El nuevo año que iniciamos viene marcado en el ámbito internacional por todas las incertidumbres ya conocidas derivadas de la guerra en Ucrania, de la crisis en Oriente Próximo con Gaza y Líbano como principales piedras de toque, agravada con la nueva situación de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, y, como no podía ser de otra forma, de la nueva presidencia de Donald Trump, personaje controvertido, caprichoso, errático y ante todo disruptivo. ¿Y que podemos esperar en este año 2025 para España? No cabe duda de que el contexto internacional antes mencionado nos condicionará en cierta medida, pero hay una serie de aspectos que a mi juicio constituyen importantes retos para nuestro país en el año que iniciamos.
La economía española ha tenido un año 2024 sobresaliente, siendo la de mejor comportamiento de toda la OCDE, superando con creces todas las previsiones. Con Alemania estancada y Francia acorralada por las incertidumbres, nuestro país se reivindica como la locomotora de Europa, aportando el 40% del crecimiento económico de la eurozona. El crecimiento del PIB, en torno al 3%, está muy por encima de lo que se esperaba a principios de año. La tasa de paro del tercer trimestre se situó en el 11,2%, el nivel más bajo de los últimos 16 años. El déficit cerrará en el 3%, completando una reducción de siete puntos del PIB desde 2020, la más rápida de la historia. Contradiciendo los discursos catastrofistas que tanto abundan, el Eurobarómetro de noviembre indica que el 88% de los españoles están satisfechos con su vida diaria. Continuar esta senda de crecimiento económico y creación de empleo de calidad es una prioridad para el Gobierno de España. Fortalecer un modelo económico que va mucho más allá de las cifras, llegando directamente a las familias y a los negocios, mejorando la vida de la gente, buscando un presente y un futuro mejor para todos y todas. Todos los indicadores y proyecciones de los diferentes organismos nacionales e internacionales apuntan a un crecimiento fuertes y robusto para el 2025, muy por encima del 2%. La aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado serían la guinda para asegurar el mantenimiento del ciclo virtuoso de nuestra economía, plasmando en partidas presupuestarias los grandes objetivos económicos para España. Para ello el Gobierno está trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo que garantice la mayoría parlamentaria necesaria.
El Eurobarómetro indica que la principal preocupación de los españoles es la vivienda, con capacidad para engullir cualquier mejora del poder adquisitivo de los hogares. La imparable carestía de la vivienda es el gran desafío pendiente. El asunto viene de largo, pero el año que dejamos atrás ha sido el de la eclosión de un malestar larvado durante mucho tiempo. Grandes manifestaciones han recorrido las ciudades españolas con la idea de que encontrar casa es cada vez más difícil para más gente. Durante el 2025 el Gobierno de España se ha comprometido a desplegar una política de vivienda «ambiciosa» y «social», que no enfrente a propietarios con inquilinos y que aborde soluciones a corto, medio y largo plazo. El anuncio del presidente del Gobierno de la creación de una gran empresa pública de vivienda que movilice de manera eficiente todo el inventario y recursos públicos disponibles es la primera de otras muchas medidas que irán implementándose en los próximos meses. El reto es claro, levantar el quinto pilar del Estado de Bienestar: el derecho a la vivienda digna.
Mientras los eventos meteorológicos extremos se vuelven más intensos y frecuentes, los populismos negacionistas avanzan por todo el mundo, particularmente en Europa. También en España, no sólo por Vox sino también por la actitud del PP, contagiado de las políticas de la extrema derecha. Cuando despertemos en 2025, la crisis climática seguirá aquí. El cambio climático no es solo una historia de temperaturas medias que marcan récords, sino de una atmósfera y unos mares que acumulan más energía al estar más calientes. Esto hace que los fenómenos meteorológicos extremos (como la gota fría que ha puesto tristemente en jaque a Valencia, la peor riada de este siglo en España) sean más frecuentes y que, cuando ocurren, también sean más intensos. El año que vamos a empezar tiene que ser el año de la lucha contra el calentamiento. Lo sucedido en Valencia tiene que concienciarnos de que la crisis climática no es una invención de la izquierda, existe, está ahí, causa graves daños y desgraciadamente se lleva vidas por delante. Es preciso profundizar en las directrices marcadas por el Acuerdo de París y desarrollar plenamente el ambicioso Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 para evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes.
Una de las principales amenazas que se cierne sobre la democracia es la desinformación. Asistimos a campañas interesadas promovidas por sectores con intereses concretos que buscan generar miedo y desconfianza hacia las instituciones porque ese es el caldo de cultivo para el crecimiento de posiciones políticas radicales que, a su vez, cuestionan los valores mismos sobre los que se asienta la convivencia y la paz social en una democracia. “La idea clave es: miente, polariza. Crea un repositorio de noticias. Explota cualquier agravio y resentimiento preexistente. Haz que todo sea si no estás conmigo estás contra mí. En ese entorno, se puede vender una versión alternativa de la realidad, aunque no haya ni una prueba que la respalde y una montaña de pruebas que sugieren que no es cierta”. Así sintetiza el modus operandi de la industria de la desinformación el investigador del Centro de Filosofía e Historia de la Universidad de Boston Lee C. McIntyre. Desgraciadamente España no es una excepción a este fenómeno. La extrema derecha está siguiendo una eficaz estrategia para la consecución de sus objetivos políticos, con la inestimable colaboración de la derecha tradicional del PP, que ha decidido subirse al mismo tren del uso del bulo y la desinformación como principales herramientas de su acción política. Ahí tenemos a Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez como máximos exponentes de su partido, a los que parece haber decidido unirse el propio Núñez Feijóo, ese curioso personaje salido de Galicia, con fama de moderado y hombre de Estado, al que tanto lo uno como lo otro le han durado menos que lo que dura una bolsa de caramelos en la puerta de un colegio. Lo advirtió a principios de diciembre Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk: el año que termina hemos vivido “un tsunami de desinformación en todo tipo de plataformas, incluidas las redes sociales”. En el entorno europeo, Bruselas acelera la producción legislativa en su contra. La Ley europea de libertad de medios, muchas de cuyas medidas se incluyen en el Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno español, será de obligado cumplimiento en los Estados miembros a partir de agosto de 2025. Ya operan la Ley de Servicios Digitales y el Código Europeo de Buenas Prácticas en Materia de Desinformación. La batalla contra desinformación será dura, pero es indispensable si queremos preservar nuestra democracia.
En un año sin elecciones, la atención estará en los tribunales en 2025. Poco importa el resultado de una acusación o querella: el objetivo es mantener un constante clima de tensión. No dar respiro. Construir una imagen de corrupción generalizada. La agenda política de España ha pasado de estar marcada por las citas con las urnas a estar marcada por las citas con los tribunales. El país vive un intenso proceso de judicialización de la política, con la derecha entregada al devenir de sumarios e investigaciones. PP y Vox, ante su incapacidad para hacer oposición en las instituciones y su insolvencia para presentar una alternativa de gobierno, han decidido fiarlo todo a una estrategia basada en la apertura, desarrollo y exageración de causas contra el Ejecutivo y su entorno. Como admitió el portavoz en el Congreso del PP, Miguel Tellado: “Nuestra obligación es acabar con este Gobierno lo antes posible y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance […] Presentar una querella es la forma de actuar. Aquí, como diría el expresidente José María Aznar: ‘El que pueda hacer algo, que lo haga”. Esta forma de hacer política miserable y de bajos vuelos, consistente en impulsar acciones a sabiendas de que van a quedar en nada, sin importar el daño personal que se haga, envilece la política a niveles del subsuelo. No hay mejor ejemplo que la querella que el PP presentó en la Audiencia Nacional contra el PSOE por supuesta financiación irregular basada solo en dos testimonios anónimos publicados en una web. El juez Santiago Pedraz apenas tardó siete días en darle carpetazo al comprobar, incluso, la existencia de contradicciones en las versiones de esos denunciantes sin nombre. Cuando las sociedades se tensionan hasta alcanzar niveles en los que las opciones políticas dejan de tenerse un respeto, dando paso al “todo vale”, y la política deja de ser un lugar de encuentro y entendimiento para convertirse en un lugar de conflicto permanente, ¿quién gana ahí? Hagámonos esa pregunta y tratemos de responderla con sinceridad. Quizás a partir de esa respuesta podamos empezar a comprender algunas cosas que están sucediendo en España y podamos empezar a poner límites a tanta sin razón.