos y libertades. “Esta conmemoración va a tener un único objetivo: poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia y homenajear a las personas y colectivos que lo hicieron posible”, señaló Pedro Sánchez.
Las reacciones airadas y viscerales de la derecha y la ultraderecha han sido inmediatas, anticipando una nueva batalla ideológica. De nuevo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso encabezó el rechazo a una medida del Gobierno de España. A través de sus redes sociales dijo: “Pedro Sánchez ha enloquecido. Como su Gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal”. La batalla por la memoria histórica no es nueva. Durante este año que está a punto de terminar el Gobierno se ha empleado a fondo para combatir la ofensiva anti-memoria histórica de PP y Vox, contrarrestando el relato negacionista y oponiéndose a las llamadas «leyes de concordia» que PP y Vox aprobaron en varias comunidades autónomas, tras derogar las leyes de memoria autonómicas existentes, y que de manera premeditada evitan referirse a la represión franquista. El Ejecutivo Central recurrió al Tribunal Constitucional (TC) la ley de Aragón, la cual ha sido suspendida de manera cautelar por dicho tribunal de garantías el pasado mes de junio y está pendiente de una sentencia sobre su constitucionalidad, y está en negociaciones con la Comunidad Valenciana para llegar a un acuerdo previo a un posible nuevo recurso. En otros territorios como Illes Balears o Castilla y León recordemos que finalmente no se ha dado el paso que tenían previsto PP y Vox, al romperse los acuerdos de gobierno que tenían.
Resulta cuando menos preocupante como en nuestro país, cualquier apelación a la memoria histórica es recibida con aspavientos y chillidos desde las filas de la derecha. Algo que sucede con normalidad en todos los países europeos, con distintos ejemplos tanto desde la izquierda como desde la derecha, aquí en España algunos lo consideran un intento de enfrentar a los españoles. El recuerdo de un pasado oscurecido por una guerra civil siempre es doloroso y sensible políticamente. Lo más habitual es que se haga con décadas de retraso. Huir del pasado y tratar de enterrarlo bajo una forma de olvido no hace sino impedir avanzar a una sociedad, incapaz de desprenderse de una pesada losa. Cada país afronta sus demonios internos con dudas y obstáculos, pero al final se suele imponer la necesidad de hacerlo. Ahí tenemos el ejemplo de Alemania y su intento de reflexionar sobre las responsabilidades, no sólo personales, a cuenta del nazismo. Tardaron décadas en asumirlo con todas las consecuencias. Francia también ha tomado algunas iniciativas sobre la memoria histórica con relación a la guerra de Argelia. Bélgica lo ha hecho con la colonización criminal de Congo por el rey Leopoldo II. Incluso el rey Carlos III, en una cumbre reciente de la Commonwealth, se refirió al triste legado del colonialismo británico. Sin embargo, en España cualquier ejercicio de memoria histórica sobre el siglo XX es visto por la derecha como un intento de “reabrir las heridas del pasado” y “enfrentar a los españoles”, frases que se han repetido tantas veces hasta perder todo su sentido. Luego, nada de eso sucede y nadie se pregunta por qué.
El olvido es un rasgo normal en la naturaleza humana. Una reacción natural para protegerse. Pero olvidar el horror es incompatible con ciertos valores que relacionamos con la democracia. Para la derecha, la memoria es selectiva, solo coge aquello que le interesa. Con los asesinatos de ETA, sí insiste en no olvidar y en reconocer el papel de las víctimas del terrorismo. Eso es lógico y necesario. Pero con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco muestra una cerrazón inexplicable que raya en la comprensión y lo que es peor, en la complicidad. También resulta demasiado habitual encontrar ejemplos de cómo la derecha habla de vez en cuando de la Guerra Civil, pero sólo con la intención de propagar mentiras o distorsionar la realidad para reacomodarla a su gusto. El último ejemplo ha consistido en criticar al ministro Ernest Urtasun por decir que el poeta Miguel Hernández fue asesinado por el franquismo. No murió por las balas de un fusil, sino de tuberculosis en una prisión de Alicante, cierto es, pero después de pasar tres años por diversas cárceles en condiciones penosas, como tantos otros represaliados del franquismo, y no recibir el tratamiento médico que necesitaba en sus meses finales. Nadie entre las autoridades, por su militancia política, le auxilió ni le prestó asistencia sanitaria. Fue un asesinato por omisión y la razón de por qué lo dejaron morir fue su antifascismo. Decir otra cosa es una ofensa a la verdad. Sería como decir que Ana Frank no fue asesinada por los nazis, sino que simplemente falleció de muerte natural, lo cual, todos sabemos, es una repugnante mentira.
Este tipo de actitudes tan sesgadas desde el campo de la derecha, junto con el auge de la ultraderecha y la proliferación de discursos benevolentes, cuando no laudatorios, con el franquismo, incluso en sede parlamentaria, no hacen sino justificar plenamente todas y cada una de las iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno para combatir esta peligrosa involución. Es inaceptable que un diputado de Vox, Manuel Mariscal, pueda decir tranquilamente desde su escaño: “Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional”.
Quizás la “derecha democrática” de España, la misma que tanto ensalza los discursos del Rey y tanto dice respetar a la Monarquía, en ese permanente burdo intento de patrimonializar lo que es de todos, en esta ocasión debería prestar especial atención a la intervención de Felipe VI el pasado miércoles en la Cámara de Diputados de Italia ante ambas cámaras del Parlamento. Durante su discurso, el Monarca destacó los valores democráticos y la importancia de aprender del pasado, dejando claro que no conviene hacer experimentos probando las ideas que condujeron a las dictaduras de Mussolini y Franco. Felipe VI, en una clara apelación a la memoria histórica, afirmó que “somos dos países con memoria, con una clara conciencia del pasado, en particular del que no puede ni debe repetirse, ni siquiera como caricatura”. Que se lo apliquen.