Leer bien la realidad y dar soluciones a los problemas que afectan a los ciudadanos es el gran reto de todos los partidos de tradición democrática. Sin embargo, esta función primordial de las organizaciones políticas se está viendo seriamente obstaculizada en España por la falta de una mayoría parlamentaria sólida en las Cortes, fenómeno que se repite en numerosos países de la Unión Europea. Esta ausencia de una mayoría estable obedece no solamente a la fragmentación parlamentaria resultante de las elecciones del 23 de julio de 2023, sino también, en buena medida, a la actitud demagoga e irresponsable de Junts, incapaz de entender que frente a la legítima defensa de sus postulados políticos hay una mayoría social en España y en Cataluña que demanda acuerdos en las instituciones para dar soluciones realistas a los problemas.
La nueva dirección de Junts salida de su reciente congreso tenía como reto más inmediato propiciar una redefinición de sus objetivos y estrategias desde el estudio detallado de la realidad catalana de 2024. Un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad que, sin embargo, hasta el momento, no han sido capaces de ver. Lejos de entender el momento político en el que se encuentra nuestro país y el papel que les corresponde, asumiendo sus responsabilidades, los principales dirigentes de Junts siguen instalados en la demagogia y en la militancia antisistema, incapaces de implicarse en la gobernabilidad y priorizar así el establecimiento de políticas que beneficien al conjunto de la ciudadanía, obligando de esta forma al Gobierno a fajarse en la gestión cotidiana y a lidiar con la actitud caprichosa e irracional de los de Puigdemont.
La legislatura está de nuevo pendiente de una negociación in extremis entre el Gobierno y Junts, esta vez a cuenta de la decisión de la Mesa del Congreso de la admisión o no a trámite de la proposición no de ley del partido independentista en la que pide que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza, algo que solo puede promover el jefe del Ejecutivo, según dicta la Constitución. Con esta proposición no de ley solo se puede instar, si fuese aceptada, a que sea el jefe del Gobierno el que asuma esa reclamación de la cuestión de confianza, en principio sin más consecuencias. El debate técnico, jurídico y político es precisamente sobre hasta qué punto asumir esa propuesta tendría consecuencias y vinculaciones obligatorias para el presidente para aceptar ese debate, pero también sobre si ese hecho pudiera suponer en realidad ya un cierto cuestionamiento de la propia labor del presidente. Los letrados del Congreso asumieron en un informe interno el pasado diciembre que existía base jurídica tanto para tramitar como para vetar la iniciativa de Junts, siempre con la salvedad de que su hipotética aprobación no sería vinculante para el presidente.
La presentación y posible aprobación o rechazo de una cuestión de confianza no es un asunto menor, sin consecuencias políticas para el Gobierno y su presidente. El artículo 112 de la Constitución refleja cómo debe articularse y en teoría por quién: “El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de esta la mayoría simple de los Diputados”. El artículo 114 específica: “Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99”.
El partido de Puigdemont exige que el Congreso vote su iniciativa porque entiende que su relación con el Gobierno de Sánchez no pasa por un buen momento y porque cree que no se han cumplido algunos de los compromisos adquiridos hace un año en el acuerdo de investidura. Junts insiste en exigir que se admita a trámite la iniciativa, pero señala en privado que después podría incluso retirarla y que no llegue a votarse si culminan con éxito las negociaciones que tiene en marcha con el Gobierno. Estamos hablando de un planteamiento inasumible, de una iniciativa completamente extemporánea y fuera de lugar que supone simple y llanamente una exhibición de poder sin sentido de Puigdemont, un trágala inaceptable.
El Partido Popular no ha desaprovechado la ocasión para disparar contra el Gobierno, subrayando la debilidad de sus apoyos parlamentarios, y ha flirteado, nuevamente, con la posibilidad de plantear una eventual moción de censura conjunta, en esa deriva de disociación de la personalidad en la que hace mucho que cayeron. Por la mañana coquetean con los independentistas y por la tarde les tratan de criminales a los que hay que meter en la cárcel.
La política española es en estos momentos víctima del tactismo y la demagogia de Junts, pero también de la ausencia de una oposición ordenada y responsable, con sentido de Estado, que se proyecte como alternativa viable. Cada día vemos a un Partido Popular profundamente irresponsable, sin rumbo, sin ideas y sin proyecto de país, instalado en la oposición más dura e intransigente, incapaz de elaborar o presentar ningún tipo de propuesta y utilizando toda suerte de insultos y bulos. Los populares no han sabido distanciarse de Vox, en parte porque no quieren dejar un flanco muy sensible para el electorado más conservador, pero también por su obsesión de derribar al Ejecutivo de Pedro Sánchez sea como sea. El desgaste de los valores constitucionales derivado de dinámicas polarizadoras y discursos excluyentes que día tras día practica la derecha de nuestro país no es la mejor manera de contribuir al fortalecimiento de la convivencia y, por ende, de nuestra democracia, esa que tanto dicen querer y defender, pero a la que, sin embargo, no dejan de debilitar y degradar, con la ayuda inestimable del independentismo catalán, en una suerte de unión temporal de intereses de dudosa utilidad para España y los españoles.